La economía argentina llega a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este domingo con el menor nivel de empleo registrado respecto de la población total de los últimos 10 años y con el menor poder adquisitivo de la masa de ingresos que conforman salarios, jubilaciones y planes sociales desde 2008, precisa un exhaustivo estudio sobre las condiciones económicas en que la población acudirá a votar.
Se trata de una economía, dicen Marcelo Capello, Laura Caullo y Agustín Cugno, investigadores del Ieral y autores del estudio, que difícilmente aporte electoralmente y que después de las elecciones necesitará un service, cuya factibilidad y orientación dependerá a su vez del veredicto de las urnas, aunque estas podrían postergarse hasta después de las legislativas, en noviembre.
El informe precisa que la masa de ingresos fijos de las familias registraría en noviembre un nivel 1,5% inferior al del segundo semestre de 2020: “el monto de ingresos fijos de las familias del primer semestre de este año se ubicó 7% por debajo del de igual período de 2009 y es también inferior en 18% al de 2013, años en los que el oficialismo nacional perdiera en elecciones legislativas”. Para ese indicador, se aclara, se computan el número de personas involucradas y los montos de sus respectivos ingresos, considerando salarios, jubilaciones y planes sociales.
Supuestos básicos
Los autores parten de los sencillos supuestos de que los votantes se interesan en su propio bienestar y tienen “memoria corta” a la hora de votar y que, análogamente, los políticos no se interesan solo en el bienestar general; también privilegian intereses personales y partidarios y toman decisiones que los favorecen antes de la próxima elección, pero no necesariamente a largo plazo, en especial si éste es posterior a la próxima elección o –más aun- los efectos se percibirán cuando quienes deciden ya no estén en el Gobierno.
A partir de eso, el estudio examina la evolución de las variables que más pueden influir en el resultado: poder adquisitivo de la población que vive de ingresos fijos; disponibilidad de crédito para consumo; confianza del Consumidor y en el Gobierno; inversión pública (muy visible para los votantes) y marcha general de la economía.
El estudio precisa que la masa de ingresos fijos de las familias (salarios, jubilaciones y planes), que depende de los valores monetarios y de la cantidad de personas involucradas, perdió en el primer semestre 3,7% de poder adquisitivo respecto al mismo periodo de 2020. Una leve recuperación en la segunda mitad dejaría el poder adquisitivo a la hora de votar en noviembre 1,5% por debajo del segundo semestre de 2020. En comparación al nivel observado en los primeros semestres de otros turnos electorales, la masa real de ingresos sería este año 49% superior a la de 2005, pero 7% inferior a la de 2009 y 18% inferior a la de 2013, ocasiones en que el oficialismo nacional de turno perdió las elecciones legislativas.
Como puede verse en el gráfico de abajo, los valores máximos de esa masa de ingresos reales, a valores de 2021, se registraron en 2011 y 2017. En ambos se registraron resonantes victorias oficialistas: la reelección de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y el triunfo de Juntos por el Cambio a mitad de mandato de la presidencia de Mauricio Macri. El gráfico también muestra que el actual poder adquisitivo de la masa de ingresos no era tan bajo desde el período 2008-2009, cuando el oficialismo perdió las legislativas de medio término de la primera presidencia de CFK.
Salarios, jubilaciones y planes sociales
Si bien la masa salarial de los trabajadores aumentó respecto a los meses de cuarentena (hay hoy 19 millones de personas ocupadas, 1,9 millones más que en el primer semestre 2020), sus ingresos perdieron en promedio contra la inflación. Según el índice salarial del Indec, a junio de 2021 la variación interanual del nivel general de salarios fue del 43%, contra una inflación del 50%.
La tasa de empleo recobró los niveles pre-pandemia, cercana al 42% de la población, similar al de otros turnos electorales, pero con una dinámica salarial errática. En 2009 el nivel general de salarios aumentó en promedio 19% y la inflación algo más del 14%, pero el oficialismo perdió igualmente aquella elección. En las elecciones de 2013, que también fueron para la oposición, ya había una pérdida del salario real: aumento nominal del 25%, contra 27% de inflación.
El porcentaje de población en situación de pobreza es mucho mayor que en elecciones previas: en 2009 era el 28%, en 2013 el 25%, mientras que el último dato disponible (segundo semestre 2020) marca un 42 por ciento.
