El Gobierno espera con atención el dato de la pobreza del primer semestre del 2021, que para los expertos se ubicará muy cerca del resultado del primer semestre del 2020, un nivel muy alto que no tiene perspectivas de mejorar en forma sustancial pese al rebote económico.
Hace un año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informaba que la pobreza alcanzaba al 40,9% de la población, por lo que afectaba a 18,5 millones de personas y se transformaba en el peor número desde el 2004, a la salida de la crisis generada con el estallido de la convertibilidad. Seis meses después, precisó que ese número se elevó al 42%, frente al 35,5% de fines del 2019.
Los expertos indicaron que la mejora en el nivel de actividad del primer semestre de este año frente al 2020 no compensó el efecto combinado de la alta inflación y el pobre desempeño del mercado laboral formal
De la mano de una mayor apertura en la economía, luego de la severa cuarentena que se impuso en 2020, hay expectativas de que la cifra, al menos, no haya empeorado respecto de estos últimos datos. En este sentido, la actividad económica mostró una franca recuperación en los primeros siete meses del año, luego de la importante recesión del año pasado, que terminó con una caída del 10% en el PBI.
Sin embargo, la alta inflación y la escasa recuperación del mercado formal de trabajo se tradujeron en un mal resultado, una vez más, según los cuatro especialistas consultados por Infobae. Cabe recordar que en el primer semestre del 2020 hubo dos meses de actividad plena hasta el inicio de la pandemia y la cuarentena en marzo; en cuanto al nivel de precios, no se espera una mejora sustancial, sino más bien una aceleración después de las elecciones de noviembre, con un 46% a fin de este año y el 42% en 2022.
El experto de la UTDT Martín González Rozada dijo que “la información actualizada de los deciles de ingreso que publicó esta semana el Indec sugiere que la estimación puntual estaría un poquito por debajo del 42%; cuánto por debajo es más difícil de estimar. Por la información del mercado de trabajo del primer trimestre, parecería que el Indec dejó de ajustar los ponderadores por el cambio de modalidad del relevamiento que se hizo durante 2020″.
“Esto parece así porque en el informe del mercado de trabajo del segundo trimestre de 2021 se volvió al relevamiento mixto (telefónico y presencial) pero no se aclara explícitamente si se volvieron a ajustar los ponderadores como se hizo a partir del segundo trimestre del año pasado. Mi impresión es que si no ajustan probablemente esté más cerca del 40%, mientras que si ajustan es probable que se acerque más al 42 por ciento”, indicó González Rozada. En tanto, para el segundo semestre el experto prevé “un registro similar al del primer semestre; no creo que cambie demasiado la medición”.
”Parecería que el Indec dejó de ajustar los ponderadores por el cambio de modalidad del relevamiento que se hizo durante 2020″ (González Rosada)
Por su parte, Leonardo Tornarolli del CEDLAS afirmó que “la tasa de pobreza va a tener una leve caída a niveles similares a los del primer semestre del año pasado (cuando fue 40,9%). Creo que se va a ubicar cercana a 40,7%, tal vez incluso un par de décimas menos”.
“Si bien en los primeros 6 meses del año la inflación fue elevada, hubo una reactivación, particularmente en el primer trimestre del año. En ese trimestre, la pobreza fue aproximadamente 39.5% (los ingresos incluyen aguinaldos), mientras que en el segundo trimestre (donde los ingresos no incluyen aguinaldos, y además hubo algunas semanas de restricciones de movilidad) se habría ubicado alrededor de 41.9%. El promedio de los dos trimestres sería entonces 40.7%, que es el número semestral que Indec informaría mañana”, precisó.
En cuanto a las proyecciones para la segunda mitad del año, el experto del Cedlas dijo que es posible que haya una mejora. “La normalización de la situación de pandemia, más los estímulos pre electorales es probable que tengan un efecto positivo, aunque de corto plazo, en la tasa de pobreza. No sería raro que baje del 40% en el segundo semestre, pero aún se va a seguir ubicando en niveles superiores a los de pre pandemia”.
