La pandemia y las restricciones en la economía generaron más pobres, indigentes y pérdida de puestos de trabajo

A un año y medio del inicio de la pandemia y de las medidas restrictivas que tomó el Gobierno, y cuando sus efectos sanitarios están lejos de los meses más críticos, la foto panorámica del paso del Covid-19 por la economía y la sociedad argentina exhibe un escenario social crítico. La recesión acentuada deterioró un tejido ya desgastado, y dejó un tendal de 2,7 millones más de pobres y 1,3 millones más de indigentes en el país, junto con un mercado laboral golpeado y que da menos posibilidades de reintegrarse a quienes se cayeron del barco del empleo y, además, con un salario que pierde contra la alta inflación.

En la Argentina había, hacia fines de 2019, último dato antes de la irrupción de la pandemia, 16,1 millones de pobres. Esa cifra ya había escalado desde hacía dos años antes. El último dato de 2017, antes de que se desatara la primera de las crisis cambiarias durante el gobierno de Mauricio Macri, mostraba una pobreza que alcanza al 25,7% de los habitantes, unos 11,4 millones de personas.

Esos dos años de crisis económica, incremento de la inflación y pérdida del poder de compra del salario, que sumaron luego a la pandemia generaron en la Argentina entonces 7,4 millones de pobre. En solo tres años y medio.

“El impacto social en los sectores más humildes fue grande y ya veníamos siendo golpeados. La gente que no tenía laburo, cuando llegó la pandemia esa gente tuvo que elegir entre contagiarse o morirse de hambre. Tuvo que salir a exponerse y quizás contagiar a toda su familia también”, dice a Infobae Dina Sánchez, miembro del Frente Popular Dario Santillán y dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que representa a los trabajadores de la llamada economía popular.

Hay un universo de personas que, ya antes de la pandemia, vivían y trabajaban en condiciones de alta precariedad e inestabilidad, y que pasaron todo ese tiempo por fuera del radar del Estado. Solo con el llamado para la inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hizo salir a la superficie de los registros que casi 9 millones de personas necesitaban asistencia para subsistir.

El registro que abrió el Gobierno nacional para medir cuántas personas se ganan su salario bajo la categoría de la economía popular, un amplio espectro de trabajadores que están por fuera de las relaciones laborales formales y que no están inscriptos en ningún régimen tributario y que continúa siendo una gran incógnita para el Estado.

Generalmente trabajan por su cuenta o asociados en cooperativas en distintos rubros como cuidados, limpieza y otros como construcción y transporte a escala barrial. Según un relevamiento oficial, el alcance de la asistencia del Estado a ese amplio grupo de personas es muy limitado: según datos oficiales, solo uno de cada cinco cobra la Asignación Universal por Hijo o el nuevo plan Potenciar Trabajo.

“Son unas 3 millones de personas”, asegura ante Infobae Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos y ex subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.

Ese universo, asegura Menéndez, necesita “acceder a una forma de monotributo con medidas que el Estado amplíe. Necesitamos reconocer a esos trabajadores para que puedan tributar y blanquear lo que producen con una nueva figura en la que tengan un período de gracia de no pagar. Y además avanzar en creditos no bancarios”, afirma el dirigente social.

Dina Sánchez coincide en que a esos sectores no les llega ninguna mejora en términos laborales. “Son gente que se genera su propio trabajo. La economía popular tiene mucho trabajo y hay que potenciarlo. Cuando hablamos de empleo implica tener derechos laborales, nos falta eso a nosotros. La mayoría son jóvenes”, apunta.

Un censo oficial hecho por la cartera social había indicado ese fenómeno. La cantidad de jóvenes que forman parte de la economía popular supera por mucho a los que consiguen un empleo convencional registrado en el sector privado. De los poco más de 2 millones de trabajadores de la economía popular censados, dos de cada tres tienen entre 18 y 35 años. Ese fenómenio disparó los ingresos no laborales al comienzo de la crisis sanitaria.

Al compararlos con los datos del empleo registrado privado, el contraste es notorio: mientras solo el 6,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años tiene un trabajo en blanco, la proporción empleada por su cuenta o colectivamente en la economía popular asciende al 30,2 por ciento.

