Daniel Artana: “Se desconfía de la voluntad del Banco Central y del Tesoro de intentar cumplir con la proyección de inflación”

La economía no da señales de revertir la recesión heredada, pese a que ha cedido notablemente la crisis sanitaria con la llegada de las vacunas contra Covid-19, y para peor, tras el resultado de las PASO la confianza en el Gobierno cayó a mínimos históricos, al punto de generar tensiones severas en el seno del oficialismo.

Justamente, ese escenario crítico quedó explícito no sólo en el cambio de medio Gabinete de Ministros, sino también en la acelerada devaluación del Presupuesto 2022 por carecer de consenso con las fuerzas propias en el Congreso y los consecuentes efectos negativos sobre los mercados financieros y cambiarios.

Daniel Artana, economista Jefe de FIEL analizó en diálogo con Infobae las debilidades que presenta el Presupuesto 2022 que cumplió con el tiempo límite de presentación al Congreso, pero que carece de consistencias y de propuestas concretas para impedir una crisis mayor, así como también las semejanzas y diferencias con episodios traumáticos de la economía argentina en los últimos 30 años.

— El ministro de Economía cumplió con la forma en la presentación en tiempo legal el Presupuesto 2022, pero a la semana fue cuestionado por la propia fuerza oficialista; junto con la iniciativa de una nueva Ley de Hidrocarburos ¿Qué le sugiere?

— En primer lugar, que hay diferencias de opinión marcadas dentro de la coalición oficialista respecto a lo que hay que hacer en materia de política económica. En segundo lugar, en el Presupuesto 2021 se preveían aumentos de tarifas similares a la inflación. A pesar de haber sido votado por la coalición oficialista ese presupuesto no se cumplió. No parece una fuerza política muy comprometida con cumplir la Ley de Presupuesto.

— ¿Por qué en la Argentina la presentación del Presupuesto para el año siguiente es un trámite legal y no representa una hoja de ruta real para el gobierno y menos para las empresas y trabajadores?

— Porque la mayoría de los presupuestos de los últimos años han sufrido modificaciones y porque se desconfía de la voluntad del Banco Central y del Tesoro de al menos intentar cumplir con la proyección de inflación.

— ¿Es factible, como muchas veces se pensó pero nunca se avanzó, diseñar un Presupuesto “base cero” con una perspectiva de mediano y largo plazo?

— Si es factible. No se hace porque no hay voluntad política de hacerlo.

— El ex ministro de Ecomomía Nicolás Dujovne dijo que “no es lo mismo bajar el deficit adecuando las tarifas que licuando jubilaciones”, ahí radica el nudo del desequilibrio de las finanzas públicas ¿Qué opina de ese concepto?

— La licuación de jubilaciones fue más marcada para quienes tienen un haber superior a la mínima. Estas personas son las que cumplieron con los requisitos para acceder a una jubilación sin los beneficios de moratorias. Castigar al que aportó y cumplió no es la mejor manera de lograr un sistema previsional sustentable. Pero los aumentos de tarifas del gobierno anterior no prestaron la debida atención a generar marcos regulatorios que promovieran la reducción genuina de los costos y se hicieron sin evaluar el impacto sobre el resto de la política económica. En cualquier caso, las tarifas deberán volver a ajustarse en forma importante. Los subsidios no se justifican desde una óptica distributiva y mucho menos desde la sustentabilidad de la política ambiental. Es curioso que el Gobierno pida alivio en la deuda contra compromisos medioambientales al mismo tiempo que subsidia el consumo de energía.

— Dado el estado de las finanzas públicas y el desequilibrio monetario ¿para ordenar la macroeconomía y recuperar la confianza interna y externas se requieren políticas de shock o gradualismo?

— La inacción fiscal de 2016 y 2017 llevó a correcciones muy bruscas después. El populismo de este gobierno genera una tensión similar. No creo que sea posible ajustar de golpe 4% de déficit primario (ó 6% de déficit global), pero el supuesto costo político del ajuste debe compararse con el costo político de no ajustar. Sin acceso al crédito internacional y con un mercado local de capitales pequeño, el déficit se financia con inflación o con los depósitos bancarios (reduciendo el crédito disponible para el sector privado). No parece que esa fórmula haya sido muy eficaz para el oficialismo a la hora de los votos. En resumen, creo que tarde o temprano habrá una corrección fiscal importante.

— ¿Qué le debería preocupar más a los agentes económicos, en perspectiva, el tamaño del gasto público y el consecuente deficit fiscal o la magnitud que han adquirido los instrumentos de regulación monetaria con un nivel que supera a las reservas brutas y en varias veces las propias del BCRA?

— La incapacidad de la dirigencia política de lograr un resultado fiscal financiable sin inflación ha sido una de las causas centrales de la decadencia argentina. El peso del Estado en la economía es excesivo y debería reducirse. Pero lo más dañino es la ineficacia de la gestión estatal (llamativa en un gobierno que se jacta del “Estado presente”). El gasto alto e ineficaz no resuelve los problemas de la sociedad. En el frente monetario los pasivos remunerados del BCRA son un problema pero, sobretodo, por la escasez de reservas internacionales propias.

— ¿Cómo se debería desarmar el abultado stock de Leliq y Pases del BCRA y qué efectos generaría sobre la economía real?

— Se puede desarmar o bien con superávit fiscal o con un aumento en la demanda de dinero que las achique en términos relativos. Esto requiere confianza.

— En la desesperación por querer salir de la crisis muchos sectores piden impuestos diferenciados para reactivar la producción, la inversión y las exportaciones ¿Eso es lo que necesita la Argentina? ¿Qué efectos tendría?

— La experiencia internacional con desgravaciones impositivas para algunos sectores o regiones no es positiva. En la Argentina ha sido en la mayoría de los casos nefasta, con un costo fiscal exagerado con relación a los resultados.

— Cómo experto en finanzas públicas, ¿Debe ponerse en un plano de igualdad la elusión y la evasión fiscal?

— No. La evasión es ilegal. La elusión puede reducirse con modificaciones normativas y una tarea eficaz de las administraciones tributarias. Esa tarea requiere hoy de mayor coordinación internacional con otros países.

— ¿Cómo imagina la próxima crisis económica? En 1989-90 se manifestó a través de la hiperinflación; en 2001-02 la conjunción de atraso cambiario, aumento de deuda y crisis institucionales derivó en default y depresión; en 2011-12 la acumulación de atraso cambiario y exceso de intervenciones en los mercados y el Indec dieron paso a una década sin crecimiento real y crecimiento de la pobreza; en 2020 irrumpió la pandemia, y en 2021 pareciera que comenzó a administrarse en 2021, pero en lo económico los indicadores se mantienen muy frágiles y con riesgo de descontrolarse…

— Los períodos que usted señala son muy diferentes entre sí. En el camino a la hiper de 1989-90 el déficit fiscal era mayor al actual y la base del impuesto inflacionario era un tercio. Estamos lejos de repetir ese experimento. La crisis de 2001-02 ocurrió ante un shock externo muy adverso que requería una mejora en el tipo de cambio real. Con una rigidez extrema en el tipo de cambio nominal se necesitaba deflacionar y eso es siempre muy complejo. Sin financiamiento, sin colchones previos fiscales que permitieran amortiguar el golpe y con impaciencia de una parte de la dirigencia política y empresarial para obtener una salida fácil (que obviamente no era factible) el resultado fue una crisis descomunal. La estanflación de 2011 a 2015 es diferente. Los problemas se podían evitar con correcciones relativamente menores en lo fiscal y externo. En cambio, se optó por el control de cambios y otras regulaciones, y rifar las reservas del BCRA para tratar de esconder las consecuencias de desequilibrios gemelos crecientes. En suma, los problemas del 2011 no se podían resolver con más populismo sino con menos.

Hoy estamos en una situación que tiene semejanzas y diferencias con esos episodios. Una parte importante de los problemas son autoinfligidos por un gobierno que desde la campaña de 2019 erró en el diagnóstico de los problemas económicos. La pandemia obligó a adoptar un financiamiento inflacionario del déficit fiscal con las consecuencias negativas que ello tiene sobre la pobreza, pero al menos no había (ni hay) un desequilibrio externo importante. Pero subsiste un tamaño excesivo del Estado, un alto déficit fiscal con relación a lo que puede financiarse sin inflación, y un conjunto de regulaciones y trabas que desalienta la producción eficiente y la creación de empleo. En 2023 habrá una oportunidad de modificar drásticamente la política en curso, pero ello requerirá de un liderazgo político con una visión clara de lo que funciona y equipos técnicos que estén a la altura de los desafíos. Salir de décadas de decadencia no se logrará con decisiones políticamente “correctas”.

Fotos: Gastón Taylor

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