El Gobierno pagó este lunes USD 390 millones al Fondo Monetario Internacional en medio de las negociaciones que continuan este lunes en Roma, tras la cumbre del G20, con una reunión que tendrá el ministro de Economía Martín Guzmán con el staff técnico del organismo, liderado por Julie Kozack.
El giro de dólares realizado por el Tesoro nacional a Washington forma parte de los pagos trimestrales que el Estado nacional tiene comprometidos hacia el Fondo Monetario como parte de los cargos de interés del programa financiero vigente. Se trata además del anteúltimo compromiso hacia el FMI en lo que queda del año: en diciembre la Argentina debería pagar casi USD 1.900 millones más.
Con el pago realizado este lunes al Fondo Monetario, el Gobierno de Alberto Fernández acumula unos USD 2.470 millones abonados en lo que va del año. El giro más oneroso realizado hasta el momento es el que tuvo lugar el 22 de septiembre pasado, cuando la Casa Rosada tuvo que pagar casi USD 1.900 millones como parte del primer pago de capital del préstamo Stand By firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ese pago fue realizado con las divisas que habían ingresado al país semanas antes con el reparto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario decidió realizar hacia todos sus países miembro como parte de un plan para asistir financieramente a sus socios para encarar la recuperación económica tras el impacto de la pandemia.
En el caso argentino, ese giro de dólares del FMI implicó para el Ministerio de Economía recibir cerca de USD 4.300 millones, de los cuales una parte ya volvió al organismo. Esa suma percibida será la que le permitiría al Gobierno afrontar la segunda cuota de capital el próximo 22 de diciembre, por otros USD 1.900 millones. La Casa Rosada deberá realizar ese pago salvo que llegue antes a un acuerdo con el Fondo Monetario para un acuerdo financiero nuevo que cambie el cronograma de devolución de los USD 45.000 millones firmados en 2018.
La agenda de obligaciones de pago con el Fondo es mucho más exigente a partir del año próximo. El Estado argentino debería, de no mediar la firma de un programa de facilidades extendidas (EFF) como el que negocia Guzmán desde hace más de un año, repagar cerca de USD 20.000 millones a partir de 2022, una suma imposible de afrontar con un nivel de reservas como el que tiene el Banco Central en la actualidad.
El presidente Alberto Fernández habló ante Infobae y otros medios en Glasgow, antes de participar de la Cumbre sobre el Cambio Climático, y definió: “La negociación va avanzando con las dificultades que una negociación supone, porque hay muchos intereses en pugna, y porque también es cierto que hay un mundo financiero que ha demostrado el fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado”, mencionó el mandatario.
Fernández calificó la reunión con Kristalina Georgieva como “fructífera” y aseguró: “Buscamos mecanismos para seguir avanzando y seguir encontrando puntos de acuerdo. Hablamos también de los sobrecargos, me dijo que eso está previsto ser analizado en el directorio de diciembre”.
Mientras la mayor parte de la delegación argentina voló a Escocia, el ministro Martín Guzmán y el asesor presidencial Gustavo Beliz permanecen en la capital italiana para sostener un último contacto con los equipos técnicos del Fondo Monetario, integrados por la subdirectora actuante del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozack, el primer subdirector-gerente del Fondo, el norteamericano de ascendencia japonesa Geoffrey Okamoto y el jefe de la misión argentina Luis Cubeddu.
El ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres no descartó que el Gobierno entre en default con el organismo multilateral en 2022. Además, expresó que la estrategia de negociación oficial para conseguir un nuevo programa de refinanciación de la deuda “se acerca bastante a la torpeza”.
En diálogo con el programa “Lanata sin filtro” de radio Mitre, Torres afirmó que la discusión central no debería focalizarse tanto en la sobretasa que tiene que pagar el país, como insiste el Gobierno, si no en acordar un plan económico que evite una profundización de la actual crisis económica.
“Argentina lo que necesita es un programa de reformas, que no se solucionan con una devaluación, sino con un programa económico integral, que no sea un plan de estabilización solamente”, expresó el delegado argentino ante el Fondo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri. “Lo que no es viable es chapotear en el barro”, disparó Torres. “El programa que tuvo el FMI con Macri fue un desastre, pero no quiero otro desastre ahora”, expresó.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Fallo histórico por YPF: 5 claves para entender la magnitud de la demanda que Argentina logró revertir ante la Justicia de EEUU
Los detalles de la sentencia, el rol del gobierno de Trump, las pretensiones del ahora golpeado Burford Capital, la estrategia local y cómo empezó todo
La trama secreta detrás del fallo YPF: encuentro fortuito en el Capitolio, embajador al ataque y la omnipresencia de Trump
Una suma de hechos afortunados, que implicó horas de lobby en la Casa Blanca, la Secretaría de Estado y el Departamento de Justicia, desembocó en una sentencia histórica que pocos esperaban

Cuántos dólares tienen los argentinos debajo del colchón y cómo evolucionó esa cifra en los últimos años
El ahorro en moneda extranjera fuera del sistema bancario se consolida como el principal refugio de los argentinos. El plan del Gobierno para cambiar la tendencia

Semana financiera: los activos argentinos resistieron ante las tensiones globales por el conflicto en Medio Oriente
El S&P Merval ganó 2,5% pese a las pérdidas de Wall Street, con impulso de papeles petroleros. Los bonos quedaron dispares, con un riesgo país sobre 600 puntos. El dólar minorista cedió a $1.405 en el Banco Nación
Qué dijo el abogado de Trump que defendió a la Argentina en el juicio por YPF
El copresidente del bufete Sullivan & Cromwell, Robert Giuffra Jr., calificó como un “revés para la industria de los litigios” el fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la condena de USD 16.000 millones


