La Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que impulsó un blanqueo de capitales destinado a dinamizar la actividad, fue sancionada en marzo de este año. Pero las demoras en su reglamentación afectaron los plazos de vigencia de la norma, lo que llevó a que fuera escaso su éxito y a que el Ejecutivo tuviera que enviar otra iniciativa al Parlamento con una extensión del período de adhesión. Sin embargo, pasaron ya varios meses y la nueva iniciativa, que ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, sigue cajoneada a la espera de ser tratada en el recinto.
La norma contemplaba varios plazos para que los inversores ingresen al blanqueo, pero los más atractivos eran los primeros 60 días, que tenía un costo del 5% del total exteriorizado. Luego, había un mes más con el 10% y el último, hasta el 9 de julio, con el 20%. Pero de los primeros 60 días, sólo hubo 5 viables para que los interesados se sumen, ya que la reglamentación demoró demasiado tiempo y se consumió gran parte de ese tiempo.
Según pudo saber Infobae, al 6 de julio (casi al cierre) hubo 704 presentaciones al blanqueo, de las cuales 650 se realizaron al 5% y otras 54, al 10%, por un total de $19.943 millones, que al tipo de cambio paralelo son poco más de USD 100 millones.
Desde el sector de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios vienen insistiendo, mediante gestiones ante los legisladores, en la aprobación del proyecto con los nuevos plazos, ya que el blanqueo finalizó en julio, con escasa exteriorización, y quedó a mitad de camino. Pero por ahora son puras promesas y el foco hoy está puesto en los comicios del domingo. Incluso, hay quienes sostienen que no es momento de relanzar una iniciativa de estas características porque los inversores suelen mantener la cautela en períodos electorales.
“Somos los únicos empujando todo esto. Creo que es una cuestión de seguridad jurídica. Los que tienen fondos para exteriorizar lo quieren hacer; así quedó demostrado durante los únicos 5 días que tuvieron con el costo del 5%. Además, se puede decidir en qué invertir ese dinero hasta fines de 2022, según la Ley”, remarcó a este medio el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech.
Por otra parte, y a diferencia del primer período de vigencia, hoy el inversor tiene la posibilidad de elegir en qué proyecto utilizar el dinero exteriorizado, ya que desde junio la AFIP tiene habilitado el sistema para que los desarrolladores puedan inscribirlos. “Si se abre de nuevo la oportunidad de exteriorización, ya los vendedores pueden ir a buscar a esos compradores. Mucha gente no exteriorizó porque había solo 5 días, había restricciones por la pandemia y, por otro lado, no sabían a qué proyecto aplicarlo”, explicó el directivo.
Por su parte, el titular de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, sostuvo que “dinero no declarado en la Argentina hay mucho y los blanqueos siempre suman”, pero puso en duda sobre si el actual es el mejor momento para relanzarlo -a pesar de que fue, junto con los directivos de Camarco, uno de los impulsores- debido a que “las decisiones inmobiliarias siempre se enfrían antes de las elecciones y durante el verano”.
De todos modos, señaló que hoy hay oportunidades y que la apuesta es entrar cuando todavía se arrastran precios de la incertidumbre. “Hoy si uno quisiera comprar un terreno y pagarlo en efectivo, encontrás buenas ofertas”, aseguró, en alusión a la brecha cambiaria.
Créditos hipotecarios: otro “cajoneo”
La otra iniciativa que quedó cajoneada en el Congreso fue la que crea un sistema de cobertura y promueve el crédito hipotecario, también enviada en octubre del año pasado por el Ejecutivo al Parlamento y aún no fue tratada.
Según especuló Tabakman, “al ser un tema tan sensible, si se aprobará este proyecto, se generaría una expectativa en la gente respecto de poder sacar un buen préstamo hipotecario al día siguiente, y la verdad es que eso no es probable que suceda por la alta inflación que todavía hay en la Argentina”, a pesar de que la propuesta es que los créditos sean indexados por la variación salarial (CVS).
Por otra parte, se crea un fondo compensador -con fuentes de financiamiento diversas- que le garanticen a la entidad financiera que si la inflación se dispara y sube más que la variación salarial y de la cuota, ese fondo le compensará la diferencia.
“La ley hay que aprobarla. El día que vuelvan los créditos hipotecarios, tienen que estar indexados por salarios. Pero al día siguiente, ¿hay un boom de créditos hipotecarios? Eso, mientras la inflación sea alta, lo veo difícil”, sostuvo el titular del CEDU. A lo que el presidente de Camarco sumó: “Si hubiera que esperar a que la macroeconomía sea la ideal para tener crédito hipotecario, no necesitaríamos una ley de este tipo. La realidad es que justamente este proyecto viene a generar una herramienta para atacar los problemas que hoy surgen a la hora de pensar en este tipo de préstamos”.
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