Los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se empezaron a conocer avanzada la noche del domingo le meterán una enorme presión a la política económica del gobierno nacional.
Ya antes de conocerse los resultados el mercado le venía bajando cada vez más fuertemente el pulgar a la política de devaluar el dólar oficial a un ritmo muy inferior al del avance de los precios, usar como segunda “ancla” el cuasi-congelamiento de las tarifas de los servicios públicos e intentar “encender” la economía con medidas como el cierre de exportaciones a la carne y “poniendo plata en el bolsillo de los argentinos”.
Todo eso, claro, al costo de engrosar la cuenta de subsidios e impactar las cuentas fiscales, a su turno financiadas con una insalubre combinación de emisión monetaria y aumento de la deuda del Tesoro, casi íntegramente atada a la inflación o al dólar y –para intentar que no se note- aumento de la deuda y el déficit cuasifiscal del BCRA.
Ahora se pondrá a prueba la interpretación de algunos analistas de que la economía podría digerir positivamente una derrota oficialista, porque la vería como un freno a las pulsiones más populistas y anti-mercado de la coalición de Gobierno, cuyo debate y resolución interna pasó a ser el principal determinante de lo que sigue.
La comparación con anteriores elecciones de medio término tal vez sirva para entender la situación que se abre ahora.
En 1987, en la elección legislativa previa a la elección presidencial de 1989, el gobierno de Raúl Alfonsín sufrió una dura derrota electoral, de la que el Gobierno y la economía no lograron recuperarse más. Los problemas del oficialismo de entonces tienen cierto aire de familia con los de ahora: alta inflación, fuerte déficit fiscal, negociaciones pendientes con el FMI, presión sobre el dólar y foco en el resultado electoral bonaerense. Entonces hubo elección de gobernadores, con foco en Buenos Aires, donde el peronismo, de la mano de Antonio Cafiero –abuelo del actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- recuperó la provincia y emergió como muy probable “presidenciable” del PJ de cara a 1989.
Se dio así una rara conjunción: el peronismo “renovador”, encabezado por Cafiero, facilitó algunas medidas de ajuste del Gobierno, pues le interesaba recibir una “herencia” lo más prolija posible. Pero no funcionó. La economía siguió a los tumbos y en la interna peronista el riojano Carlos Menem se impuso a Cafiero y apostó al descalabro que finalmente se produjo en 1989, con Alfonsín “resignando” su gobierno cinco meses antes del plazo previsto.
Un reciente libro-diario, suerte de memoria histórica de aquellos días, del sociólogo Juan Carlos Torre, miembro del equipo económico de Juan Sourrouille, el más longevo que tuvo Alfonsín, cuenta la dolorosa experiencia de aquellos años.
Un salto en el tiempo nos sitúa en 2009, en la elección de medio término de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. No existían aún las PASO y el oficialismo, con un calendario electoral cambiado, como ahora (aunque esa vez la hora de las urnas se adelantó y se votó en plena pandemia de Gripe A/H1N1), perdió las elecciones legislativas. Los “barones del conurbano” trabajaron para sí y no para el Gobierno nacional, precipitando la derrota en Buenos Aires, donde Néstor Kirchner encabezaba la boleta oficial secundado por la candidatura “testimonial” del entonces gobernador Daniel Scioli.
El Gobierno logró sobrellevar la derrota gracias a la recuperación económica posterior a la crisis mundial de las hipotecas y se hizo de una potente arma política: la creación por decreto, en diciembre de ese año, de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Un massaso al kirchnerismo
En la siguiente elección de medio término, en 2013, la derrota del oficialismo se debió a que Sergio Massa con su “Frente Renovador” frenó al kirchnerismo y apuntaló su candidatura presidencial de 2015. CFK sostuvo el cepo al dólar que había impuesto dos años antes, días después de haber sido reelecta, pero no logró impedir un salto devaluatorio a principios de 2014, bajo la gestión económica de Axel Kicillof, y el bienio posterior estuvo marcado por una fuerte recesión y alta inflación en 2014, un tímido repunte en 2015 y una recaída en default por no acatar fallos a favor de bonistas que habían demandado al país ante la Justicia de EEUU.
Cuatro años después, en 2017, el entonces oficialista Juntos por el Cambio creía atravesar un buen momento: días antes de la elección se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado, cuya supuesta “desaparición forzada” a manos del Estado había sido un ariete opositor. En lo económico, a lo largo del año había logrado reducir la inflación retrasando el dólar gracias a un gran influjo de crédito externo (colocación de bonos) que le permitió acumular reservas en el BCRA.
Poco después, en diciembre, la dramática jornada de las “14 toneladas de piedras” a raíz de la nueva ley de movilidad previsional demostró que el Gobierno aún no controlaba “la calle” y en abril de 2018 la fuerte sequía que afectó la campaña agrícola se combinó con el abrupto cese del crédito externo y precipitó una crisis cambiaria. El gobierno buscó evitar una maxidevaluación con un crédito de USD 30.000 millones del FMI, luego ampliado a USD 57.000 millones, creyendo que así se restablecería el crédito externo. No funcionó. El oficialismo sufrió un golpe de nocaut en las PASO de 2019 y perdió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
El repaso sugiere que un gobierno derrotado difícilmente pueda, por sí solo, encauzar la economía. Más aún si la derrota produce una crisis interna, algo que se verá -o no- en los próximos días.
A la gestión de Alberto Fernández se le hará más difícil corregir las variables desalineadas de la política económica oficial, evidenciadas en una brecha cambiaria superior al 80%, una inflación anual arriba del 50%, una deuda del BCRA (acumulación de Leliqs y Pases) que ya supera los USD 40.000 millones, más del doble del nivel que en 2019 el hoy presidente criticaba a la gestión macrista, y una larguísima y hasta ahora irresuelta negociación con el FMI para refinanciar USD 45.000 millones de deuda en el marco de un programa económico hoy por hoy inexistente.
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