Desde Washington, EE.UU. No es un mensaje fácil de digerir en los pasillos de los organismos financieros multilaterales, sobre todo entre quienes, como Estados Unidos, entienden el control de precios como parte de recetas económicas populistas que, según fuentes del Banco Mundial y el mismo Fondo consultadas, van a contramano de los consensos establecidos por los países más influyentes, incluidos los del G20.
El gobierno de Alberto Fernández anunció el congelamiento de precios de 1,245 productos de consumo masivo; Martín Guzmán, el ministro de Economía, tuvo que empezar a dar explicaciones el mismo miércoles en Washington, donde se encuentra desde principios de semana intentando renegociar el pago de US$44,000 millones de la Argentina con el FMI, dijo a Infobae una diplomática latinoamericana adscrita al sistema multilateral en la capital estadounidense.
“Medidas como el congelamiento de precios se entienden como parte de las recetas populistas que al final afectan la economía por el surgimiento de mercados negros, de escasez y te desincentiva la inversión. La oposición a estas cosas genera consensos básicos entre los países” a los que Argentina está apelando, dice la funcionaria.
“Esto los pone a nadar contracorriente”, apunta otro funcionario, vinculado al FMI, a propósito de las reacciones que las medidas del kirchnerismo pueden generar en Washington.
Estas fuentes coinciden en un análisis que se puede resumir así: Guzmán y la Argentina han venido a Washington apelando a la creación de una “nueva arquitectura financiera internacional”, más justa y equitativa, que permita a los países de ingresos medios y bajos sobreponerse a sus retos económicos y financieros, acrecentados por la pandemia de Covid-19, y que al final permita a los argentinos la renegociación de su deuda. Hay quienes, aquí, apoyan ese lenguaje, pero casi nadie que simpatice con controlar precios.
Guzmán había ya logrado expresiones públicas de apoyo a la postura argentina en el tema de la arquitectura financiera, mensaje que también ha sido retomado por Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo que ha sido apoyo entusiasta de los afanes argentinos. También algunos miembros del G20, como Indonesia e Italia, han expresado simpatías, incluso en el tema de la deuda.
A nivel más formal, sin embargo, el FMI también ha dado señales claras sobre el tema de repensar el cobro de intereses, medida propuesta por los economistas estadounidenses Joseph Stiglitz y Kevin Gallagher e impulsada por la Argentina en el Fondo.
La decisión del control de precios puede, de acuerdo con los funcionarios consultados, relativizar el apoyo público conseguido por el gobierno de Fernández hasta ahora.
“Cuando los países se alejan de los consensos mínimos en Washington, que tiene que ver con los preceptos de la economía de libre mercado, el tema va cuesta arriba”, dice la funcionaria latinoamericana, quien también apunta, sobre la decisión de controlar precios en la Argentina, que esto genera una mala percepción en la multilaterales. “Y aquí la percepción termina siendo un dato. Así ocurre en Washington”, dice.
El lenguaje del G20
Antes del miércoles, según el análisis de cuatro funcionarios de los organismos multilaterales con los que ha conversado Infobae a lo largo de la semana, las cosas habían transcurrido bien para la Argentina: sin compromisos concretos en el tema de la deuda, al menos de conocimiento público o fuera de los salones del FMI, el gobierno de Fernández podía contar como positivos la estadía de Georgieva al frente del Fondo, así como los guiños favorables hechos por el G20.
A ese grupo de países dirigió Guzmán uno de sus principales reclamos. El ministro sostuvo que “la desigualdad daña el funcionamiento del sistema económico, social y político, pero no es solo un problema económico, social y político, también es un problema ético porque depende de las personas con poder cambiar las reglas que llevaron a la situación actual”, según un boletín de prensa de Economía.
El miércoles, el G20, presidido temporalmente por Italia, hizo público un comunicado de ocho páginas en el que, de acuerdo con la lectura de estos funcionarios, hay varias frases en las que la Argentina puede “encontrar espacios para colgar sus perchas”, es decir, lenguaje del que echar mano en sus negociaciones.
“Estos comunicados son cuidadosamente negociados. Cada palabra, la redacción, todo tiene una intención y hay cosas que los argentinos pueden leer como apoyos”, dice una funcionaria latinoamericana.
Uno de esos guiños tiene que ver con la iniciativa de suspensión de deuda que el FMI y el Banco Mundial aprobaron en mayo de 2020, limitado a países de bajos ingresos. En la previa de las reuniones de otoño de 2021, las multilaterales acordaron extender la iniciativa a países de ingresos medios y economías emergentes, por considerar que están entre las más afectadas por la pandemia.
“Estas extensiones darían más certezas a países deudores y facilitarían al FMI y al BM proveer apoyos financieros rápidamente”, dice el comunicado que el G20 hizo público el 13 de octubre.
La exhortación del G20 para que los comités crediticios de las dos multilaterales revisen cada país caso por caso, algo que también puede jugar en favor de Argentina dados sus niveles de deuda y sus particularidades políticas internas, según uno de los funcionarios consultados. Dice el comunicado: “Notamos que los comités pueden discutir y encontrar soluciones apropiadas con base en cada caso para esos países que han solicitado el tratamiento de su deuda”, entre ellos la Argentina.
La semana del ministro Guzmán había iniciado con incertidumbre debido a que la posición de la directora gerente Georgieva, a quien el gobierno de Fernández ha tratado como aliada, estaba en entredicho. Ese asunto se resolvió a favor de la economista búlgara. Luego, las reuniones con el G20 parecieron ir bien. Hasta que el miércoles llegó el anuncio del control de precios desde Buenos Aires.
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