La mayor parte (58%) trabaja de manera individual y el resto lo hace de manera conjunta ya sea a través de organizaciones sociales, cooperativas, mutuales o emprendimientos familiares. En este tipo de tareas predominan las mujeres con 57,1% del total.

Ese nuevo panorama que se abre en el mercado laboral contrasta con el otro, el que no es cuentapropista e implica una relación de dependencia. El sector privado registrado no es un generador de puestos de trabajo desde hace tiempo. Durante la pandemia se perdieron, a pesar de los decretos que prohibieron los despidos y suspensiones, unos 130.000 trabajos privados, según el Ministerio de Trabajo.

Pero incluso entre los que tienen trabajo las condiciones de vida empeoraron durante la pandemia. En el último año el poder de compra de los salarios continuó en caída para los trabajadores públicos y privados en blanco y directamente se desplomó para quienes están empleados en la economía informal.

El segmento que perdió por menos diferencia frente a la inflación fueron los trabajadores registrados del sector privado, cuyos salarios se actualizaron en el último año a ritmo de 51,1%, por lo que quedaron 0,7 puntos porcentuales abajo de los precios, que subieron 51,8% en ese mismo período.

Para el resto del mercado laboral, el panorama fue peor. También entre los registrados, los empleados públicos tuvieron una variación en sus ingresos de 47,3%, por debajo del promedio de la economía, lo que los hace perder unos 4,5 puntos porcentuales en relación con la suba de precios.

Pero el sector más perjudicado volvió a ser el de los empleados informales: tuvieron un incremento de solo 37,4%, por lo que siguen 14,4 puntos por detrás en la carrera contra los precios.

Algunos especialistas temen que la pandemia haya dejado en realidad un piso de pobreza más alto que en crisis anteriores. Para Daniel Menéndez, bajada la espuma del primer año y medio de convivencia con la pandemia, “lo que se ve es que esto fue una guerra”, mencionó. “Hubo medidas que permitieron que el daño no fuera mayor, pero el horizonte es muy complejo”, consideró.

“La diferencia principal con otros momentos es que ya son muchos años que padecemos una situación de crisis. Eso nos impone un desafío para el que tenemos cada vez menos tiempo. Esa gravedad exige nuevas medidas para tener un aceptable nivel de convivencia. Estamos en un punto muy complejo y tenemos menos margen de acción”, advirtió el candidato a diputado.

Para Dina Sánchez, el problema de la pérdida de poder de compra del salario aparece como la principal preocupación en los barrios populares. “No puede ser que comer carne sea un lujo, que para una familia tomar la leche todos los días sea un lujo, no puede ser que los pibes en edad laboral no puedan encontrar un empleo. Los sueldos siempre están por abajo de la inflación. Por más esfuerzos que hagas no te alcanza la plata. El sistema no tiene la capacidad de generar trabajo”, concluyó.

Los economistas ensayan una perspectiva de mediano y largo plazo para estimar cómo podría revertirse la tendencia y evitar un nuevo núcleo duro de pobreza. Para el economista de Cedlas y la Universidad de La Plata Leopoldo Tornarolli, recortar hasta la mitad los indicadores de la zona del 40% en que se estableció en el último año será necesario que la economía crezca a tasas de 6% durante una década. Si el crecimiento se sostuviera durante 15 años, por otra parte, se requeriría una expansión del PBI anual de 4%, calculó ante la consulta de Infobae. El plazo y el crecimiento necesario podría ser menor si hubiera además algunas medidas que bajen la desigualdad en la distribución del ingreso, agregó.

El economista de Unicef Sebastián Waisgrais había estimado que para poder reducir la pobreza significativamente el país necesitaría crecer a niveles superiores al 3% anual durante quince años, además de reducir la inflación. “Y sin contar ese factor, desde 1870 hasta 2010 la economía creció a un ritmo promedio anual de 1,5%, es la mitad de lo que necesitamos. Nunca construimos un crecimiento de 3% anual más de 10 años seguidos”, mencionó.

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