A horas de la derrota nacional en las elecciones primarias legislativas, el Gobierno busca retomar la iniciativa con la presentación de un proyecto de ley que impulse la compra de producción nacional, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández y que compartió con alguno de los ministros que aparecen como los más cuestionados del gabinete, como el jefe de ministros Santiago Cafiero, el de Economía Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. También estuvo presente la primera dama, Fabiola Yáñez.
“Debemos priorizar al que da trabajo en la Argentina”, dijo el mandatario, en un acto en el que estuvo acompañado, además, de empresarios y dirigentes sindicales. “La ley refleja el espíritu y el sentido del Gobierno que es crear trabajo, y para eso necesitamos gente que invierta, produzca y demande trabajo, para que eso genere lo virtuoso del capitalismo”, mencionó.
“Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas”, aseveró al encabezar este mediodía el acto. En ese marco, Fernández afirmó que “la industria es el motor central del desarrollo y crecimiento”, y sostuvo que la “industria nacional debe volver a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del país”.
El proyecto de “Compre Argentino”, explicó el ministro Kulfas, está inspirado en iniciativas similares que ya tienen economías como las de Estados Unidos, Alemania, Japón o Israel. Según explicó, tiene como objetivos promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar un aumento en el empleo, promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas, entre otras metas.
La ley actual, argumentaron los funcionarios, que fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, “tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo”. En ese sentido, remarcaron que tendrá como beneficios un aumento de la producción nacional, mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado y un aumento de la inversión en Desarrollo e Innovación.
El Ministerio de Desarrollo Productivo estimó que tendrá un impacto a través de 30.000 nuevos empleos privados, $40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año y 300 millones de dólares de ahorro de divisas anuales.
“Queremos que el Compre Nacional funcione, no que sea una ley retórica sino que en los hechos se convierta en un verdadero sistema”, sostuvo el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro Kulfas. ”El objetivo de esta ley es potenciar el desarrollo en beneficio del trabajo argentino, de la industria y de las pymes”, remarcó Kulfas en su discurso.
Las principales modificaciones de la actual ley, de acuerdo a la evaluación del Gobierno, son “ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos, crear la herramienta de compras públicas para la innovación; y establecer herramientas de altos impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional”.
Asimismo, el proyecto tiene el objetivo de “promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos; ampliar el alcance de los acuerdos de cooperación productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta; y garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local”.
”El objetivo de esta ley es potenciar el desarrollo en beneficio del trabajo argentino, de la industria y de las pymes”, remarcó Kulfas en su discurso. Las compras públicas son aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas y “representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional”.
“Son una herramienta de desarrollo productivo porque el Estado, con su poder de compra, puede apoyar el crecimiento y desarrollo de empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores”, se apuntó. En ese plano, se describió que “el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97% de esas empresas proveedoras son Pymes”.
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