
“Todavía los precios energéticos no son los correctos”, dice un flamante paper del FMI sobre los valores de los combustibles fósiles que da una pista del tipo de reclamos que podría hacer el organismo para acordar la restructuración de la deuda argentina.
Sugestivamente, además, el estudio fue realizado por los economistas Ian Parry, Simon Black y Nate Vernon, del departamento de Asuntos Fiscales del organismo, evidencia de su visión “fiscalista”, pivoteando ahora sobre la agenda ambiental.
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El trabajo afirma que el recorte de subsidios –que estima globalmente en 5,9 billones (millones de millones) de dólares- permitirá mejorar los indicadores y objetivos fijados para atenuar el cambio climático y que el ahorro fiscal podrá aplicarse a mejores destinos sociales. Son justamente los argumentos del ministro de Economía, Martín Guzmán, en su puja con los sectores de la coalición oficialista más cercanos a la vicepresidente Cristina Kirchner, a los que acusa de defender subsidios “pro-ricos”.
Costo global
El cálculo del costo global de los subsidios incluye tanto los subsidios explícitos (esto es, lo que los estados destinan para reducir o mantener más bajos los precios de los combustibles) como sus “externalidades”, costos resultantes de no asignar a los combustibles su efecto ambiental. Los subsidios explícitos, dice, son apenas el 8% del total.
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El estudio precisa además que el total de subsidios a los 4 principales combustibles fósiles (carbón, gas natural, nafta y gasoil) es de 6,8% del PBI global y treparán a 7,4% en 2025.
Poner los precios correctos, dice el estudio, reduciría las emisiones de dióxido de carbono 36 % por debajo de la línea base de los acuerdos climáticos y estaría en línea con la meta de mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 grados, aumentar los ingresos fiscales en 3,8% del PBI y reducir en 900.000 el número de muertes anuales atribuibles a la polución ambiental.
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Ignorar estos costos, enfatiza, es el principal factor detrás del aumento de los subsidios a los combustibles, al punto que explica el 42% del total, seguido por el calentamiento ambiental (29%), externalidades y efectos como la congestión y los accidentes viales (15%), subsidios explícitos (8%) y pérdidas de ingreso (6%).
Considerando los costos de producción de cada combustible, su efecto sobre el calentamiento ambiental, la polución del aire y la congestión vial, el estudio estima que en el caso de la Argentina los subsidios equivalen al 85% del costo “verdadero” del carbón, a cerca del 50% en el caso del gas natural y de la nafta y a casi 60% en el caso del gasoil, principal combustible del transporte de cargas (camiones) y del transporte público de pasajeros (colectivos urbanos, suburbanos y de larga distancia).
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Subsidios por habitante
Un anexo en el que se calcula el costo total de los subsidios (explícitos e implícitos), estima que para la Argentina equivalían, en 2018, a USD 29.000 millones, o 7,44 % del PBI, a razón de USD 644 anuales por habitante. En términos per cápita, es un valor muy inferior al de los países más subsidiadores y contaminadores, como Arabia Saudita, Rusia, EEUU, Corea del Norte, Japón, China y Australia, pero superior al de países en desarrollo como México, Brasil, la India, Indonesia, y de algunos europeos como Francia y el Reino Unido.
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Además, en función de los compromisos asumidos por la Argentina en el Acuerdo de París sobre cambio climático, de alcanzar “neutralidad” ambiental en el año 2050, el estudio calcula que el país tuvo el año pasado 18.319 “muertes prematuras”, imputables a la contaminación ambiental derivada del uso de combustibles fósiles. Esas cifras surgen de modelos que también asignan a otros países, en especial aquellos de matriz energética muy dependiente del carbón, alto número de muertes “climáticas”. Por caso, 1,7 millones a China, 1,6 millones a la India, 123.000 a Rusia, 115.000 a EEUU y 84.000 a Brasil.
El estudio reconoce que aumentar los precios de los combustibles es “políticamente difícil por varios motivos, incluidas las cargas que supone para grupos vulnerables”. Por eso, prosigue, una estrategia amplia deber incluir medidas de asistencia a hogares de bajos ingresos, trabajadores desplazados y regiones y empresas expuestas, usando los ingresos que generen las reformas para “impulsar la economía de un modo equitativo y que contribuya a la aceptabilidad " de los aumentos.
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El debate sobre los subsidios “implícitos”, de no cargar al precio de los combustibles su efecto ambiental, luce lejano para la Argentina, pero el énfasis fiscal del estudio del FMI anticipa una dura negociación, en la que Guzmán se sentirá de un lado fortalecido para vencer las resistencias internas a su intención de aumentar las tarifas y recortar los subsidios “explícitos”, y del otro desafiado en el de por sí difícil objetivo de refinanciar los USD 45.000 millones que la Argentina le debe al organismo internacional.
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