Servicios sin retenciones a la exportación: los sectores más beneficiados y el efecto sobre el empleo

El Ministerio de Economía anunció días atrás que a partir del 1 de enero de 2022 la exportación de servicios dejará de pagar derechos de exportación, medida que ya regía desde este año para todas las empresas del sector de la denominda economía del conocimiento que estuvieran adheridas a la Ley 27.596, que promueve a este sector con beneficios impositivos. Pero, excepto las de software (que tuvieron un régimen de adhesión más sencillo), no son muchas las compañías de este rubro que finalmente se inscribieron a la norma, por lo que el beneficio anunciado por el ministro Martín Guzmán les representará a la gran mayoría una ventaja en términos de competitividad. ¿Cuáles serán los sectores que mejor aprovecharán esta quita de derechos de exportación? ¿Qué impacto tendrá en el empleo?

Si bien la eliminación de los derechos de exportación será para todos los servicios, la mayoría son del sector del conocimiento, que en 2020 exportó por USD 5.650 millones. De este monto, el 60% corresponde a lo que se conoce como Business Process Outsourcing (BPO) o comúnmente llamados “servicios profesionales”.

Según el último reporte económico de Argencon -la cámara que agrupa a las firmas del sector-, la venta de este tipo de servicios al exterior alcanzó en 2020 a USD 3.417 millones; y dentro de este subgrupo, los que generan más facturación son los servicios jurídicos, contables y administrativos. De hecho, en el marco de una baja generalizada de la exportación de los servicios (6,5%), los profesionales fueron de los que menos cayeron (2,4 por ciento).

Al ser los servicios profesionales los que más venden al resto del mundo en su rubro, serán entonces los que más aprovecharán la eliminación de los derechos de exportación a partir de enero próximo. Les permitirá ser más competitivos a la hora de incorporar personal, el principal escollo que hoy tienen, frente a la competencia de compañías del exterior que contratan de forma individual trabajadores con la ventaja de que les pagan en dólares. Cada vez hay más profesionales que optan por cobrar en el extranjero y luego hacerse del dinero en el país aprovechando la brecha cambiaria. Las compañías de servicios locales deben, entonces, incrementar permanentemente los sueldos que ofrecen para poder retener al personal, y muchas veces tampoco así lo logran.

“Las empresas de BPO organizadas grandes estamos creciendo. Tenemos problemas de recursos humanos porque el mercado no nos abastece de profesionales de la manera que quisiéramos. Con lo cual, la quita del 5% de retenciones nos ayuda porque recuperamos algo de competitividad, pero el verdadero problema que tenemos es la brecha cambiaria”, manifestó a Infobae Santiago Mignone, socio principal de PWC Argentina.

Ocurre que estas empresas, al exportar, deben ingresar las divisas por el mercado oficial de cambios (dólar a $100), cuando el CCL se ubica en $175 y el informal, en $186. Por lo tanto, pierden competitividad frente a las contrataciones directas desde el exterior, que cada vez son más y se han intensificado durante la pandemia. “Estamos perdiendo muchos recursos con esa mecánica. Es mucha gente la que se contrata desde Uruguay, Estados unidos, entre otros países. Nos pasa a nosotros y a las compañías tecnológicas. Tenemos una inflación de costos contra un precio -el dólar oficial- que no se mueve”, manifestó el directivo, quien agregó que la eliminación de las retenciones les permitirá “ajustar un poco más los sueldos”.

A este escenario, se suma el hecho de que cada vez es mayor la demanda de servicios por parte de otros países, que tampoco dan abasto con sus recursos propios y que aprovechan la diferencia cambiaria para reclutar personal por un menor costo en dólares. En las empresas argentinas que brindan este tipo de servicios admiten que el potencial del negocio hoy es enorme y que no están pudiendo abastecerlo por completo. Siguen contratando gente, con las dificultades mencionadas, y están buscando recursos cada vez más en el interior del país, según dijeron las fuentes consultadas. En el caso de PWC, contó Mignone, tuvo que “ralentizar el crecimiento, ya que la demanda es casi infinita”.

Coincidió con este diagnóstico el presidente de Accenture Argentina, Chile y Colombia, Sergio Kaufman, al sostener que la quita del 5% del derecho a la exportación sobre el precio puede implicar entre 6% y 7% en términos de costos y remarcó que “este tipo de mejoras, en un mercado hiper competitivo, van íntegramente a salarios”. “La decisión oficial es un buen paso. Es un impuesto muy distorsivo que no se cobra en ningún país del mundo, y eso se traducirá en mayor empleo formal”, precisó el empresario.

El presidente de Accenture precisó que la firma seguirá sumando empleo, pero esta medida ayudará a no perder frente a los puestos informales que se están generando en la industria. Y para el Gobierno, dijo, termina siendo una ventaja porque “el que deja los dólares en el exterior no paga impuestos”. “Con esta manera ilegal de contratar a la gente, al generar un pago en dólares afuera, se hace muy difícil retenerla. Nosotros tomamos muchos más profesionales de los que perdimos, pero podríamos haber crecido más”, planteó Kaufman.

¿Qué pasó con la Ley de Economía del Conocimiento?

La decisión del ministro Guzmán de no prorrogar el decreto que fija derechos de exportación a los servicios en 5% y que vence a fin de año ayudará a muchas compañías del sector de servicios del conocimiento, muchas de las cuales integran este subrubro de las BPO, ya que no estaban -ni lo estarán por ahora- inscriptas en la Ley de Economía del Conocimiento.

La norma, sancionada en octubre de 2020, fue reglamentada a cuentagotas y de forma tardía. Y lo dispuso fue que las compañías tecnológicas, que ya tenían los beneficios de la previa Ley de Software, pudieran inscribirse de forma rápida, en tanto que las otras debían realizar un trámite más complejo que lleva su tiempo. Hay firmas, dijeron fuentes de la industria, que ya comenzaron y finalizaron el trámite, pero otras aún están en el proceso. Las que ya están registradas, según había dispuesto el decreto reglamentario de la ley, no pagaban derechos a la exportación ya desde el 2021.

Pero más allá de esta demora que conlleva este proceso, directamente hay empresas que desistieron de adherirse por las características propias de la Ley. Es el caso, por ejemplo, de PWC. “Yo no voy a entrar a la Ley en la condición actual. Te dan una reducción de las cargas sociales del 70%, pero con un bono intransferible que sólo se puede aplicar al pago de impuestos nacionales. Y nosotros exportamos el 100%”, explicó Mignone. Sucede que esta compañía tiene el negocio dividido en dos: una firma dedicada completamente a ofrecer servicios al exterior y otra abocada al negocio local.

Por otro lado, además de requerir que se exporte el 70% de los servicios que se generan -para las de software no es tal la exigencia-, la norma obliga a cumplir con dos de tres requisitos: disponer del 8% del gasto de la nómina total en capacitación; tener certificados de mejora continua, e invertir un determinado porcentaje de la facturación en I+D. Pero en cuanto a la capacitación, debe ser fondos girados a terceros; no se toma en cuenta la capacitación realizada por la propia empresa, y ese es otro de los desalientos a ingresar a la Ley.

SEGUIR LEYENDO: