El anuncio del presidente Alberto Fernández de que en diciembre enviará al Congreso un “programa económico plurianual para el desarrollo sustentable” puso en el centro de la agenda oficial alcanzar un acuerdo con el FMI para refinanciar USD 42.300 millones de deuda pendiente del crédito otorgado por el Fondo en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Aunque esperado, el anuncio no deja de provocar perplejidad, por al menos dos motivos.
El primero es que suena a poco cuando transcurrieron ya 20 meses desde las primeras reuniones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo con funcionarios del organismo, a quienes vio en repetidas ocasiones, así como a la directora-gerente del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva.
La aprobación parlamentaria de un acuerdo que la contraparte negociadora y la oposición desconocen es un misterio
El segundo es que el Presidente procure la aprobación parlamentaria de una oposición electoralmente agrandada a la que endilga casi todos los males y problemas de la Argentina en los últimos dos años, período en que los pagos de deuda fueron en verdad menores a los que el gobierno precedente enfrentó en idéntico período. Con los acreedores privados, Guzmán pateó vencimientos hasta después de 2024. Y los pagos al FMI fueron menores a los fondos que el propio organismo acreditó en agosto pasado al país, en virtud de una emisión de liquidez equivalente a USD 650.000 millones.
El tiempo no para
El tiempo transcurrido no fue neutral. La economía está en peores condiciones que cuando el Gobierno asumió: menos reservas brutas y casi inexistentes reservas netas en el Banco Central, más déficit fiscal, más emisión de pesos que nadie quiere retener, una inflación superior al 50% anual (más un margen importante de “inflación reprimida”), un dólar que cuesta el triple que en diciembre de 2019, una brecha cambiaria del 100% y expectativas económicas negativas, sobre un fondo social de más del 40% de pobreza, ingresos deteriorados y más alto desempleo.
La aprobación parlamentaria de un acuerdo que la contraparte negociadora y la oposición desconocen es un misterio, más si se tiene en cuenta que el Presidente dijo en su discurso: “es necesario seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto”.
Es dudoso, en primer lugar, que el Gobierno haya iniciado ese camino. Y aún más, que pueda recorrerlo sin recortar algunas partidas del gasto público. ¿Acaso los subsidios o las transferencias a las empresas públicas son intocables? Sin algún tipo de ajuste fiscal, es impensable un acuerdo con el Fondo, salvo que el Gobierno piense en aumentar impuestos y desalentar aún más la inversión y la actividad productiva del sector privado, algo incompatible con “la creación de empleo” a la que hizo referencia el discurso presidencial.
Sin algún tipo de ajuste fiscal, es impensable un acuerdo con el Fondo, salvo que el Gobierno piense en aumentar impuestos y desalentar aún más la inversión y la actividad productiva del sector privado
Fuente oficiales reconocieron a Infobae que el anuncio de anoche no implica que la negociación con el Fondo esté cerrada. Lo que se enviará al proyecto será una suerte de puesta al día del ida y vuelta de las conversaciones con el organismo. Suerte de “presupuestos mínimos” de un futuro entendimiento.
Decisión política
El Presidente también dijo que el plan que enviará al Congreso “es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos” y que “ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras”. Si así fuera, lo podrían aprobar antes del recambio legislativo, con los votos y las alianzas que la coalición oficialista aún tiene en ambas cámaras.
Habrá que ver, a partir de hoy, si es que el Fondo emite alguna señal. Hasta ahora, sus palabras y sus gestos fueron inequívocos: quieren conocer qué quiere hacer el Gobierno, algo que Guzmán no les ha dicho en más de 20 meses de conversaciones en las que los funcionarios del organismo se cansaron de que el gobierno los use de punching-ball para ajustar cuentas políticas con la oposición y, en particular, de las críticas al monto del crédito de 2018, aprobado por el directorio del organismo.
Habrá que ver, a partir de hoy, si es que el Fondo emite alguna señal. Hasta ahora, sus palabras y sus gestos fueron inequívocos: quieren conocer qué quiere hacer el Gobierno
Niegan también que el Fondo exija aprobación legislativa. Lo que pretenden es el consenso interno del propio Gobierno. Tienen presente, por ejemplo, la carta recriminatoria que un grupo de senadores K envió a Georgieva y la acusación de Cristina Kirchner de que el FMI violó sus propios estatutos. De la oposición lo que esperan es que no trabe las leyes necesarias para la gestión de gobierno, como el presupuesto. Pero fue el oficialismo legislativo el que todavía no trató el proyecto de presupuesto 2022 que Guzmán envió hace dos meses a Diputados.
Lo cierto, en todo caso, es que el tiempo para un acuerdo se está agotando. El propio gobierno lo marcó cuando, en junio, postergó hasta el 31 de marzo de 2022 pagos al Club de París, a condición de un acuerdo con el Fondo. Sin éste, un Gobierno ya sin acceso al crédito privado internacional y que financia el gasto público a puro impuesto, emisión e inflación, perderá también el crédito externo público (Banco Mundial, BID, Corporación de Fomento, garantías o créditos bilaterales). Ya no hay margen para seguir ocultando las cartas.
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