A Martín Guzmán se le terminó la ventriloquía de hablarle a la política, y en particular a la vicepresidente Cristina Kirchner, con el presupuesto, y al FMI con su ejecución, dice un informe sobre el cuadro fiscal del tramo final de 2021 y el proyecto oficial de “ley de leyes” del año próximo.
El informe subraya la discusión en torno de medidas con las que el Gobierno pretende revertir el resultado electoral de las PASO, para discernir si serán gastos transitorios o permanentes y cómo afectarán la sustentabilidad a mediano y largo plazo.
Hasta ahora, observa Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, el ministro llevó a cabo “una estrategia por la cual presenta proyectos de presupuesto con desequilibrios fiscales altos, para conformar a un sector político del gobierno, pero en los hechos lleva a cabo una política fiscal más cuidadosa, de modo de exhibir menor déficit que el presupuestado”.
¿El objetivo? “Convencer a los funcionarios del FMI, a quienes seguramente alerta que deben mirar los números de la realidad y no los del presupuesto, ni tampoco prestarle mucha atención a la discusión política interna, siempre a trasmano de la racionalidad económica”, dice el estudio. Pero ese juego se terminó, explica, porque “el resultado electoral de las PASO ha puesto a Guzmán en una encrucijada de su estrategia bifronte: se le exige cumplir con el déficit fiscal del presupuesto 2021, aunque eso implique ejecutar un aumento del gasto en los últimos meses del año que podría poner en riesgo las cuentas públicas a largo plazo”.
Gastemos
Para llegar a 4% de déficit (sin contar los DEGs que envió el FMI), como ahora dice Guzmán que cerrará el año, el gasto real mensual promedio hasta fin de año debe ser similar al de los meses de 2020 en que se pagaban programas como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia, 3 pagos, a unas 9 millones de personas) y el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción, cubría parte de los salarios de empleados de empresas afectadas por las restricciones). En tal caso, el gasto será en promedio de 1 billón (millón de millones) de pesos por mes, pero seguramente mayor en octubre y noviembre, en vísperas de las elecciones legislativas.
Se trata de una estrategia riesgosa, sobre todo por la inercia y la carga para los próximos años, en un país poco ejemplar. Al respecto, Capello recuerda que la Argentina pasó 80% de los últimos 50 años con déficit fiscal y repetidos procesos inflacionarios y/o de alto endeudamiento, lapso que abarcó 4 décadas de inflación alta o muy alta, 3 hiperinflaciones, 4 defaults y 5 grandes crisis macroeconómicas, cuyos efectos sociales y sobre la seguridad jurídica aún perduran. En ese contexto, tras un default reciente y un déficit fiscal primario de 6,5% del PBI en 2020, paradójicamente hoy se discute cómo “lograr” un déficit mayor al que se vislumbraba inicialmente de modo que, en la parte final del año la línea de aumento del gasto (amarilla en el gráfico de abajo) supere a la verde de los recursos.
Capello apunta que “típicamente se considera a una política fiscal como expansiva si existe déficit fiscal o, si se lo plantea en términos dinámicos, si el déficit fiscal sube, con relación al PIB”. Un punto de referencia es agosto, mes previo a la derrota oficialista en las PASO, cuando el déficit primario a valores constantes cayó 8% interanual, pese a que el gasto primario real subió un 9%, debido a un aumento real del 12% de los recursos. Esto es, bajó el déficit (el énfasis de Cristina), pero subió el gasto (el de Guzmán). Esto, dice el estudio, “plantea riesgos a futuro, pues en 2021 los recursos subieron mucho en buena parte por causas extraordinarias, mientras el aumento del gasto suele convertirse en permanente”.
Anatomía regresiva
La anatomía de esa dinámica fue regresiva. Aumentaron muy por sobre la inflación (que fue de 51%), las transferencias de capital a provincias (351%), la Inversión Real Directa (215%) y los subsidios a Energía y Transporte (252%, contraparte del atraso tarifario), todas decisiones de fútil corte electoral y el gasto en jubilaciones subió 46%, cinco puntos menos que la inflación. Así de enero a agosto el déficit fue de 1,1% del PBI, contra 4,2% de igual período de 2020 (mucho más afectado por la pandemia) y un superávit de 0,2% en igual período de 2019. Capello remonta la evolución de los subsidios hasta 2002, con un pico en 2014, cuando llegaron a 5% del PBI, un descenso posterior hasta 2019 y otra escalada, hasta 2,8% el año pasado, que según Guzmán debería retroceder a 2,2% el año próximo (abajo).
