La Argentina recibió una demanda en los tribunales de Nueva York por parte de el fondo de inversión Titan Consortium. La acción judicial asciende a USD 320 millones y está originada en la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El demandante obtuvo en 2019 una sentencia firme favorable en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca pagó. Por ello, y dado que no existen más instancias para recurrir dentro del CIADI, ahora presentó la demanda ante la justicia de los Estados Unidos.
Según explicó a Infobae el abogado Sebastián Maril, director de Latam Advisors, ahora el gobierno tiene 60 días para responder la demanda, aunque el juez podría exigir esa respuesta en un plazo aún más corto. A juicio del experto, además, es probable que aparezcan medidas de embargo contra activos argentinos, tal como ocurrió en los peores momentos de las negociaciones con los “fondos buitres” por el default de la deuda pública.
“No veo a este gobierno pagando nada que el anterior gobierno no haya pagado, mucho menos antes de las elecciones. Por eso no hay que descartar que en algún momento haya algún tipo de acción legal que ordene un embargo contra la Argentina”, señalo Maril.
El riesgo de embargos contra el país por esta acción de USD 320 millones es solo una pequeña muestra del riesgo total. “A partir de este año y antes de 2024, la Argentina tiene compromisos internacionales por fallos que seguramente va a perder por un monto superior a los USD 9000 millones. No es una estimación propia, son números que el gobierno nacional informó a la Security Exchange Commission (SEC)”, apuntó Maril. La SEC es el organismo estadounidense equivalente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la Argentina.
El experto aclaró que se llega a ese monto englobando sentencias en contra en el CIADI y en la justicia ordinaria que quedaron impagas, originadas en el mencionado caso de Aerolíneas Argentinas, la expropiación de YPF llevada a cabo en 2012, el pago de los bonos con “cupón PBI” atado a las manipulaciones del Indec, entre otras causas.
El caso que hoy llegó a los tribunales neoyorquinos lleva más de una década. El CIADI dictó su primera sentencia en contra de la Argentina en 2017, en ese entonces en favor del grupo español Marsans, considerando que el gobierno no le había pagado lo correspondiente por la línea aérea de bandera. “El demandado (la Argentina) incumplió el artículo IV del tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, dijo el CIADI, a la vez que redujo la pretensión de Marsans de USD 1.600 millones a USD 320 millones.
“A partir de este año y antes de 2024, la Argentina tiene compromisos internacionales por fallos que seguramente va a perder por un monto superior a los USD 9000 millones” (Sebastián Maril)
La Argentina pidió la anulación de la sentencia. El juicio estaba en manos de Burford Capital, un estudio londinense dedicado a comprar demandas de esta clase. En 2018, con la sentencia a su favor por USD 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por USD 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando. La operación, explicó Maril, tenía un put a su favor: si alguna apelación era favorable a la Argentina, podría deshacer la operación.
En 2019, el CIADI rechazó el pedido de anular la sentencia y obligó a la Argentina a pagar USD 320,7 millones en carácter de indemnización. “La solicitud de anulación de Argentina fue rechazada. La Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de USD 1 millón en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas”, señaló la sentencia del tribunal arbitral del Banco Mundial.
Por tratarse de una caso que ya obtuvo una sentencia previa en el tribunal internacional al que adhieren ambos países, el trámite en la justicia estadounidense no comienza desde cero, por lo que en caso de que el juez lo acepte la posibilidad de acciones de embargo no estarían tan lejos. Maril destacó que la jueza neoyorquina Loretta Preska, que maneja diversos expedientes en los que la Argentina fue condenada, autorizó una acción de discovery iniciada por dos fondos de inversión para detectar posibles bienes a embargar.
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