Ricardo Rey fundó su distribuidora de productos alimenticios en 1989 y desde entonces lleva adelante una empresa familiar que hoy en día tiene 35 empleados.
“Por darle trabajo, nada más que por eso”, dice Ricardo antes de romper en llanto en un video que se volvió viral. Según cuenta su hijo Ariel, la angustia de su padre comenzó hace algunos años cuando según relata empezó a recibir presiones y hostigamientos por parte del sindicato que nuclea a varios empleados de la pyme.
“El conflicto viene más o menos desde 2015. Sichoca de San Pedro, desde hace años, nos dice que tenemos que pasar a los empleados a su convenio. Pero que si los pasamos todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que si colaboramos con ellos y vamos pasando de a uno, se puede hacer en paz. Nosotros accedimos”, dijo Ariel Rey a Infobae.
Su reacción tuvo lugar en su depósito de alimentos luego de que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires realizara una nueva inspección. “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo el hombre de 70 años en las imágenes que fueron grabadas días atrás. Su empresa distribuye alimentos de almacén en todo el país y cuenta actualmente con un staff de 35 empleados.
“Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos”
El conflicto se origina cuando el sindicato local, Sichoca de San Pedro, designa un delegado sin contar con las condiciones necesarias -10 empleados bajo convenio. “En enero de ese año sanciono al delegado por incumplimiento de tareas y es en base a ese hecho que se produce el conflicto con inspecciones y hostigamientos constantes -comentó Ariel a Infobae- a partir de ahí decimos basta, no se puede convivir con esta gente y dejamos de pagar la coima y hacemos la denuncia penal por extorsión”.
“Nosotros venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, explicó Gustavo Rey, otro de los hijos de Ricardo, a TN.
La denuncia fue recibida por la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de la doctora María del Valle Viviani, a nombre de Rey Distribución, en la cual se indicó qué representantes de Camioneros comenzaron una asamblea sin previo aviso con los empleados afiliados. Los apuntados son Maximiliano Cabaleyro, delegado regional y secretario general de la CGT San Pedro-Baradero, y Fernando Espíndola, también de Camioneros.
En aquel entonces, Cabaleyro dijo al diario La Opinión que “no es una medida de fuerza. Estamos retomando los reclamos que tienen hacia la patronal mediante el delegado que fue electo en el depósito y, al no tener respuestas de la patronal, nos convoca a nosotros”.
Según el delegado regional, “el delegado de la empresa y los trabajadores lo vienen planteando hace bastante -y agregó que- una de las respuestas que le dieron al delegado, despectivamente, es que lamentablemente no lo reconocen porque es un negro de m… y no tienen porqué decirle nada. Esas son las posturas que toma la empresa”.
“Desde el 2017 tenemos que pagarle al sindicato -indicó Gustavo Rey- en su momento eran $20.000 pesos, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”.
Viviani, la fiscal que lleva adelante el caso, detalló en su momento que la pyme Rey Distribución dijo que “si no le entregamos una suma de dinero van a empezar a obstruir la salida de camiones”.
“Yo tengo una denuncia y tengo que cumplir con mi deber de investigar, si hay un delito correspondiente de acuerdo a lo que denuncian se investigará y se realizarán los diferentes pasos que corresponden”, dijo Viviani a un periódico sanpedrino durante enero.
Daniel Spirópulos, abogado de la familia Rey, denunció lo acontecido ante el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y solicitaron una conciliación obligatoria para resolver la situación. “El ministerio hizo muchas visitas a la empresa. Tuvimos varias audiencias también. Llegamos a un acuerdo para darle $50 mil a cada empleado. En total fueron $500 mil. También rubricamos otro directamente en el sindicato, porque nos decían que teníamos una deuda con ellos y que si pagábamos eso, todo quedaba saldado. Arreglamos otros $500 mil, pero después nos dijeron que eso era un adelanto, que faltaban $232 mil más”, relató Gustavo.
“El video ocurrió en nuestro depósito tras una inspección del Ministerio, que vino acompañada con dos miembros del sindicato”, -narró Ariel, quien además dijo- ayer sufrimos una asamblea ilegítima e ilegal, porque no fue avisada en tiempo y forma. Por eso vamos a sancionar con suspensión de 72 horas a los que participaron. Esto va a tener una represalia, seguro. Pero tenemos la postura de despedirlos porque son 6 de 35 los que sabotean el trabajo, están obedeciendo netamente lo que le dictan desde el sindicato porque no accedemos más al soborno”.
Los Rey están a la espera de la resolución de la causa que se inició en enero de este año. “Somos nacidos y criados acá. Le dimos y damos trabajo a mucha gente, somos todos conocidos. Mi papá se encuentra medicado y tuvimos que administrarle algo para que se tranquilice, porque es indignante. Tenemos miedo de perder el negocio porque no nos podemos sacar a esta gente de encima. Si no lo logramos no vamos a poder trabajar más. Sabemos a quiénes nos enfrentamos, pero estamos en el baile y no vamos a volver atrás”, concluyó Gustavo Rey.
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