Más tensión entre el Gobierno y el campo: un proyecto del oficialismo busca sacar a los ruralistas de la conducción del INTA

En medio de la campaña electoral y del conflicto desatado por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, desde el oficialismo se lleva adelante un proyecto de ley que vuelve a generar tensión con el sector agropecuario. Una iniciativa de dos diputadas del Frente de Todos tiene como objetivo retirar a los representantes de los productores de la actual conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que quedaría en mano de funcionarios. Pero el proyecto también incluye apartar a los agrónomos y veterinarios, representantes de las universidades nacionales, quienes quedarían como asesores.

El INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Representa un aporte clave al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, mediante el desarrollo de acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor. Semanas atrás se había generado polémica entre el Gobierno y el campo por la intención, también de legisladores oficialistas, de expropiar tierras del organismo tecnológico.

El actual Consejo Directivo del Organismo, según consta en su sitio web, está conformado por un presidente y vicepresidente, que son designados por el Poder Ejecutivo, y un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. “De esta manera se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional, como así el control social de su accionar”, explican desde el organismo.

Desde hace 50 años los dirigentes de que representan a las entidades del campo y al Movimiento CREA forman parte de dicho Consejo. Pero desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, representantes de los movimientos de campesinos y de la agricultura familiar reclaman una ampliación de esa representación, aunque nunca se pronunciaron a favor de retirar a dichos sectores del organismo.

Ahora el proyecto de las diputadas Mabel Caparrós y Alcira Figueroa (la ex Coordinadora Provincial de Prohuerta en Salta, quien reemplazó al diputado Juan Ameri, quien renunció luego de un escándalo erótico en un sesión virtual) promueve erradicar toda presencia de los productores y de los profesionales del agro de la conducción ejecutiva del INTA, que debería estar integrado por 8 personas (dos menos que en la actualidad), pero sin los representantes de las entidades rurales, el Movimiento CREA y las universidades públicas.

Además, el proyecto propone que el presidente y vicepresidente seguirán siendo nombrados por el Gobierno, y los seis vocales titulares que los acompañen tienen que representar al Ministerio de Agricultura, al Senasa, al Ministerio de Ambiente, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y dos vocales en representación de las provincias. Si finalmente la iniciativa se aprueba, el sector privado se quedaría sin representantes y el nuevo Consejo “funcionará con un quórum de seis miembros como mínimo, incluidos, las personas que ejercen las funciones de presidente y de vice-presidente. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes y el presidente tendrá doble voto en caso de empate en una votación de sus integrantes”.

Fundamentos

Por otro lado, el proyecto que fue presentado el pasado 13 de agosto, promueve la modificación del artículo 6 del Decreto-Ley Nº21.680, donde se deberá conformar una nueva conducción que contemple en mitades iguales entre mujeres y hombres. “El Directorio deberá conformarse con paridad de género, estableciéndose un cupo de 4 (cuatro) personas pertenecientes el género femenino y 4 (cuatro) personas pertenecientes al género masculino. La persona presidente y vice-presidente no podrán pertenecer al mismo género. Las personas integrantes del Directorio deberán ser argentinas nativas o naturalizadas. Deberán poseer título universitario de carreras afines con una duración mínima de cuatro (4) años”, sostiene el proyecto.

En los fundamentos de la iniciativa se plantea que “el trabajo del INTA se orienta a evaluar el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente, entendiéndose que el ambiente es una dimensión indisoluble del desarrollo económico y social”. Y agregaron: “Ello da cuenta, que la composición del Consejo Directivo del INTA se encuentra en falta. Ni las provincias ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se encuentran representados. Tampoco lo están los intereses de los pueblos originarios, a los cuales la Constitución Nacional reconoce preexistencia y llama a garantizar su participación en la gestión de los recursos naturales y de los intereses que los afectan”.

Críticas

Una vez que se conoció la propuesta de las diputadas del Frente de Todos, los dirigentes del campo la rechazaron. Los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, reclamaron a los diputados y senadores en un comunicado que “no permitan que se vulneren los derechos de las entidades que representamos a los productores agropecuarios. Primero fueron por las tierras, ahora por la conducción. ¿Qué queda para mañana?”.

Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en diálogo con este medio, dijo: “No hay que darle demasiada consideración a este tipo de proyectos porque ya nacen con una mirada que es totalmente equivocada. Nadie en su sano juicio puede pensar que una iniciativas de estas características, en un país agroindustrial como la Argentina, pueda prosperar”.

Por otro lado, los integrantes de la Mesa de Enlace de Córdoba expresaron que no hay argumentos válidos para desmantelar el INTA, toda vez que se trata de una institución de reconocida capacidad y prestigio. “Lo único que parece animar este cambio es una notable carga ideológica y la necesidad del núcleo duro del kirchnerismo de apoderarse de una jugosa caja”, agregaron y apelaron al raciocinio de los legisladores nacionales para frenar el proyecto y, en particular, a los representantes de la provincia que realicen una encendida defensa del Organismo.

A todo esto, la diputada del PRO por Entre Ríos, Alicia Fregonese, sostuvo que desde hace años hay una razón de ser del INTA en la sinergia entre el Estado y la producción, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y con decisiones que se toman en consenso. “No estamos de acuerdo con los cambios. El INTA tiene que seguir con la sana interacción entre el sector público y privado. A este Gobierno le cuesta tanto dialogar que hasta quiere sacar los representantes de la producción del INTA. Es increíble”, dijo.

Y por último, los integrantes de la Fundación Barbechando, que siguen de cerca los temas del agro en el Congreso, señalaron que: “No es un cambio que parezca buscar la excelencia. Argentina no se ha caracterizado por tener políticas de Estado claras y exitosas. Sin embargo, el INTA es la excepción: durante más de 60 años ha sido el puntal para la competitividad tecnológica que tiene la agroindustria argentina en el mundo”.

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