Las PASO en septiembre dejaron una sola certeza entre propios y ajenos: la inyección de dinero en la economía para revertir el resultado de esos comicios el próximo domingo se preveía monumental. El menú de medidas en danza era por demás amplio y amenazaba con superar con creces el gasto ya anunciado en el primer tramo de la campaña. Las decisiones del Gobierno durante las primeras semanas tras las elecciones primarias confirmaron esa presunción: en menos de un mes, se lanzaron medidas por más de $110.000 millones. Es que el diagnóstico en el Frente de Todos, al menos en un sector, era claro como el agua. En palabras del ex ministro de salud bonaerense y candidato a diputado, Daniel Gollán, “con algo más de platita en el bolsillo” probablemente el resultado hubiera sido otro. Sin embargo, la realidad y los números de una economía coqueteando con un desborde incontenible se impusieron a partir de la segunda semana de octubre y muchas de las iniciativas para poner plata en el bolsillo de los argentinos no pasaron de meros borradores demasiado promocionados.
El ejemplo paradigmático es el IFE 4, previsto para un universo de hasta 3.000.000 de beneficiarios por un monto de $15.000. La medida, que a fines de septiembre Fernanda Raverta, la titular de la Anses, admitió estar evaluando con un costo fiscal superior a los $40.000 millones, nunca vio la luz. Tampoco hubo bonos adicionales para la jubilación mínima ni refuerzos a la AUH, el combo básico que suele aplicarse en esas circunstancias. En vez de eso, se anunció durante la primera semana de septiembre un complemento a las asignaciones familiares para trabajadores registrados con ingresos hasta $115.000. Fue el 7 de octubre. Una semana más tarde se conoció el índice de inflación de septiembre de -3,5%, registro que se repitió en octubre- y ya no hubo más anuncios. Así, de la cifra total que muchos analistas privados ubicaban por encima de los $230.000, el Gobierno finalmente dispuso menos de la mitad.
“Nunca desde este ministerio anunciamos o confirmamos un IFE 4 ni ninguna de las medidas que se difundieron, siempre se trabajó con la racionalidad que amerita la situación”, respondieron en el Palacio de Hacienda a la consulta sobre los planes que quedaron en el camino.
La falta de recursos genuinos y los límites de la emisión como mecanismo de financiamiento sin consecuencias más acuciantes a las ya evidentes contuvieron el impulso a una suba del gasto que, tanto en la oposición como en el mercado e incluso dentro de algunos sectores del propio oficialismo, esperaban mucho mayor.
“Nunca desde este ministerio anunciamos o confirmamos un IFE 4 ni ninguna de las medidas que se difundieron, siempre se trabajó con la racionalidad que amerita la situación”, respondieron en el Palacio de Hacienda a la consulta sobre los planes que quedaron en el camino. El salto de la brecha cambiaria, la necesidad de ajustar el cepo cambiario al punto de restringir el pago anticipado de importaciones impactando de lleno en la actividad industrial y la perspectiva de un bimestre con gasto estacionalmente alto, además del recalentamiento de la inflación sólo dejaron lugar para esa moderación respecto de las expectativas.
La realidad se impuso y muchas de las iniciativas para poner plata en el bolsillo de los argentinos no pasaron de meros borradores demasiado promocionados
“Estimamos que el push electoral ampliado podría incluir el pago de un bono extraordinario a jubilados con un costo de $60.000 millones (similar al de agosto pasado) y nuevos refuerzos a asignaciones y monotributistas por otros $27.000 millones”, calculaba la consultora Equilibra hace poco más de un mes cuando ya advertía que el impulso fiscal post Paso no era, al menos hasta ese momento, tan potente. Pero para esa fecha, claro, todavía no estaba descartado el otorgamiento de un nuevo IFE. Eso no ocurrió.
Así, del total de recursos que se proyectaban, la inyección real alcanzó a la mitad. Entre la extensión del Repro II para septiembre, algunos anuncios de obras públicas, el anuncio del plan Registradas destinado al pago de salarios del personal doméstico no registrado, el programa de jubilación anticipada para desocupados y otros planes sociales como “Mi Pieza”, además del costo por el aumento del salario mínimo vital y móvil, la amnistía fiscal, la segunda suba del año del mínimo imponible para el impuesto a las Ganancias y el complemento a las asignaciones familiares familiares, el gasto dispuesto alcanzó los $111.000 millones. Otros anuncios por un total de $154.000 millones entre bonos a jubilados, AUH, AUE y monotributistas y IFE 4 no llegaron a concretarse sino que apenas se confirmó una nueva extensión para los salarios de octubre del Repro II, cuyos requisitos se conocieron a principios de esta semana.
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