La situación empezó a darse vuelta en septiembre, cuando el ritmo de los gastos pasó al frente y hará que el déficit crezca “al menos hasta fin de año”. Asumiendo que en los últimos 4 meses la recaudación real resulte 15% menor a la de enero–agosto, Capello estimó que para cumplir con los reclamos de Cristina, el gasto real debe aumentar 16% respecto de los primeros 8 meses, a niveles “similares a mayo y septiembre de 2020, en plena pandemia y con pagos de IFE, ATP y otras ayudas sociales vigentes”.
De ahí resulta la friolera del gasto medio para el final del año. Puesto en números: $ 1.000.000.000.000 al mes
El presupuesto 2022 y después
Allí Capello se hace una pregunta prospectiva. “Si el oficialismo repite una mala elección en noviembre y vislumbra una derrota en 2023, ¿estará realmente interesado en dejar un esquema fiscal ordenado?”. Para alinear incentivos y contrarrestar tendencias oportunistas, observa, es necesario un acuerdo con el FMI “a más tardar en marzo de 2022″, con metas fiscales a corto, mediano y largo plazo, condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr una macroeconomía sana.
Si el oficialismo repite una mala elección en noviembre y vislumbra una derrota en 2023, ¿estará realmente interesado en dejar un esquema fiscal ordenado?
Uno de los problemas es que en la actual discusión intervienen “quienes entre 2011 y 2015 llevaron nuevamente al sector público nacional a un profundo déficit fiscal, que sirvió de disparador para el último gran período de endeudamiento argentino (entre 2014 e inicios de 2018), germen otra vez presente, desde el momento que en 2020 y en 2021 el déficit fiscal resulta nuevamente alto”. El estudio señala también que el proyecto de presupuesto 2022 “consolida un nivel de gasto difícilmente sustentable a largo plazo”, como se refleja en que “el nivel de gasto primario previsto, equivalente a 21,8% del PBI, supera las erogaciones “sin pandemia” de 2020 y 2021 y es muy superior al 18,5% del PBI observado en 2019.
De ese modo, “otra vez, la Argentina habrá salido de una crisis consolidando un nivel de gasto mayor, aún después de pasados los efectos de la crisis”, observa Capello, quien recuerda que “si hay déficit, hay endeudamiento” y así será imposible reducir el ratio Deuda/PBI a partir de 2023, cuando se necesitará además un pequeño superávit. Ese año, recuerda, “comenzarán a pesar los servicios de la deuda privada refinanciada, por lo que aun logrando un roll-over importante de los vencimientos, se necesitaría aunque sea un pequeño superávit primario, que debiera incrementarse en los años subsiguientes, para pagar al menos una porción de la deuda que vence”.
Según el presupuesto que elaboró Guzmán, el año próximo el déficit sería de 3,3% del PBI, por lo que conseguir aunque sea un leve superávit en 2023 implicaría hacer un ajuste cercano al 4% del PBI en solo un año, algo muy poco factible.
Es probable, señala el autor, que el ministro tenga en mente un esquema similar al que había pensado para 2021: que el presupuesto, armado para la política, exhiba un mayor déficit que el que realmente piensa ejecutar”.
El efecto de las PASO ya desarmó ese recurso este año, ¿afectará también los números de 2022?
Fuego amigo
A la polémica entre Cristina Kirchner y Guzmán, que además de política económica incluye vanidad intelectual, se sumaron voces usualmente ajenas a la aridez fiscal, como la de Fernando Esteche. El kirchnerista exlíder de Quebracho retuiteó al economista Juan Valerdi, asesor del BCRA y funcionario de la Oficina de Presupuesto de Economía en anteriores gobiernos kirchneristas, que desmintió la desmentida del ministro.
Valerdi, que se define como “economista peronista alérgico a los economistas que hacen trampa y que se pasaron la vida en la academia y simuladores de vuelo y ahora pretenden manejar este complicado avión con 44 millones de habitantes”, le apuntó directamente a Guzmán.
“Dado que dijo que Cristina estaba equivocada y que no hay ajuste, me obligó a mirar los datos del presupuesto y confirmo que el ministro miente o engaña y Cristina tiene razón”, dijo el economista en una entrevista y en base a datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso precisó que hasta agosto los ingresos subieron 74,9% (aumento real del 20%) y los gastos el 30,9% (caída real del 10%), con los subsidios económicos subiendo 30% y las prestaciones sociales (IFE, ATP y jubilaciones), cayendo 16 por ciento.
“Eso en mi barrio es ajuste fiscal”, aseguró Valerdi.
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