En este sentido, aclaró que “no está para nada claro ahora mismo que las mejoras sean sostenibles a mediano plazo. Quedan demasiados desbalances macroeconómicos por resolver para contar con un sendero más propicio y sostenible de reducción de la pobreza”.
Desde el equipo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA Eduardo Donza sostuvo que “el dato va a estar algo por arriba del 40%, porque el mercado de trabajo no se recuperó”.
“Hay sectores que han mejorado en términos macroeconómicos, pero no sé cuánto aportan al mercado de trabajo, donde no sube la tasa de empleo. A eso se suma la alta inflación, que atenta mucho con el nivel de vida. Es raro que la tasa de pobreza sea mejor, porque hubo una pérdida de puestos de trabajo, inflación importante y pérdida de ingresos; todo esto resulta en una situación muy adversa”, aclaró Donza.
“La tasa de pobreza va a tener una leve caída a niveles similares a los del primer semestre del año pasado. Creo que se va a ubicar cercana a 40,7%, tal vez incluso un par de décimas menos” (Tornarolli)
“Son problemas estructurales, por una estructura productiva que no mejora, pese al esfuerzo de todos los argentinos de financiar programas sociales, pero el desafío es transformarlos en empleo genuino. Si no aumenta la producción, estamos en serios problemas, porque la torta se está achicando y se necesitan acuerdos entre todos los sectores”, concluyó el experto de la UCA.
Por su parte, el consultor Artemio López, titular de Equis, dijo que “dado el aumento de canasta ampliada y el estancamiento de ingresos comparado seguramente habrá de aumentar , el número es aleatorio pero la tendencia es a la suba”.
“No hay que olvidarse que hay 2,3 millones de trabajadores formales que ganan menos que lo q se requiere para superar la línea de pobreza en su hogar; el salario promedio de la economía es 86.000 pesos y la línea de pobreza metropolitana de un hogar de cuatro personas es de 67.000 pesos”, explicó López.
Y, “en el terreno informal es peor y en el cuentapropismo lo mismo; tenemos una situación distributiva solo comparable al 2002, donde el 20% más rico toma el 50% de ingreso y el 20% más pobre accede apenas al 4% del ingreso total; ahí tenés la clave de la robustez de la pobreza en el país y su permanencia”, advirtió.
Las medidas del Gobierno
Por su parte, desde la cartera de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta destacaron los programas que han implementado para los sectores más desprotegidos, luego de la eliminación del IFE por parte del Ministerio de Economía a fines del 2020:
- Tarjeta Alimentar: Al cierre del primer semestre 2021 se acreditaron un total de 2.320.569 titulares de tarjetas, que alcanzan un total de 3.885.487 destinatarios (3.727.560 hijos e hijas, 109.395 embarazadas y 48.532 hijos e hijas con discapacidad). La inversión en todo el período fue de $75.600 millones y la Tarjeta Alimentar canaliza 18 mil millones de pesos mensuales.
“No hay que olvidarse que hay 2.3 millones de trabajadores formales que ganan menos que lo q se requiere para superar la línea de pobreza en su hogar” (Artemio López)
- Comedores Escolares: La actividad busca mejorar los servicios alimentarios en las escuelas, financiando un refuerzo de la dieta en aquellas a las que concurren niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo socio educativo, y de acuerdo con los criterios fijados en los proyectos de financiamiento, en el marco de los programas provinciales. En este caso, se transfirieron 8.500 millones de pesos.
- Comedores Comunitarios: Desde comienzos de 2021 se ha transferido, para comedores comunitarios y merenderos, un monto total que supera los 3.400 millones de pesos.
- Módulos alimentarios: A través de la compra centralizada y el envío directo de alimentos a granel, para el armado de módulos a organismos no gubernamentales, se reforzaron las prestaciones que se brindan en el territorio. En el primer semestre 2021, se entregaron 27.600 kilos de alimentos.
- Módulos covid: esta línea de acción consiste en financiar la adquisición de alimentos secos y frescos para cubrir las prestaciones alimentarias de familias en situación de vulnerabilidad social, mediante la entrega de módulos alimentarios para atender contextos críticos como la emergencia alimentaria y sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. En este plan se establecieron convenios con 70 gobiernos municipales y 21 gobernaciones; en total, se invirtieron 1.440 millones de pesos.
En el plano laboral, la Secretaría de Integración Socio Urbana trabaja en la urbanización de 256 barrios con un monto ejecutado que supera los 17 mil millones de pesos, por el que se benefician 92.811 familias y se generan 6.128 puestos de trabajo. Además, la cartera que lidera Zabaleta lleva adelante el programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”, que busca entregar insumos, herramientas y equipamiento a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, para que generen una fuente de ingresos genuinos y mitiguen “los factores de riesgo y exclusión provocados por el contexto de la emergencia social”, según se informó. Desde enero “se financiaron 95 convenios en 22 provincias, por un monto de 741 millones de pesos, llevados adelante por 68 organizaciones gubernamentales y 42 organizaciones sociales”.
La opinión desde la política
Al respecto, el ex ministro y actual candidato a diputado nacional por el oficialismo Daniel Arroyo dijo a Infobae que “hay dos problemas centrales: el precio de los alimentos y la deuda de las familias; se observa más actividad económica: el que se mueve consigue un laburo, pero si hace changas igual tiene que ir al comedor”.
“En la calle hay una demanda de trabajo y por el precio de los alimentos; es importante que se consolide el valor de referencia sobre 70 productos en el que trabaja el Ministerio de Desarrollo productivo. Y, por el lado laboral, no hay un aumento del trabajo formal; las empresas están ocupando la capacidad instalada previamente”. Para cambiar esta situación “se necesita un proceso de crecimiento sostenido en determinados sectores que son mano de obra intensiva, como el textil y la construcción”.
Además, Arroyo dijo que la reconversión de planes sociales en empleos que reclaman algunos líderes de los movimientos sociales “ya se puede hacer, porque la persona que trabaja no pierde su plan, pero en términos prácticos hay poca demanda de trabajadores formales y la gente que tiene planes sociales, trabaja además”.
”Hay dos problemas centrales: el precio de los alimentos y la deuda de las familias; se observa más actividad económica: el que se mueve consigue un laburo, pero si hace changas igual tiene que ir al comedor (Arroyo)
“La clave es otorgarle a esa gente que trabaja en forma autónoma crédito bancario para que se capitalice, a una tasa del 3% anual con fondos públicos y privados, para producción y no consumo”.
Desde la oposición, el diputado nacional Fabio Quetglas sostuvo que, dadas estas condiciones, “es posible que la pobreza haya bajado levemente por las aperturas de este año, en términos de ocupación de gente”. Sin embargo, advirtió que “la Argentina tiene una tasa de pobreza del 25% o más desde 1998; o a, ya van más de dos décadas con un cuarto de la población bajo la pobreza y, cuando la situación se complica, el número se va arriba del 35 por ciento”.
“Y esto va más allá de la macro, porque en el ciclo de crecimiento más largo del 2003-2009 no perforaste ese piso del 25 por ciento”, se lamentó el legislador radical, que subrayó que la peor parte se la llevan los jóvenes y las mujeres.
Por otra parte, Quetglas dijo que “el stock de políticas sociales en la Argentina ya muestra su agotamiento, porque no cumple con su objetivo final que es favorecer el acceso pleno a los derechos por parte de los ciudadanos, más allá de cuánto se gasta, si es mucho o poco”.
“La política social se ha dirigido a contener la pobreza, eso es lógico pero insuficiente para reducirla”, sentenció. Y, de inmediato, aclaró que “una cosa es la pobreza y la otra es la exclusión, que tiene un costo muy alto en términos de gestión pública” y que parece estar destinada a permanecer como un elemento ya naturalizado de la sociedad argentina en este siglo.
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