Por qué el Gobierno apura en el Congreso la sanción del proyecto para impulsar la producción de petróleo y gas

En los próximos días el Gobierno presentará en el Congreso el proyecto de promoción de hidrocarburos, una iniciativa que había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández al inicio de su mandato y que ya cuenta con críticas desde las provincias productoras de petróleo y gas. El Poder Ejecutivo necesita un tratamiento relativamente rápido del proyecto, para que las compañías del sector incluyan en sus cálculos los beneficios de la iniciativa justo cuando terminan de proyectar sus inversiones para el año próximo.

El texto de ley, que fue redactado a cuatro manos entre el Ministerio de Economía e YPF, fue girado a Presidencia de la Nación para que dé el aval final. A grandes rasgos, la iniciativa establece distintos regímenes especiales de producción de hidrocarburos y de desarrollo de infraestructura o de proyectos especiales, con ventajas tributarias a las empresas y con una promesa de estabilidad regulatoria de 20 años.

La iniciativa, que fue girada hace diez días a la Secretaría de Legal y Técnica, espera el respaldo final del mandatario antes de su desembarco en el Congreso. Cuando aún no se conoce el texto final del proyecto, entre la Casa Rosada y las provincias productoras de hidrocarburos, involucradas directamente en la ley, ya comenzaron a volar críticas cruzadas.

Las provincias productoras reclamaron conocer la versión final. “Es de suma importancia para las Provincias integrantes de la Organizaciòn Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), como titulares del dominio de los recursos hidrocarburíferos, poder contar con el texto del Proyecto de Ley para conocer en detalle el mismo y poder emitir una opinión circunstanciada”, señala el documento firmado por el ministro de Energía de Neuquén y secretario ejecutivo de la organizaciòn, Alejandro Monteiro.

Esa entidad está integrada por Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Salta, Jujuy y Formosa. Uno de los argumentos de una provincia como Mendoza, por ejemplo, es que según los borradores del proyecto que circularon en las últimas semanas “las cuencas que por su ubicación geográfica o infraestructura no tienen posibilidades de exportar podrían verse relegadas, provocando un mayor desequilibrio entre regiones”, sostuvo esa gobernación.

Para evitar esa situación, señalan, debería incluirse en la iniciativa un beneficio tributario adicional para explotaciones en zonas más lejanas a la exportación. “Asimismo, se podría contemplar un beneficio alternativo para aquellas empresas, que habiendo realizado inversiones y aumentado su producción, por una cuestión de escala no les es posible exportar su producción”, propuso Mendoza.

Por su parte, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez afirmó en los últimos días desconocer el contenido de la ley, y aseguró que las provincias productoras esperaban en estas horas conocer el articulado final del proyecto para dar su apoyo. “Vamos a esperar la formalización de la presentación de este proyecto de ley. Nos han dicho que antes de ser presentado, lo van a girar a la Ofephi para que tengamos conocimiento del mismo y ver cuáles de esas observaciones que hemos planteado han sido consideradas”, mencionó Gutiérrez.

Además, el mandatario neuquino planteó que la ley podría implicar una intromisión en la potestad tributaria de las provincias. “¿Se puede plantear la estabilidad fiscal? Sí, ya la hemos planteado y estamos de acuerdo. No podemos bajar lo que ya bajamos, y también estamos de acuerdo en que no podemos generar más presión impositiva fiscal provincial aumentado los impuestos”, cuestionó.

Ariel Kogan, asesor presidencial y mano derecha del secretario de Energía Darío Martínez, le respondió: “Gutiérrez sabe claramente que de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, se obliga o si quiera se sugiere a la Provincias, que reduzcan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; demanda que sí hacen permanentemente un grupo de productoras petroleras, pero que el gobierno nacional no comparte porque avasalla las autonomías provinciales”.

Según fuentes oficiales involucradas en la elaboración del proyecto, la versión definitiva del texto no será distribuida a los actores relacionados con la iniciativa -desde provincias hasta empresas- hasta tanto llegue al Congreso. “En un sector como este el lobby está a la orden del día y queremos evitar eso. Al principio se previó una presentación pública con un gran acto en que todos los sectores estén invitados, pero por la veda eso no se va a poder hacer”, explicaron a Infobae.

