La crisis de la coalición de Gobierno a raíz de la derrota en las PASO, las críticas de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a la política fiscal y los cambios en su gabinete dispuestos por Alberto Fernández para superar la crisis e intentar revertir el resultado electoral “están poniendo en juego si el país intenta un camino muy difícil para evitar otra recesión o se encamina decididamente a una crisis macroeconómica de gran magnitud”.
Así dice un análisis de la consultora Invecq que además midió la brecha entre la gestión fiscal que venía haciendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los señalamientos que en su carta público hizo CFK para pedir un golpe de timón en la gestión económica.
“Si bien en su carta la vicepresidenta comete algunos errores técnicos cuando habla del presupuesto ejecutado hasta el momento y de la meta de déficit fiscal que originalmente se había planteado en el Presupuesto 2021 (…) lo que está queriendo decir es que Economía está sobrecumpliendo la meta y está ajustando de más”, dice el informe.
El cambio que pide la vicepresidenta, prosigue, implicaría concretamente y según las proyecciones fiscales de la consultora “un aumento del gasto público respecto del plan de Guzmán de aproximadamente 1,3 puntos porcentuales del PBI, lo que equivale a unos 550.000 millones de pesos extra hasta fin de año”.
Y agrega: “además de que es un montón enorme de dinero, lo que vuelve más riesgosa aún la estrategia es lo concentrada en el tiempo que sería la inyección de recursos, dado que las elecciones definitivas son en dos meses”. De hecho, la urgencia de la coalición oficialista se reflejó ya en el DNU 622, con el que anoche el Gobierno decidió reeditar una maniobra contable-financiera que la gestión de Cristina Kirchner ya había usado en 2009 y que permitirán al Gobierno aumentar el gasto de inmediato eludiendo una restricción que impone la Carta Orgánica del Banco Central, casi al tope de su capacidad en cuanto a la cantidad de dinero que puede transferir al Tesoro.
Pero además del efecto inmediato, el reclamo kirchnerista -al que el presidente dio todas las señales de haberse allanado- se proyecta sobre 2022 y exigiría una completa revisión del presupuesto que Guzmán envió al Congreso el miércoles por la noche, en plena crisis.
Es que, explica el estudio, el proyecto de ley supone un aumento de las tarifas y un acuerdo con el FMI que choca con la exigencia de olvidarse de la disciplina fiscal y garantizar en cambio las políticas de demanda. “Lo que no se tiene en cuenta es que aumentar los ingresos nominales de las personas no implica que se incrementen en términos reales, y menos aún en un contexto de tanta vulnerabilidad macroeconómica como la que hoy exhibe la Argentina”, dice el estudio que encabeza el economista Esteban Domecq. Por el contrario, observa, es más probable que la inyección fiscal y monetaria genere un desorden cambiario y una aceleración inflacionaria que, partiendo de niveles del 50% podrían poner a la economía “en una senda muy peligrosa”.
Inconsistencias
El Presupuesto 2022 debería ser revisado, pero no en el sentido que pretende Cristina, sino para corregir la inconsistencia de sus principales variables, dice el documento. Entre ellas, señala que Guzmán proyectó un aumento de 4% del PBI, “una tasa sumamente optimista”, aún si hubiera acuerdo con el FMI. Pero si lo hubiera, es muy probable que las correcciones que pedirá el Fondo tengan sobre la actividad efectos negativos a corto plazo (aumento de tarifas, más rápida devaluación, tasa de interés más alta). Además, Guzmán proyecta una inflación de 33% (una reducción que no se observa desde 2003) y un dólar oficial cerrando de $ 131 a fin del próximo año.
Pero –objeta el estudio- la inflación difícilmente bajará a 33% y si el gobierno insistiera en no dejar avanzar el dólar más allá de los $131, el tipo de cambio real se atrasaría hasta los niveles del año 2017, “cuando el país gozaba de la mayor entrada de capitales en años”, algo sumamente riesgoso. “Esto generaría expectativas devaluatorias tan fuertes que empujarían al BCRA a abandonar la trayectoria cambiaria oficial, ya que no contaría con reservas netas suficientes para intervenir en el mercado. O si se decidiera limitar las importaciones, entonces difícilmente la recuperación pueda ser del 4%”, anota el documento.
Reto al destino
Y concluye, “en definitiva, la descomposición de la coalición de gobierno tiene múltiples aristas. En el plano puramente económico, lo que se está poniendo en juego es si el país intenta un camino muy difícil para evitar otra recesión o si se encamina decididamente a una crisis macroeconómica de gran magnitud”.
El informe también da cuenta de la voluble respuesta de los mercados: inicialmente positiva, ante el resultado de las PASO, y luego compensada por el “shock negativo” de la crisis en el seno del oficialismo.
El saldo, concluye Invecq, es ambiguo: “El mercado tiene elementos para ser optimista y pesimista al mismo tiempo. La posibilidad, ahora más certera, de la finalización de un gobierno con un fuerte sesgo anti-mercado a partir de 2023, por un lado; y el riesgo de radicalización política y económica con mayor inestabilidad macroeconómica, por el otro”.
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