Un estudio con datos de más de 160 países compara el deterioro argentino con el caso “patológico” de Venezuela

Un estudio que relacionó cuatro conjuntos de indicadores institucionales con el crecimiento del PBI de 161 naciones confirmó que la calidad de las instituciones políticas y judiciales y el grado de transparencia determinan en fortísima medida el desempeño económico de los países.

Los indicadores dan cuenta del retraso relativo de la Argentina, tanto a nivel mundial como regional, al punto de que para un subgrupo de 21 naciones latinoamericanas, en los últimos 25 años la Argentina y Venezuela destacan como casos especiales de empobrecimiento, aunque en grado diferente.

El trabajo fue publicado por el Centro de Estudios para el Cambio Estructural y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Los autores consideran el de Venezuela como caso “patológico” y “paradigma de destrucción institucional y de ingresos”.

“El deterioro de la calidad institucional está altamente correlacionado con procesos de estancamiento y destrucción de ingreso cuando se analiza el largo plazo”, concluyen Marcos Ochoa y Maximiliano Albornoz, economistas de la UNLP y de la UBA, respectivamente. “Venezuela, con uno de los deterioros institucionales más grandes del mundo en los últimos 25 años destruyó su PBI per cápita en un 71% (4,8% promedio anual), mientras que Argentina apenas creció 8,5% (0,3% anual, casi cero)”.

Ochoa y Albornoz (el primero, también Magister en Finanzas de la Ucema, y ambos, docentes de la UNLZ) destacan las “condiciones iniciales” del período analizado (1996-2020). La Argentina, observan, tenía una “ventaja institucional”, que ya agotó, por lo que “en caso de que continúe el deterioro de sus instituciones, el impacto en el PBI per cápita es muy probable que se acelere en el corto plazo”.

Los autores se apoyan en la obra de Douglass North y Oliver Williamson (premios Nobel de Economía 1993 y 2009, respectivamente) y en Daron Acemoglu y James Robinson, autores del libro “Por qué fracasan los países”, publicado en 2010.

Según North, “las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana (…) estructuran incentivos en el intercambio, sea político, social o económico”, determinando así el desempeño económico a largo plazo.

De hecho, datos del Banco Mundial sobre la evolución del PBI per cápita entre 1980 y 2020 también muestran la vecindad de desempeño entre Venezuela y la Argentina, como puede observarse en el gráfico de arriba. Además, otro estudio del organismo precisó que, de un conjunto de 104 países, la Argentina fue, entre 1950 y 2020, el que más tiempo pasó en recesión. Y que entre 1960 y 2020 tuvo una tasa de inflación promedio (arimético) del 64,1% anual, contra 41,3% de América Latina, 20,2% de los países agrupados como “nuevos ricos” y 4,9% de los socios de la OCDE.

Instituciones y cambio

El “cambio institucional” es definido como el modo en que, con limitaciones informales y normas formales, las sociedades resuelven problemas específicos y evolucionan. A su vez, Acemoglu y Robinson definen como “instituciones inclusivas” aquellas donde la mayoría tiene acceso a educación de calidad y las empresas son capaces de promover tecnología y capacidad productiva. Las “instituciones extractivas” o “de tipo Leviatán” caracterizan en cambio a los países atrapados en círculos viciosos de pobreza y bajo crecimiento. “Si el marco institucional premia la piratería, surgirán organizaciones piratas; y si recompensa las actividades productivas, surgirán empresas”, dice un pasaje del estudio, basado en las siguientes fuentes:

1 - Indicadores de Gobernanza Mundial (Worlwide Governance Indicators) del Banco Mundial para el período 1996-2020, de los cuales toman 4 (control de la corrupción, calidad regulatoria, vigencia del derecho y voz y rendición de cuentas) para 179 países y elaboran el “Índice de Calidad Institucional Banco” (ICIB)

2 - Índice de Percepción de la Corrupción, que en base a encuestas entre empresarios y especialistas por temas y países publicó desde 1995 la organización Transparencia Internacional. Ochoa y Albornoz tienen en cuenta un cambio de metodología ocurrido en 2012 y toman los datos de 129 países, en base a los cuales confeccionan el Índice de Calidad Institucional Transparencia (ICIT).

