A pocos días de que entren en vigencia, la Secretaría de Energía, una dependencia que según el organigrama depende del ministro de Economía Martín Guzmán, decidió suspender un concurso para la adjudicación de contratos de transporte de combustibles para centrales eléctricas que debían comenzar a regir a partir de este viernes 1º de octubre. La decisión afectó a dos empresas: Antares y Horamar.
La decisión volvió a mostrar las internas dentro de la Secretaría de Energía, un sector clave para el Gobierno de Alberto Fernández. Los nuevos contratos habían sido impulsados por Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se estimaba que con la convocatoria se reduciría en un 10% el costo de contratación con respecto a la tarifa actual.
La información sobre la anulación volvió a mostrar las internas dentro de la Secretaría de Energía. Los nuevos contratos habían sido impulsados por Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica
Sin embargo, el secretario de Energía Darío Martínez envió a Cammesa una nota solicitando la anulación esa licitación. Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía señalaron que la instrucción a Cammesa tuvo por objeto bajar aún más el costo del flete naval obtenido en la licitación ahora anulada, y también una baja en el costo fiscal asociado y preservar todos los puestos de trabajo. La información sobre la anulación fue publicada por el medio especializado EconoJournal.
Según la instrucción a Cammesa, los precios a ofertar en la nueva licitación no podrán superar las mejores ofertas recibidas para cada renglón de la licitación que se anuló y será obligación de todo oferente garantizar la continuidad laboral de todos los trabajadores. Con todo, atribuyeron la repercusión sobre el tema a “intereses empresarios” que confrontan por prestar este servicio.
También señalaron que a pesar de que la decisión se tomó muy cerca de la fecha de inicio, no había aun ningún contrato firmado ni adjudicación. “No hay ningún derecho adquirido. Ni lesión de ninguna característica a nadie”, explicaron.
Fuentes cercanas a la secretaría de Energía atribuyeron la repercusión sobre el tema a intereses empresarios que confrontan por prestar el servicio
Mientras tanto, fuentes cercanas a la Subsecretaría que lidera Basualdo señalaron que no tenían idea de que el secretario Martínez iba a firmar en contra de la licitación que ellos impulsaron y que desconocen cuáles fueron las razones. “La Subsecretaría no tiene nada que ver”, remarcaron.
Desde despachos oficiales se destacó que, históricamente, este servicio de contratación se realizaba mediante negociaciones directas con cada uno de los armadores involucrados, y fue la gestión de Martínez la que, por primera vez, realizó “convocatorias competitivas” a todas las navieras. El proceso, detallaron, busca asegurar abastecimiento y los puestos de trabajo.
Luego de que Cammesa informó los resultados de la compulsa, Energía entendió que los precios obtenidos podrían ser aún más convenientes. Y ordenó un nuevo proceso para lograr mejores condiciones económicas que las propuestas. “No existe empresa alguna a la que que se le haya adjudicado dicha licitación ya que la decisión fue suspender el acto buscando precios más convenientes estableciendo como techo para los costos, la mejor oferta presentada en cada reglón de la licitación suspendida”, afirmaron. Así, se encomendó a Cammesa fijar precios máximos que redundarán en un ahorro adicional respecto de la compulsa dejada sin efecto.
Cammesa es una sociedad anónima integrada por empresas que operan en el mercado eléctrico mayorista y el Estado Nacional. Entre sus funciones principales está la coordinación de las operaciones de despacho de energía eléctrica y el establecimiento de los precios mayoristas.
De acuerdo con la información de EconoJournal, la licitación apuntaba a concentrar más buques en los períodos de mayor demanda y mantener en servicio alijadores durante todo el año para garantizar la provisión ante eventualidades. En la licitación, habría habido alguna queja informal por presunta presentación fuera de término de documentación respaldatoria de parte de una de las empresas adjudicatarias.
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