El oficialismo necesita llegar a la instancia de debate con el mayor consenso posible para poder darle un tratamiento rápido al proyecto por una cuestión operativa. Según explicaron fuentes del sector, estas semanas son clave porque las empresas petroleras terminan de determinar cuál será su proyección de inversiones para 2022. Si la iniciativa no se aprobara a tiempo, las compañías podrían quedar “fuera” de los beneficios del régimen de promoción y recién el año próximo podrían adecuar sus planes de inversión.

Fuentes del sector explican que tradicionalmente las compañías petroleras de todo el mundo cierran a fines de septiembre y principios de octubre su plan inversor para el año siguiente y pluniranual. Desde el Gobierno admiten que uno de los bordes temporales por lo que se aceleró la redacción de la ley fue por ese motivo. De todas maneras, confían en que “si las empresas ven que el proyecto cuenta con apoyo mayoritario o que se aprobó, pueden incorporarlo a sus proyecciones de inversión”, apuntó una fuente oficial.

Los distintos capítulos del texto de ley establecerán regímenes de promoción para el petróleo, para el gas, para grandes obras de infraestructura y para proyectos especiales, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos off shore. Los beneficios impositivos, aclararon fuentes ligadas a la elaboración del proyecto, estarán relacionados a un recorte del costo de capital que haga viable la inversión y que no prevé una rebaja de los tributos que deberán pagar las empresas por las ganancias de sus desarrollos.

Para el caso del petróleo, uno de los puntos decisivos del proyecto, los incentivos a la producción operan de dos maneras. Por un lado, el Gobierno establecerá una “línea de base” de actividad de cada firma a partir de la cual, en caso de que haya un excedente, comenzará a computarse lo que llaman producción “incremental”. Esa producción adicional tendrá garantizado un porcentaje de exportación -que comenzará en 20% pero puede ser mayor según distintas particularidades de la ley como la recuperación de pozos inactivos o de baja productividad- y una libre disponibilidad de divisas que equivale al 50% de esas ventas.

De esa manera, el Poder Ejecutivo flexibilizará los controles cambiarios para que las empresas del sector -que en muchos casos suelen ser extranjeras- puedan utilizar a discreción parte de ese saldo en dólares, por ejemplo para girarlo a sus casas matrices. Al igual que para la exportación garantizada que empieza en 20% pero que puede incrementarse, el 50% podrá ser levemente mayor si las empresas cumplen con otros puntos de la ley, como ciertos programas de protección ambiental o de inclusión laboral con perspectiva de género.

Para el caso de gas, la ley apuntará a “institucionalizar” el Plan Gas que puso en marcha el Ministerio de Economía a fines de 2020. Según explicaron funcionarios que participaron de la elaboración del proyecto, en la medida en que la iniciativa cumpla su objetivo la incidencia del precio del barril criollo de gas establecido como “estímulo” será menor porque todo lo que se exporte será a valor internacional.

Por otra parte, la iniciativa buscará “alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad hidrocarburífera, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino”, explicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Entre los proyectos especiales que tendrán un régimen particular se incluirán actividades como el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

El proyecto fue trabajado durante 9 meses por técnicos de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y la petrolera de mayoría estatal. Son varios los nombres que el Gobierno puso a trabajar en el articulado de la ley, por debajo de los funcionarios de primera línea. Por un lado, el asesor presidencial en materia energética Ariel Kogan, Demian Panigo, un especialista en el sector que responde a Martín Guzmán y que representa al Palacio de Hacienda en el directorio de YPF y Santiago López Osornio.

Este último es asesor del ministro Guzmán en temas de hidrocarburos desde que el jefe del Palacio de Hacienda comenzó su gestión en diciembre de 2019. Su nombre tomó mayor relevancia en estas horas porque fue nombrado como Subsecretario de Planificación Energética, un puesto que había quedado vacante en los últimos días en un sector clave del gabinete en que se hacen carne las internas en el Frente de Todos. El funcionario saliente fue Javier Papa, un técnico con vínculo cercano con Guzmán y que, afirmaron, continuará trabajando en el círculo del funcionario.

Según asegura una fuente oficial, el proyecto de promoción de hidrocarburos cuenta con el aval de las tres “tribus” del Frente de Todos, desde el albertismo hasta el ala kirchnerista y el Frente Renovador massista. Si bien en el Gobierno evitan hacer una estimación sobre qué monto de inversiones podría implicar la puesta en marcha del proyecto, sí proyectan que la implementación del régimen de promoción de hidrocarburos podría redundar en un ahorro de unos USD 2.500 millones de importaciones.

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