
¿Alcanzará la “platita” que comenzó a volcar el Gobierno para cumplir con las expectativas de la vicepresidente Cristina Kirchner de aumentar rápidamente el déficit fiscal, frente a la cautela que ha intentado mantener el ministro Martín Guzmán?
En la función pública, muchas veces los enunciados no pueden concretarse por la pesada maquinaria del sector público y por los tiempos de ejecución del gasto, más allá de quién esté en el poder.
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Si bien en el último trimestre la ejecución del gasto se suele acelerar -y en diciembre todos los gobiernos se apuran para contabilizar la mayoría de las partidas pendientes para empezar mejor el año siguiente- en materia de finanzas públicas los milagros no existen, más allá del discurso electoral.
De todos modos, el Banco Central ya emitió $960 mil millones desde enero y $110.000 millones luego de las PASO, para financiar el gasto público.
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En este sentido, hay decisiones que se pueden ejecutar con rapidez, tal como lo está demostrando el Gobierno con la gran cantidad de transferencias directas e indirectas para diferentes sectores: a los medio-altos con la suba del mínimo en Ganancias y el subsidio para blanquear empleadas de casas particulares (pese al muy bajo costo de este régimen); a los medio-bajos con la suba del salario mínimo, la posibilidad de un plan similar al IFE y un adicional para los jubilados.

Al respecto, un informe de ECO GO precisó que en agosto “el resultado primario del Sector Público No Financiero base caja fue deficitario en $124.836 millones, equivalente a 0,3% del PBI”.
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De esta manera, “acumula en los primeros ocho meses del año un déficit de $431.504 millones, 1% del PBI; sumando los intereses a la ecuación el déficit financiero alcanzó los $193.393 millones, y acumula $870.554 millones (2% del PBI)”.
Asimismo, “el paquete de medidas fiscales, la mayoría todavía en cartel, podría estar en torno a los $150.000 millones extra (0,34% del PBI), por lo que nuestra proyección para el déficit fiscal de este año asciende a 3,4% ($1.500 miles de millones de los cuales, según nuestra estimación de septiembre, restarían ejecutar $900 mil millones)”.
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La mirada de expertos en finanzas públicas
Cuatro expertos que pasaron por el área de Hacienda coincidieron en señalar a Infobae que si el ministro quiere cumplir con la premisa del kirchnerismo -que le presentará batalla en el Congreso con el Presupuesto 2022, en un enfrentamiento insólito entre el oficialismo y el Palacio de Hacienda- deberá hacerlo por la vía de las transferencias directas, sin pensar demasiado en las consecuencias.
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El ex secretario de Hacienda y actual diputado nacional del Partido Justicialista Jorge Sarghini dijo que esta misma inconsistencia se observa en el Presupuesto 2022, ya que “a pesar de lo relativo de los números presupuestarios, si hipotéticamente el déficit fuera el previsto en el proyecto, sería casi imposible sortear las dificultades para financiarlo”.
“Aún bajo el también hipotético supuesto de lograr lo esperado de las fuentes alternativas (renovación de vencimientos, emisión de deuda en el mercado local y préstamos de organismos internacionales), la magnitud de la emisión que completa las necesidades de financiamiento tiene límites objetivos para poder concretarse”, advirtió el especialista que formó parte del equipo de Roberto Lavagna en el gobierno de Néstor Kirchner.
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Estas limitaciones se deben “tanto a las restricciones que impone la carta orgánica del Banco Central, como a la insostenible expansión de la deuda remunerada del gobierno para esterilizarla”.
“Será necesario, entonces, para cerrar el frente fiscal recaudar más impuesto inflacionario; con un aumento de la recaudación nominal y licuación real del gasto, no sólo habrá más inflación: será necesaria. Esto es lo grave”, disparó Sarghini.
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En forma anónima, un técnico que pasó por el cuarto piso del Palacio de Hacienda indicó que “es cierto que hay un nivel de ejecución bajo en varios ministerios y los han estado presionando para que lo gasten más rápidamente, pero por otro lado no creo que el déficit esté muy por debajo de lo que estaba planteado porque siempre los últimos meses son los de mayor ejecución, sobre todo diciembre”.
Por este motivo, el experto consideró que el déficit fiscal primario se ubicará este año entre 3,5 y 4% del PBI, como lo había planteado Guzmán en términos privados.
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Un colega indicó que “están acelerando el gasto, pero en obra pública no van a poder hacer nada muy relevante más allá de los anuncios que puedan formular, que pueden tener impacto, pero claramente el equipo económico está preocupado por el impacto monetario de estas medidas”.
Parte de estas preocupaciones fueron expresadas por los funcionarios del equipo económico en las reuniones que mantuvieron días atrás con consultores económicos y agentes del mercado financiero local, para transmitirles un mensaje de tranquilidad sobre el rumbo de los próximos meses, dado el complejo panorama que transitará el Gobierno hasta las elecciones de noviembre y, luego, cuando tengan que negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2022.
Los invitados se sintieron a gusto por el trato recibido y por las masitas que degustaron, pero no tanto por la falta de definiciones tajantes cuando les preguntaban a los funcionarios si estaban en condiciones de ejecutar los que prometían. En un ambiente de confianza, la respuesta más sincera de los colaboradores de Guzmán fue sonreír sin responder nada contundente y pasar al siguiente tema.
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