Nacionalización de los depósitos: un proyecto de Perón que para los economistas es un “disparate” y una idea irresponsable

Como casi medio siglo atrás, un legislador del oficialismo sorprendió a propios y extraños con la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para “reformar el sistema financiero para la reactivación económica y la reconstrucción nacional”, con el propósito de “proteger los ahorros de los argentinos” y “recuperar el crédito y reactivar la economía”.

Se trata del diputado jujeño José Luis Martiarena que rápidamente fue desautorizado por el entorno de Máximo Kirchner que rápidamente dejó en claro que “la iniciativa es a título personal del diputado y que no representa al Frente de Todos”.

Así también lo entendió el mercado que al conocer la noticia no cambió el clima de desconfianza en la coyuntura económica, la cual se manifiesta con nitidez en la afirmación del índice de Riesgo País por arriba de los 1.600 puntos básicos; y de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los financieros alternativos por arriba del 80 por ciento.

Dos experiencias con rotundos fracasos

La primera experiencia de disponer el Estado de la totalidad del ahorro privado data de 1946 cuando el presidente Juan Domingo Perón tomó dos decisiones claves en su objetivo de avanzar en el camino hacia la “soberanía económica”: una, convertir en ley la nacionalización del Banco Central; la otra, la nacionalización de los depósitos bancarios, hasta entonces potestad de la banca privada.

Según las noticias de la época Perón, en su discurso a la Asamblea Legislativa del 26 de octubre de 1946 dijo: “organizados como un perfecto monopolio, los bancos estaban divididos a través de un pool cerrado, en el cual las entidades particulares podían imponer su criterio en asambleas, sobre los bancos oficiales o mixtos. Así, los bancos privados con solo un aporte inicial de 30,4% del capital, tenían el extraordinario privilegio de manejar las asambleas, custodiar el oro de la Nación y el ejercicio de todas las facultades de Gobierno, indelegables por razones de soberanía estatal. El Banco Central promovía la inflación, contra la cual aparentaba luchar, violando el artículo 40 de su Carta Orgánica y emitiendo billetes sin limitación, contra las divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podía disponer en el momento de su emisión. En otras palabras, se confabulaba contra la Nación y se actuaba visiblemente en favor de intereses foráneos e internacionales. Por eso, su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de los últimos 50 años”.

Se trata de viejos prejuicios, en busca de ocultar el histórico desmanejo de los fondos públicos, que se manifestaron en fugas de capitales, aceleración de la inflación y estancamiento de la economía.

Casi 30 años después, con el regreso del justicialismo a la presidencia de la Nación, entre 1973 y 1974, se vuelve a insistir con “nacionalización de los depósitos”, de modo que la banca privada perdiera autonomía para administrar los ahorros que reciben de sus clientes, porque para cada operación debía recurrir a la autorización expresa del Banco Central, quien de esa forma direccionaba el crédito con fines políticos, hacia los sectores productivos, comerciales y obras de infraestructura y entidades de bien común, en lugar de sustentarse en criterios de eficiencia y normas prudenciales que garanticen la devolución de los depósitos a los clientes.

Naturalmente, fue el comienzo de la fuga acelerada del peso y la búsqueda de refugio en activos externos fuera del sistema bancario, como se mantiene en la actualidad, y que ha llevado a operar con uno de los sistemas financieros más pequeños del planeta, medido por la relación del monto total depósitos y créditos al sector privado en términos del PBI.

De ahí que el consenso de los economistas y especialistas en temas monetarios y financieros coincidieran en destacar, ante la consulta de Infobae sobre la iniciativa del diputado Martiarena, que se trata de “disparate”, “ilógica”, “ridícula”, “imprudente”, “irresponsable”, más aún porque el Banco Central impone severas restricciones a la disponibilidad plena de los depósitos privados, con encajes obligatorios, normas prudenciales y orientación de líneas específicas para las pyme, entre muchas otras.

No son muchos los antecedentes de nacionalización de este tipo que se concretaron. Un ejemplo podría ser lo que sucedió en Cuba luego de la revolución castrista –y en Rusia, antes, en 1917– y México, en 1982, bajo la presidencia de José López Portillo, cuando se nacionalizó la banca local. Claro, casi todos son casos que se dieron en medio de fuertes crisis económicas en la que el Estado fue una suerte de garante. También en 1982, y por dos años, Francia encabezó un proceso similar. Luego, con la crisis de 2008 hubo ejemplos puntuales en varios países. La crisis de Grecia, en 2015, fue otro ejemplo que podría asemejarse.

Orlando Ferreres, el ex viceministro de Economía dijo: “Es una locura que se proponga eso, no tiene sentido, es ridículo que sea aprobado, en el 74 se intentó algo parcial, pero fracasó. No hay antecedentes en el mundo, salvo alguna excepción; carece de lógica, se va a desconfiar más de la administración de Gobierno. No tiene sentido para nadie, ni para los más ricos y ni para los más pobres, porque nadie va a querer confiar sus ahorros a un Estado que pierde credibilidad aceleradamente”.

Horacio Liendo, abogado, experto en finanzas que fue director del Banco Central y secretario de Coordinación del Ministerio de Economía en los tiempos en que se instrumentó la Convertibilidad fija entre el peso y el dólar, destacó: “No aprenden más; no tiene ni pie ni cabeza. Ya existió en el 73/74 y fue un desastre, porque los bancos dejaron de captar depósitos por cuenta propia, y no podían hacer nada sin autorización del Banco Central. Además, eso no va a resolver el problema de la falta de crédito que tiene como causa todas las medidas que atentaron contra la propiedad de los depósitos privados; y el poco crédito que hay lo toma el Estado, a través de la colocación de Leliq y Pases en los bancos para financiar el déficit fiscal. De modo, que va a ahuyentar aun más los depósitos de la banca. No existe en los países que buscan potenciar la dinámica y creatividad del sector privado para desarrollarse eficientemente”.

María Castiglioni del Estudio Tiscornia y Asociados: “Es totalmente imprudente. Más en este momento de alta desconfianza, porque con la elevada tasa de inflación ya hay un desaliento a quedarse en la moneda nacional, y con la nacionalización de los depósitos va a ser peor, porque propone indisponer los recursos privados. Resultó positivo que el bloque oficialista saliera rápidamente a desautorizar la iniciativa, justo cuando el nuevo Gabinete está anunciando medidas para ponerle plata en los bolsillos de la gente pese a que no cuenta con los recursos para financiarlo, y por eso se amplía la brecha cambiaria y sube el riesgo país”.

Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra: “No hace falta ni comentarlo, es un disparate. Sería una tragedia una medida de esa naturaleza. No tiene sentido. Podría disparar una crisis cambiaria y una hecatombe financiera, porque los ahorristas se apresurarían a retirar los depósitos de los bancos antes de que la medida sea debatida en el Congreso”.

Si el Gobierno quiere reactivar el crédito y reimpulsar la economía para superar un trienio en recesión y más de una década sin crecimiento real del PBI por habitante, se necesita presentar un plan económico sustentable, con metas presupuestarias creíbles que busquen reducir el gasto público discrecional, bajar la presión tributaria y eliminar todas las trabas al desarrollo de las actividades productivas y comerciales, tanto interna como con el resto del mundo. Nada de eso se advierte en la presentación del Presupuesto 2022, el 15 de septiembre último.

De lo contrario, persistirá la huida del dinero y la búsqueda de refugio en activos externos que sólo conducen a mantener elevada la pobreza y el estancamiento de la economía en su conjunto.

SEGUIR LEYENDO: