Mientras el dólar blue orilla los 200 pesos y el contado con liquidación supera los $217, el Gobierno asegura que el armazón defensivo que sostiene a través del cepo cambiario evitará que después de las elecciones haya un salto devaluatorio, a la luz de una brecha cambiaria que asoma al 100% entre el dólar mayorista administrado por el Banco Central y la divisa paralela que se negocia en la city.
Las presiones cambiarias comenzaron varias semanas antes de las elecciones primarias, algo que no agarró desprevenido al equipo económico. Desde un despacho oficial insisten en que la dinámica de mayor demanda de dólares -que en un marco de cepo cambiario estricto para la compra al ahorrista- era algo esperable en un contexto de incertidumbre política por la cercanía de los comicios. Incluso en el Ministerio de Economía admiten que las elecciones del 14 de noviembre agregan más condimento al contexto de por sí complejo.
Tras su gira por Italia en la que mantuvo distintas reuniones para intentar destrabar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía Martín Guzmán volverá ya en Buenos Aires a supervisar la próxima operación que realizará la Secretaría de Finanzas en el mercado local para recolectar más pesos entre los inversores institucionales, pero en la que además tendrá la misión de despejar parte de los altos vencimientos que se acumularon para este mes por uno de los bonos atados al dólar que emitió el Palacio de Hacienda.
En el Ministerio de Economía admiten que las elecciones agregan más condimento al contexto de por sí complejo pero aseguran que el armazón defensivo del cepo cambiario evitará que después un salto devaluatorio tras los comicios
En ese sentido, este jueves Finanzas buscará a través de un canje anticipado descomprimir los $270.000 millones que esperan ser pagados a fines de noviembre. Para eso, pondrá sobre la mesa ante los inversores dos opciones: que elijan quedarse con otros dos bonos dollar linked que tienen un plazo más largo (uno vence en 2022 y otro en 2023) y una segunda alternativa con un título en pesos a tasa fija más corto, una opción que suele aparecer como predilecta entre los fondos inversores en tiempos de incertidumbre.
No es menor la importancia de la operación que busca hacer el Ministerio de Economía con los bonos dollar linked, una opción que reapareció en el menú oficial ante el mercado local a fines de julio. Por definición, los bonos atados al dólar son un instrumento de cobertura ante movimientos del tipo de cambio, pero que no implican para el inversor pasarse a moneda extranjera, ya que tanto la compra del título público como su cobro se realiza siempre en pesos.
Más allá de la licitación puntual de este jueves, en el Gobierno se apoyan en el entramado de regulaciones que implican el cepo cambiario actual y las restricciones a las importaciones para asegurar que no debería haber, luego de las elecciones del 14 de noviembre, movimientos bruscos en el tipo de cambio. En el equipo económico admiten que se trata de medidas “defensivas” que están más pensadas para atravesar la coyuntura difícil que como un marco normativo que se pueda extender en el tiempo.
El Banco Central en los últimos días decidió relajar parte de las trabas a las compras hacia el exterior que había decidido a principios de mes, tras los reclamos de distintos sectores y luego de reuniones cara a cara entre las autoridades de la entidad monetaria y empresarios de distintos rubros. En ese sentido, el BCRA abrió levemente la canilla de dólares a precio oficial para importaciones aunque todavía se mantienen limitaciones.
La Secretaría de Finanzas buscará a través de un canje anticipado descomprimir los $270.000 millones de pagos de un bono atado al dólar que esperan ser pagados a fines de noviembre
El Gobierno se apoya, entonces, en una serie de elementos para sostener que no habrá una devaluación en los próximos meses. Por un lado, mantener buenas relaciones con los inversores externos que todavía tienen en moneda local un equivalente a USD 7.500 millones y que buscan salir de la plaza local a través del “contado con liqui”. Para eso, los funcionarios de Finanzas mantienen un contacto permanente para evitar una estampida y coordinar las colocaciones de deuda con las necesidades de esos fondos.
Mantener a raya el tipo de cambio administrado por el Banco Central es otro de los ejes que en el Poder Ejecutivo sostienen como parte de las medidas defensivas. En lo que va del año el mayorista solo subió 17% -contra 37% de inflación- y para cumplir con el Presupuesto debería encarar un último tramo de aumento cercano a los ocho puntos porcentuales, ya que la ley de leyes esperaba un ajuste de 25% a lo largo de todo 2021.
Fuentes oficiales, de todas formas, aseguran que post elecciones no se acelerará el ritmo de depreciación del mayorista, a pesar de que hay cierto consenso en el mercado sobre una corrección cambiaria. La intervención del BCRA en el mercado cambiario es otro lo de los elementos que en el oficialismo ponen en cuestión. Esta semana la autoridad monetaria vendió unos 60 millones de dólares de sus reservas para contener el precio de la divisa.
La brecha cambiaria aparece dentro de las preocupaciones del equipo económico. En algunos despachos oficiales leen que el aumento en la demanda de divisas para importaciones, por ejemplo, subyace la expectativa de una devaluación que genera una distancia tan elevada entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. El propio Martín Guzmán dijo recientemente que el Gobierno mira “atentamente” a la brecha y que “trabaja para reducirla”.
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