¿Mucho, poquito o nada?: el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó que las tarifas de los servicios públicos necesitaban ajustarse y su cruzada quedó a mitad de camino.
Posiblemente en el Presupuesto 2022 haya alguna pista más sobre el sendero de ajuste segmentado que quiere poner en marcha el titular del Palacio de Hacienda, luego de haber logrado un triunfo parcial, no sin perder alguna batalla frente al kirchnerismo más duro, cuando le pidió la renuncia al subsecretario Federico Basualdo y no lo logró.
Fue el momento más difícil de Guzmán dentro del gobierno en términos políticos desde fines de 2019, luego de la compleja renegociación de la deuda que llevó adelante en 2020. Pero, más allá de los nombres, la discusión es conceptual: ¿hay atraso en las tarifas?; ¿a quiénes hay que aumentarles? ¿qué puede pasar con la prestación del servicio si no hay un ajuste importante, sobre todos en las más rezagadas, como el transporte urbano metropolitano?
Por supuesto que la discusión no es meramente técnica o de cifras, sobre todo después del fuerte efecto político que le generó al gobierno de Mauricio Macri el “sinceramiento” de las tarifas luego del congelamiento previo en el kirchnerismo.
Desde el estudio EcoGo le pusieron números a esta discusión. Sebastián Menescaldi, director ejecutivo del estudio, dijo a Infobae que “según las estimaciones que realizamos, el peso del gasto de los principales servicios públicos (electricidad, gas y transporte público) en la canasta de consumo del Gran Buenos Aires pasó de ser de 7% en abril de 2019 (cuando se otorgó la última suba) a representar 3,5% de la canasta en la actualidad”.
“Para volver al peso relativo que teníamos en abril de 2019, los precios de los servicios públicos deberían en promedio duplicarse” (Menescaldi)
“Es decir que, para volver al peso relativo que teníamos en ese momento, los precios de los servicios públicos deberían en promedio duplicarse”. De todos modos, aclaró que “hay algunos matices: mientras que en Transporte sería necesaria una suba de 93% los incrementos en electricidad serían de 121% y de 115% en gas”.
“Todas estas subas implicarían un incremento de la inflación, sin contar los efectos de segunda vuelta, de 3,5 puntos porcentuales”, resaltó.
En tanto, Jorge Neyro explicó que “según el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, en electricidad la cobertura de costos fue aproximadamente el 40% en el primer semestre y quizás sea más bajo a fin de este año”.
“La tarifa promedio de luz y gas aumentará en promedio un poco por encima de la inflación de 2022, pero distribuida en tres grupos: altos ingresos, clase media y sectores vulnerables; a los sectores vulnerables no se le aumentaría; que los sectores de altos ingresos pagarán subas bastante por encima de la inflación; y la clase media más o menos en línea con la inflación o un poquito por encima”.
“Hay que ver exactamente cómo da el promedio; cómo se va a implementar esa segmentación es todo un misterio, pero aumentos parejos para todo el mundo sería extremadamente complejo de validar políticamente, dada la experiencia macrista de 2016”, expresó.
“Otro rubro es el transporte público, que sigue congelado desde marzo de 2019 y que nadie habla: $21 es la tarifa máxima de colectivos en el área metropolitana, totalmente desfasada está”.
Por su parte, Juan Pablo Di Iorio de ACM sostuvo que “el atraso tarifario es preocupante, no solo por el hecho de que se estipularon subas muy por debajo de la inflación proyectada sino también porque, a su vez, los costos subieron a un ritmo sustancialmente mayor, tanto por la suba de los precios internacionales como por la sustitución de producción local por importación”. “Esto llevaría a que los subsidios energéticos finalicen el año en torno al 2,5% PBI”, precisó. Además, este panorama llevaría a que “la tarifa cubra en torno al 30% de los costos”.
“El atraso tarifario es preocupante, no solo por el hecho de que se estipularon subas muy por debajo de la inflación proyectada sino también porque, a su vez, los costos subieron a un ritmo sustancialmente mayor” (Di Iorio)
“En este sentido, es difícil proyectar qué tipo de suba sería consistente con una reducción de dichos subsidios (uno de los principales requerimientos del FMI en sus programas) dado que a la distorsión de las subas diferenciales entre empresas y hogares se le sumaria una segmentación hacia dentro de los hogares”, aclaró.
“Esto sería perjudicial porque, si bien contrarresta el efecto regresivo del atraso tarifario, continúa generando una distorsión de precios y, de dicha manera, un consumo excesivo de energía”, concluyó.
En tanto, Melisa Sala de LCG dijo Infobae que “el atraso tarifario derivado de más de dos años de congelamiento erosionó la mitad de la corrección realizada por la administración Cambiemos en los primeros años de la gestión”.
“No está claro al nivel que debería volver las tarifas para garantizar un buen servicio o recomponer la rentabilidad de las empresas, o eliminar completamente la carga de subsidios, pero lo cierto es que la relación actual tarifas (electricidad, gas y agua)/Resto IPC arrastra un atraso del 40% respecto al último techo (a mediados de 2019)”, contó la economista.
Al respecto, un trabajo de la Fundación Alem indicó que “el retraso de los precios y las tarifas de los servicios públicos está ocasionando nuevamente una cuenta impagable para el Tesoro”.
“Se estima que a fines de año los subsidios económicos alcanzarán USD13.000 millones (3% del PBI), revirtiendo gran parte del ahorro logrado desde 2015, en el marco del proceso de normalización tarifaria llevado adelante hasta 2019”, resalta la entidad. Y agrega: “Esta política ha motivado opiniones de disenso dentro del propio gobierno, alertando sobre la necesidad de la focalización de la ayuda oficial. Si bien el instrumento más idóneo, la tarifa social, está disponible y se podría aplicar, la decisión oficial es el otorgamiento de subsidios generalizados a la oferta”.
“Se estima que a fines de año los subsidios económicos alcanzarán USD 13.000 millones (3% del PBI), revirtiendo gran parte del ahorro logrado desde 2015″ (Fundación Alem)
En realidad, “la falta de un adecuado régimen regulatorio, cuya expresión más palpable a corto plazo son los atrasos en las tarifas, no sólo tiene un creciente impacto macroeconómico (fiscal y externo), sino también, consecuencias sobre el propio funcionamiento de estos mercados, con un deterioro progresivo en la prestación de los servicios que ya son tres palpables”, resalta la Fundación Alem.
“Se está incubando un problema en este frente, para el cual no se conocen cuáles serán las propuestas de soluciones. La magnitud de las dificultades es tal, que la intervención sobre el normal funcionamiento de los sectores no está focalizada solo sobre la energía y el transporte, sino que se ha extendido a otros rubros, como el de la salud y el de las comunicaciones, entre otros”.
“A corto plazo, estas intervenciones pueden otorgar algún resultado pírrico para el gobierno, pero a mediano y largo alcance, estas acciones garantizan un deterioro profundo de estos sectores, ante la ausencia de reglas. Más aún, también se condicionan las expectativas y la confianza, afectando negativamente la inversión y el crecimiento a mediano y largo plazo”, concluyó la comisión que preside Fabio Quetglas, de la fundación ligada al radicalismo.
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