3 - Índice de Vigencia del Estado de Derecho (Rule of Law Index) del “World Justice Project”, en base a encuestas a 110.000 hogares y 3.000 expertos de todo el mundo. Es una serie más corta, desde 2012, que abarca hasta 123 países en 8 dimensiones diferentes, en base los cuales construyen el Índice de Calidad Institucional Justicia (ICIJ).

4 - Indicadores de democracia y variabilidad democrática de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y Notre Dame (Países Bajos), que miden estándares democráticos y hasta qué punto las respuestas oficiales significaron un retroceso de los derechos civiles y la democracia en 144 países del mundo a partir de la pandemia de coronavirus.

El gráfico de barras precedente describe el puntaje promedio de los 21 países latinoamericanos en el ranking de “Calidad Institucional” del período 1996-2020. Chile y Uruguay son las naciones con mejores indicadores, y Ecuador, Honduras, Paraguay, Cuba y Venezuela las peores. La Argentina se sitúa en la undécima posición, pero con un puntaje más cercano a Guyana y El Salvador que a Chile y Uruguay. Además, destacan los autores, más allá del promedio del período, salvo breves momentos el deterioro de la calidad institucional en la Argentina ocurrió a un ritmo mayor que el de la región.

Transparencia y retroceso pandémico

En materia de transparencia, la Argentina se ubica por debajo del promedio latinoamericano entre 2003 y 2016, invierte posiciones hasta 2019 y vuelve a caer por debajo de la región en 2020. En cuanto a Justicia, tanto el país como la región parten en 2012 de bajos niveles. La región mantiene un persistente deterioro, que la Argentina, según los índices, evita entre 2016 y 2019, pero vuelve a caer desde 2020.

Aunque no se integran a la elaboración general, los índices de nivel y retroceso (backsliding) democrático durante la pandemia arrojan muy malos resultados para la Argentina. Entre los 144 países relevados por los departamentos de Ciencia Política de las Universidades de Gotemburgo y Notre Dame, la Argentina se ubica a nivel general en la décima peor posición, detrás de China, Sri Lanka, Venezuela, Arabia Saudita, Serbia, Uganda, El Salvador, Myanmar y Turquía. Y en cuanto al “retroceso” de derechos civiles como consecuencia de la respuesta oficial a la pandemia, aparece como el segundo peor de los países considerados, solo detrás de Sri Lanka.

“Argentina ha sido de los países con mayores restricciones a las libertades y derechos fundamentales del mundo producto de las medidas de emergencia debido a la pandemia de Covid19″, escriben al respecto los autores. Estos resultados, afirman “no son una causalidad estadística, sino que están dentro del patrón institucional desarrollado desde el comienzo del siglo XXI”.

La relación con el PBI

En base a los datos relevados, Ochoa y Albornoz construyen índices homogéneos (valores de 0 a 30 delatan una institucionalidad “mala”, de 30 a 50 “baja”, de 50 a 70 “media” y de 70 a 100 “alta”) y los cotejan con la evolución del PBI per cápita de cada país en base a los datos de PBI por habitante en dólares “a paridad de poder adquisitivo” del FMI, lo que les permite confirmar la “hipótesis institucionalista”: a mejores instituciones, mejor evolución del ingreso.

Considerando los 161 países, observan dos grupos de naciones. Uno de los Estados con calidad institucional mala, baja y media y PBI per cápita de hasta USD 20.000, y otro con índices por encima de 70 e ingresos superiores a USD 20.000. Las instituciones, notan, “le impondrían techo a la posibilidad de crecimiento en el largo plazo”.

No llama la atención que los países de mejores instituciones y PBI por habitante sean Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, en tanto que al fondo de la tabla aparecen (de abajo hacia arriba) Turkmenistán, Guinea Ecuatorial, Sudán, Uzbekistán y Libia. En Latinoamérica, los países mejor posicionados son Chile (19), Uruguay (34) y Costa Rica (41) y los peores Honduras (122), Paraguay (123), Ecuador (125), Haití (145) y Venezuela (146). La Argentina se ubicó en el puesto 88 y en el 64 se ubicó Brasil.

“Además de una relación directa entre las variables, se aprecia que, a mayor calidad institucional, el crecimiento del ingreso se acelera”, dicen los autores. Del caso argentino destacan que si bien en los últimos 25 años mantuvo su PBI per cápita, punta contra punta, más o menos estable, sufrió “un fuerte deterioro de la calidad institucional” por lo que –observan- “es esperable que, con estos niveles en el futuro, continúe y se profundice el impacto negativo sobre el desempeño económico”.

De allí surgen las comparaciones con el caso “patológico” de Venezuela, de quien el trabajo resalta que “es difícil encontrar en la historia del crecimiento económico moderno, países que experimenten tales desastres en tan poco tiempo (en África, Libia es otro caso extremo)”. Al respecto, citan la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello que precisa que en 2020 la pobreza abarco al 94% de la población venezolana y la indigencia al 67% de las personas, contra 45 y 19% respectivamente, dos décadas atrás.

Como ejemplos positivos se cita los de Colombia y Uruguay, que a partir de mejoras de calidad institucional mejoraron su ingreso por habitante: en dos décadas; Colombia 46% y Uruguay 52%, mientras en la Argentina el aumento fue de 9 por ciento.

Los autores reconocen que, con una calidad institucional muy inferior, la Argentina tiene un PBI per cápita similar a Uruguay. Sucede -explican- que el impacto del deterioro institucional no es automático ni instantáneo, sino a mediano y largo plazo. Además, observan, en relación a Latinoamérica Argentina partió de un alto PBI per cápita en 1996, que fue cayendo con el deterioro institucional en la última década, mientras Uruguay mantuvo sus buenas instituciones y creció de forma sostenida.

Aunque para el período analizado el PBI per cápita (siempre en base a datos del FMI) argentino creció el 9% y el de Venezuela cayó 71%, Ochoa y Albornoz los asimilan como “los comportamientos institucionales más atípicos de Latinoamérica”. En 1996, Argentina tenía un índice de 62 (buenas instituciones) y 25 años después, de 49 “bajas instituciones”. Más allá de oscilaciones de corto plazo, subrayan, “su deterioro institucional es persistente y sostenido”. Lo mismo, prosiguen, “le sucedió a Venezuela, que partió en 1996 de un índice de 36 y se ubicó en 2020, con un valor de 4″. En 1996, recuerdan, ambos tenían PBI per cápita similares, de los más altos de la región, hacia 1998 comienzan un deterioro del ingreso hasta 2002, momento desde el cual registraron un envión de 5 años, “hasta 2008, cuando Venezuela alcanza su mayor ingreso per cápita, mientras que Argentina registró su cenit en 2011″.

Desde 2011 en adelante, los ingresos por habitante de ambos países se deterioraron constantemente, aunque el de Venezuela lo hace de una forma mucho más violenta, que los autores califican de “destrucción de riqueza”. En el caso de Argentina, dicen, “esta preocupante tendencia a la destrucción de ingreso per cápita ya estaría operando” y en caso de proseguir su deterioro institucional, la caída del PBI por habitante “es muy probable que se acelere en el corto plazo”.

Después de tan sombrías advertencias, los autores citan a Paul Romer (Nobel de Economía 2018) como ejemplo de cómo la comunidad académica internacional ve a la Argentina en una perspectiva de largo plazo. Romer ha buscado explicar los “milagros” y “desastres” de crecimiento y considera el argentino un caso de involución económica o “catch up a la inversa”. La respuesta, concluyen los autores, está en las instituciones políticas y económicas desarrolladas a lo largo del siglo XX y que en los últimos 10 años equiparan, a riesgo de parecer exagerados, con Venezuela.

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