En cuanto a planes sociales, en 2020 se otorgaron, en el marco de la emergencia sanitaria producto de la pandemia, los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), discontinuados en 2021. El monto real destinado a personas vulnerables es este año 41% superior a 2009, pero 8% inferior al gasto real en planes sociales de 2013, y la proporción de población en situación de pobreza es mucho mayor que en elecciones previas: en 2009 era el 28%, en 2013 el 25%, mientras que el último dato disponible (segundo semestre 2020) marca hoy un 42 por ciento.
En jubilaciones se observa una reducción real del 8% interanual: hay 40.000 beneficiarios menos que en la primera mitad del año pasado y sus haberes cayeron en términos reales luego de que el Gobierno anulara la ley sancionada a fines de 2017, licuando en especial los haberes más elevados. Si se compara contra 2009, la masa previsional de los adultos mayores es 35% más alta y contra 2013 es 1% más favorable.
La caída del número de empleos registrados es impactante: en relación a otros años de elecciones legislativas, el porcentaje de la población que goza de un empleo registrado en 2021 es inferior al guarismo de las elecciones de 2013 (-27%) y 2017 (-27,7%) y es de hecho el porcentaje más bajo de los últimos 10 años, como puede observarse en el gráfico de abajo.
Lo que más escasea
El empleo asalariado formal en el sector privado cayó 6% respecto de 2017 y 4% respecto de 2013. Y en simultáneo aumentaron el empleo público y la proporción de monotributistas. La cantidad de empleos privados registrados con que la economía va al encuentro de las urnas es también el más bajo de los últimos 10 años si se exceptúa el año pasado. De hecho, son los dos únicos datos de la serie inferiores a los 6 millones.
En cuanto a otros indicadores., el estudio del Ieral precisa lo siguiente:
-El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) está 7,6% debajo del máximo registrado en el gobierno de Alberto Fernández (enero 2020), 11 puntos por debajo de 2013 y 1 punto por debajo de 2009, de vuelta dos años de derrotas oficialistas.
-El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) está apenas por debajo de 2013 (0,1 puntos porcentuales menos) y por arriba de 2009 (0,5 pp.)
- La Obra Pública muestra una recuperación real versus 2020, pero está 26% por debajo de las legislativas de 2017 y es 24 y 17 % inferior de los niveles de 2013 y de 2009, respectivamente.
- El crédito al sector privado resulta equivalente a 4,5% del PIB en 2021, solamente superior a los guarismos observados en 2005 y 2006, dentro del período analizado.
- Y de la actividad económica general, el último dato es que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), correspondiente a junio, es 24% superior al mínimo de abril 2020, pero 8% inferior al promedio 2011-2019. Concretamente, en relación a oras elecciones, la actividad económica está 9,1% por debajo de 2017 y también de 2013, aunque 11% por encima de 2009.
¿Y después?
A partir de esas constataciones, los autores especulan sobre el resultado electoral y sus consecuencias, con dos posibles derivaciones. Según el estudio, si las PASO y/o las elecciones de noviembre inducen al Gobierno a pensar que tiene pocas chances de retener el poder en 2023, el oficialismo saldría a “quemar las naves” en materia económica, con políticas muy expansivas, para revertir la situación política o, en su defecto, dejarle una mala herencia al próximo Gobierno, algo que podría ocurrir entre las PASO y la elección legislativa o luego de esta última.
Si en cambio, después de noviembre el Gobierno nacional cree que tiene probabilidad alta o media de retener el poder en 2023, podrían intentar acomodar, al menos parcialmente y evitando un shock, variables desequilibradas, como el dólar oficial y las tarifas, de modo de poder desarrollar una nueva política expansiva más cerca de la próxima elección.
¿Cuál sería la traducción a la economía de esas conductas? Un resultado electoral insatisfactorio y una posterior política fiscal expansiva llevarían a inflación más alta (mayor emisión) o deuda remunerada cada vez mayor del BCRA (a posteriori (también mayor emisión e inflación). Pero si el resultado deja entrever una probabilidad alta o media de permanencia en 2023, el oficialismo podría buscar un rápido acuerdo con el FMI, aplicar una política fiscal y monetaria más parecida a la de la primera mitad de 2021, corrigiendo variables desalineadas, ganando aire y tiempo para una expansión fiscal en 2023, cuando esté en juego el próximo turno de gobierno.
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