Hoy se pagarán USD 1.870 millones al FMI y el equipo económico avanza en la negociación del acuerdo a la espera del aval político

Las negociaciones con el FMI ya pasaron largamente el año completo de duración y las elecciones parlamentarias pusieron al nuevo programa financiero que reemplazará al firmado en 2018 en un segundo plano de la agenda del Gobierno. En el equipo económico del gabinete dejaron trascender en las últimas horas que el trabajo con el staff técnico ya está completado y que lo que le falta es un último empujón político que contemple el aval de todos los sectores de la coalición oficialista.

El Ministerio de Economía deberá abonar este miércoles USD 1.870 millones al Fondo Monetario Internacional en lo que configurará el primer pago de capital del acuerdo Stand By firmado durante el mandato de Mauricio Macri. Hasta esta fecha, los giros trimestrales que hizo el Tesoro hacia Washington se trataron centralmente de intereses.

El pago será realizado con los propios derechos especiales de giro (DEG) que el organismo envió a la Argentina hace un mes, cuando repartió unos USD 650.000 millones entre los países miembro como parte de un paquete de financiamiento de medidas contra el Covid. Al país le tocaron unos USD 4.300 millones de ese total.

Por eso, tal como había quedado determinado tras un debate interno en el Frente de Todos sobre qué utilización se le daría a ese ingreso extra desde el FMI, los DEG en poder del Ministerio de Economía finalmente tendrá una doble función: por un lado cancelarán ese vencimiento de capital y, por otro, serán vendidos al Banco Central para conseguir un financiamiento en pesos cercano a los $420.000 millones.

Esto se dará mientras el Gobierno aún mantiene abiertas las conversaciones con los técnicos del Fondo Monetario para conseguir la firma de un programa financiero a 10 años que reestructure los USD 45.000 millones que se necesitan devolver, de los cuales la mayor parte tienen como fecha de pago entre 2022 y 2023.

En el Ministerio de Economía, que lidera las negociaciones, aseguran que el acuerdo no está cerrado porque aún restan cuestiones técnicas a definir, como por ejemplo la política de sobrecargos de tasas de interés que tiene el organismo para los países que firman programas de financiamiento. A la Argentina, estiman, esas tasas le cuestan unos 900 millones de dólares por año.

En otras áreas del gabinete económico, ahora ratificado tras el recambio de ministros de los últimos días, van más allá y arriesgan que las cuestiones centrales del acuerdo ya están acordadas y que esperan la luz verde de todos los sectores del Frente de Todos para concretarlo, según aseguró una alta fuente del equipo económico a Infobae. Sin decirlo, apuntan directamente al ala oficialista que responde a Cristina Kirchner que, aseguran, considera que un programa nuevo con el FMI no debería salir durante los meses de elecciones.

“Si hay algún detalle técnico por cerrar se puede hacer rápido, el resto del acuerdo está cerrado”, se confiaron. Incluso desde un despacho oficial eligieron contraatacar a la otra orilla del oficialismo, que en los últimos días pidieron el puesto de Martín Guzmán y de Matías Kulfas. “Con la plata que hay que pagarle al FMI este mes podrías haber aumentado el gasto público, seguir demorando el acuerdo te sale caro”, cuestionaron.

Consultados por este medio, desde el Fondo Monetario Internacional eligieron no agregar comentarios a los que realizó el portavoz del organismo Gerry Rice el jueves pasado, en conferencia de prensa: “Continuamos el trabajo con las autoridades para profundizar las discusiones técnicas y llegar a un acuerdo auspiciado por el FMI que siente las bases para un crecimiento sustentable e inclusivo y que ayude a la Argentina a superar los desafíos que presenta. No tenemos una actualización sobre el timing del nuevo programa”, explicó.

Los pasos formales para un nuevo acuerdo podría continuar el mes próximo, cuando tendrá lugar la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre el 15 y 17 de octubre, en Washington. La presencia del jefe del Palacio de Hacienda en la capital norteamericana, de todas formas, aún no está confirmada, aunque el evento se realizará de manera híbrida in situ y virtual en simultáneo.

El intercambio de dardos entre el ala económica del Gobierno, cuyo núcleo responde al presidente Alberto Fernández, y el sector con terminal política en la vicepresidenta, se intensificó en los últimos días, aunque tampoco fueron una novedad en el paisaje frentetodista. La carta del jueves pasado de Cristina Kirchner criticó abiertamente el sendero de gasto público que encaró Guzmán en los primeros meses del año y reclamó una aceleración de las partidas presupuestarias.

Desde el equipo económico se defienden asegurando que la ejecución de fondos depende más de las decisiones de gestión diaria de cada ministerio que de una bajada de línea desde el Tesoro. Además repiten que no hubo un ajuste en las cuentas públicas, como acusan desde el otro borde de la coalición de gobierno.

Las fuentes del gabinete económico descartan, dado el contexto, que el acuerdo con el Fondo Monetario pueda concretarse en antes de las elecciones generales de noviembre, pero aguardan que sí sea antes del 22 de diciembre. Ese día el Ministerio de Economía debería efectuar un nuevo pago de vencimientos de capital por otros USD 1.870 millones al Fondo Monetario, también con los DEG recibidos hace un mes.

El Presupuesto 2022 que presentó Guzmán hace una semana en el Congreso da por sentado que habrá un nuevo programa financiero con el FMI que liberará al Estado de tener que afrontar pagos por cerca de USD 19.000 millones a Washington. De hecho, el ministro eligió distintas comparativas para graficar por qué alcanzar un acuerdo con el Fondo sería relevante para la economía.

En ese sentido, planteó que si se pagaran todos los compromisos financieros con el organismo en 2022 el Estado debería, por ejemplo, recortar en su totalidad la partida presupuestaria para obras públicas, y dejaría de poder cubrir el financiamiento de $733.000 millones de Asignación Universal por Hijo, casi $300.000 millones de políticas alimentarias y $241.000 millones del plan Potenciar Trabajo, enumeró.

El tratamiento de la ley de ingresos y gastos comenzaría en los próximos días, con la visita del ministro al plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien en un principio se especuló que podría ser este jueves, según habían adelantado desde el oficialismo parlamentario, la cita podría pasarse para la semana próxima. Guzmán enfrentará cuestionamientos de la oposición por el planteo presupuestario aunque, a la luz de los hechos, las críticas podría provenir del propio oficialismo.

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