La Argentina deberá pagarle a un estudio de abogados de Nueva York por dos casos que dejó sin solucionar desde la gestión de Cristina Kirchner y cuya resolución aparece, según algunos expertos, compleja para el país.
El Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial la contratación del estudio Sullivan & Cromwell LLP, uno de los más consultados por estados extranjeros en Manhattan.
La tarifa que se le pagará a los abogados socios de este estudio es de USD 1.560 la hora, seguido por USD 1.545 para los que tienen 10 años de antigüedad y USD 1.429 para los de 5 años, según el anexo publicado en el Boletín Oficial. Dos fuentes del mercado indicaron en off the récord a Infobae que, en el caso de los abogados socios, “es una tarifa levemente más alta que el promedio”, mientras que otro lo justificó: “Ser abogado en Nueva York tiene este valor”.
Los casos que tomarán a su cargo los abogados de este estudio -de 140 años y con un plantel de 875 abogados- que ya defendió al país en el pasado -entre otros casos, al Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner por embargos de los holdouts- serán los relativos a los cupones ligados al PBI -en Nueva York y Londres- y los referidos a la renacionalización YPF.
En el caso del cupón del PBI, se trata de la demanda de un grupo de fondos de inversión surgida a raíz de la manipulación de los datos del crecimiento económico registrada desde 2007 y hasta 2015. Los demandantes entienden que sí se cumplieron las condiciones para que cobraran estos cupones, surgidos de la renegociación de la deuda que llevaron a cabo el presidente Néstor Kirchner y el ministro Roberto Lavagna en 2005. Los fondos son Aurelius, Novoriver, Adona, ACP y APE Group.
Una demanda similar fue iniciada en Londres por Palladian Partners, HBK Master y Hirsch Group, también con pronóstico reservado.
El abogado Marcelo Etchebarne, head de capital markets para Latam y head de China de la firma DLA Piper, dijo a Infobae que “el caso de los PBI muy probablemente Argentina lo va a perder”.
El abogado argentino consideró que el abogado socio de Sullivan & Cromwell LLP “Sergio Galvis es un muy buen profesional y una excelente persona”, al elogiar la decisión del gobierno de contratar a este estudio, que convivirá con Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, enfocado en los casos de reestructuración de la deuda soberana argentina. Galvis, colombiano y con 30 años en S&C, ya lideró en forma exitosa un caso de la Argentina en contra de los bonistas.
En los considerandos, se indicó que “la Procuración del Tesoro de la Nación solicitó al Ministerio de Economía, la contratación de un estudio jurídico para la defensa de la República Argentina, dando cuenta de la existencia de procedimientos judiciales que se tramitan ante la Justicia de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relacionados con la deuda soberana del país y un caso derivado de la expropiación del capital accionario mayoritario de YPF SA, para los cuales oportunamente contrató los servicios del Estudio Sullivan & Cromwell LLP”, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Luego de algunas idas y venidas entre la Procuración que conduce Carlos Zannini y el ministerio de Martín Guzmán respecto de los antecedentes de esta firma de Manhattan, se decidió la contratación a través del Palacio de Hacienda.
El caso de los PBI muy probablemente Argentina lo va a perder; y el de YPF nunca se debió perder, pero se cometieron errores al comienzo que pueden costar caro (Marcelo Etchebarne de DLA Piper)
Al respecto, la Procuración “remarcó el alto grado de idoneidad del estudio en las áreas de especialidad implicadas, consignando que se ubica habitualmente dentro de la categoría más alta de los rankings de estudios jurídicos estadounidenses, tanto para litigios financieros como para litigios de securities, expresada en la especial diligencia con la que sus abogados cumplen las múltiples tareas requeridas para una adecuada defensa de los intereses del Estado Nacional”.
“En razón de lo expuesto corresponde aprobar las bases y el procedimiento llevado a cabo para la contratación del Estudio Sullivan & Cromwell LLP para la defensa de la República Argentina en los procesos judiciales extranjeros”.
Por lo tanto, la cartera económica aprobó “las Bases de Contratación aplicables a esta compulsa, que como anexo I (IF-2021-69901794-APN-SSADYNP#MEC) integran esta medida, y el procedimiento llevado a cabo para la contratación del Estudio Sullivan & Cromwell LLP para la defensa de la República Argentina en los procesos judiciales ante Tribunales extranjeros”.
De este modo, la historia inconclusa entre la Argentina y sus acreedores externos suma otro capítulo, que en el futuro podría sumarse a las deudas que deberá pagar la sociedad.
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