Jubilaciones anticipadas: el Gobierno analiza otorgarlas a personas de 55 años con tres décadas de aportes

En el paquete de medidas que prevé lanzar el Gobierno se analiza otorgar una jubilación anticipada a personas que tengan cumplidos los 30 años de aportes pero que todavía no alcancen la edad jubilatoria: mujeres entre 55 y 59 años y hombres entre 60 y 64 años. En ese caso, podrán jubilarse con una parte —un porcentaje aun no definido— del haber jubilatorio que le correspondería.

Según confirmaron desde la Anses, se están ultimando los detalles. La idea es que puedan acceder quienes ya cumplieron con los 30 años de aportes, que en este momento se encuentran sin trabajo registrado pero que aún no cuentan con la edad para jubilarse. En su mayoría —calculan que el 90%— serían hombres.

Hoy la edad jubilatoria es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. La medida no sería del todo nueva, ya que hubo una experiencia similar en el año 2004, cuando a través de la Ley 25.994 se creo una Prestación Anticipada por Desempleo (PAD) que implicaba cobrar una jubilación cuyo valor era la mitad de la que correspondería al cumplir la edad.

Aunque los especialistas consideran que la medida es positiva, advierten sobre los recursos necesarios para su financiamiento. “Como medida social protectiva, es valiosa y necesaria, pero, como siempre, el tema central termina siendo el costo, y su financiamiento. No debería ser muy grande el universo de gente que ya tiene el requisito de años de servicio y solo le falte el de edad”, advirtió la abogada Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

“La realidad es que el financiamiento de esta medida no debería estar a cargo del presupuesto previsional, porque sino seguimos confundiendo todo. Es una medida de excepción”, agregó.

Eugenio Semino, director del área de Tercera Edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, recordó que entre entre 2005 y 2007, cuando estaba vigente la Prestación anticipada por desempleo (PAD) se inscribieron en ese momento 50.000 personas. Desde entonces, hubo dos proyectos similares en el Congreso, uno de la diputada Alicia Terada y otro de la diputada Mirta Tundis, que nunca llegaron a debatirse.

“Esta prestación anticipada por desempleo, si se presenta, está muy bien para los pocos que la puedan recibir. Pero el universo es muy limitado porque no tienen que tener otro ingreso, ni pensiones contributivas ni subsidios. Son medidas efectistas, que le vienen bien a los pocos que están en condiciones de recibirlos. Y en el fondo tratan de tapar que 5 millones de jubilados con sus $25.000 no cubren el 30% de sus necesidades básicas”, destacó Semino.

Para los economistas, la aplicación de una jubilación anticipada depende de cómo se va a financiar pero también de no generar un incentivo para que los posibles beneficiarios se pasen de la formalidad a la informalidad.

“El sistema previsional es hoy la fuente principal de desequilibrio fiscal y una de las razones de nuestras crisis recurrentes. La PUAM (pensión al adulto mayor) y las moratorias suman jubilados, mientras los trabajadores formales que aportan son cada vez menos. Después de reducir el valor real de las jubilaciones para contener el gasto, ahora el Gobierno analiza agregar beneficiarios. Tal vez, imagine que perdió esos votos porque no puso dinero en el bolsillo del votante minutos antes de la elección, y piense hacer eso en los próximos dos meses, con un costo fiscal que pesará por muchos años”, analizó Eduardo Levy Yeyati.

“Puede ser una reactivacion de la PAD (Prestación o Jubilación Anticipada por Desempleo) de 2005, que benefició a los que perdieron el trabajo en la crisis de la convertibilidad y quedaron demasiado adultos para reinsertarse, como ahora con la pandemia. Si es así, deben ser unos 50.000 los beneficiarios y no sería tan grave, en parte se justifica por la emergencia laboral”, agregó.

“Me parece bien que alguien que tiene 30 años de aporte pueda tener un beneficio anticipado. Es una idea razonable. El problema está en cuánto va a poder retirar antes de su jubilación y en qué medida eso desfinancia al sistema. Porque esa persona estaría cobrando por cinco años más pero no agrega aporte. Lo mejor sería que no lo financie la seguridad social”, señaló Juan Luis Bour.

Sin embargo, para el economista el principal problema es otro: la medida puede generar un incentivo para la informalidad. “Probablemente se termine informalizando a más gente mientras se está esquivando el verdadero problema que es la falta de empleo. En un país donde más del 40% de la economía es informal. Mientras tanto, la seguridad social tiene que hacerse cargo de algo más. La idea es positiva en la medida de que se pueda calibrar desde lo financiero”, indicó Bour.

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