¿Qué pasará con las tarifas en 2022?: el Gobierno prepara un plan de segmentación que ya asoma como difícil de implementar

La propuesta de segmentación de las tarifas, por la que cada usuario pasaría a pagar por los servicios públicos de gas y electricidad de acuerdo con su rango de ingresos, había arrancado con fuerza a comienzos de año e incluso fue uno de los temas anunciados por el presidente Alberto Fernández en marzo, durante la apertura de las sesiones del Congreso. Sin embargo, la complejidad de implementar esquemas de tarifas diferenciadas y las “internas” entre los funcionarios del área demoraron su avance.

Con todo, en las últimas semanas, trascendió que desde el Ministerio de Economía están apurando la definición de diferentes esquemas de tarifas de acuerdo a los niveles socioeconómicos, pero por las dificultades para determinar los niveles de ingreso de cada tramo de usuarios se estima que recién podrían llegar a implementarse durante el próximo año.

Hace algunas semanas, por ejemplo, hubo un pedido de información de la Secretaría de Energía al Banco Central sobre usuarios de los servicios públicos. Pero muchos de los datos requeridos están amparados por el secreto bancario -depósitos o gastos con tarjeta de crédito- y la entidad solo habría podido otorgar datos públicos, como los que están disponibles en la central de deudores.

También están aportando información desde las empresas de energía, a través del ENRE, especialmente los datos mensuales de consumo de cada uno de los usuarios. Las compañías ven la segmentación como una política positiva pero advierten que antes de aplicarla es clave determinar previamente quién está realmente puertas adentro de cada uno de los hogares que recibe un subsidio. “En el sector servicios no siempre tenés identificado al cliente. La gente alquila, se muda, vende una propiedad y modifica su domicilio pero no siempre se ve reflejando en la titularidad de los servicios. El titular puede ser un jubilado con la mínima mientras que en esa casa vive un profesional con ingresos medios altos”, señaló una fuente del sector.

En el sector señalaron las dificultades que generan los cambios de titularidad para obtener el beneficio (que el servicio esté a nombre de un jubilado) o que no se actualizan, como inquilinos o personas fallecidas. Los titulares de propiedades no necesariamente son quienes viven en el inmueble, como sucede en barrios cerrados y casas en alquiler. Pero también advierten por la situación de los barrios más vulnerables que, en muchos casos, no acceden al servicio de gas o agua por redes y dependen de la energía eléctrica y consumen más. O en zonas aun más precarias, donde directamente no hay medición del consumo.

El objetivo del Gobierno es alivianar el peso en el déficit fiscal de los subsidios a las tarifas. Así los confirmó hace algunas semanas el ministro de Economía Martín Guzmán. “La idea es poder focalizar mejor los subsidios. El camino para eso es la segmentación. Es algo que vamos a hacer y estamos trabajando en ello, en el contexto de pandemia fue difícil poder finalizar esta tarea, en la cual se está trabajando con fuerza. Esperamos el año que viene poder tener una segmentación apropiada de los subsidios energéticos”, dijo en una entrevista con C5N.

Durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se intentó aplicar un esquema de segmentación, al que se definió como “sintonía fina”. A fines de 2011, dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua las personas con domicilio en los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Puerto Madero, el corredor de Libertador) y el área metropolitana, countries y barrios cerrados. También se abrió un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio. Pero finalmente no se avanzó mucho más allá.

Ahora, la segmentación prevista será mucho más amplia y apelará a diferentes indicadores, no solo la zona de residencia. La idea es tomar la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), Anses, Afip y el Banco Central, pero con las dificultades de no violar los secretos fiscal y bancario y que luego esa información llegue empresas privadas. Una opción que se analizó en algún momento es que se entreguen los datos de los usuarios de los servicios de gas y electricidad a estos organismos y que ellos determinen qué categoría corresponde a cada uno según sus parámetros sin compartir sus bases.

Las mayores dificultades para segmentar parecen por ahora no estar en los sectores socioeconómicos más bajos, donde se puede apelar a la información de Anses sobre jubilados o quienes reciben AUH o planes sociales. En el sector medio y alto, las variables a considerar pueden ser más amplias, se cuentan con datos de los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y responsables inscriptos, pero en segmento de mayores ingresos también hay mucha informalidad.

“Segmentar es muy problemático. ¿Se toman los ingresos, la riqueza, la propiedad de cada usuario? Esto provoca imperfecciones. Además, siempre que se subsidia el precio de un bien o servicio aumenta la demanda. Mucha gente dejó de cuidar el uso de la energía. Es mejor, por ejemplo, apelar a la tarifa social y que el subsidio llegue al que lamentablemente no puede pagar pero no bajar el precio de la energía para todos porque eso termina distorsionando toda la economía de ese bien o servicio. Es ridículo subsidiar a alguien de poder adquisitivo alto”, indicó Daniel Dreizzen, asociado de Ecolatina y ex secretario de Planeamiento Energético.

“En este tema, se mezcla un poco la agenda electoral de subsidiar a la clase media con energía barata. Pero es mejor en lugar de bajar un precio de un servicio para todos darle algún alivio por el lado de la baja de impuestos, por ejemplo. Segmentar es operativamente muy difícil y hay riesgo de irregularidades y avivadas”, opinó.

Según un análisis reciente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, los subsidios energéticos acumulados en los últimos 12 meses, a agosto de 2021, ya superaron los USD 8.000 millones, un 52% más que en el mismo período del año anterior. Y en los ocho meses que van de este año, ya suman USD 6.000 millones, lo mismo que durante todo el año previo.

Estas cifras se explican por las transferencias del Estado de USD 3.900 millones a Cammesa, la empresa que coordina los despachos de energía en el mercado eléctrico, para cubrir la brecha entre los costos y los precios eléctricos. Y, por otro lado, las transferencias por USD 1.190 millones a la estatal Ieasa (un 80% más que el año anterior) para cubrir la brecha del precio del gas importado desde Bolivia y el Gas Natural Licuado (GNL) regasificado.

Con estas cifras, los subsidios se acercan a las cifras de 2017 y 2018, de acuerdo a los datos recopilados por el IAE. Los niveles más altos se dieron entre 2014 y 2016 con cifras de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares. “Esto se explica por las tarifas congeladas y los costos crecientes de la energía, que suben por encima de la inflación; como el precio del gas internacional o del barril del crudo. Los precios mayoristas de la energía en promedio subieron un 65% y son los que luego forman los costos de prestar servicios de energía”, explicó el economista Julián Rojo, director del Departamento Técnico del IAE.

Históricamente, en la época de mayores subsidios a la energía eléctrica, el usuario pagaba un 15% mientras que el Estado se hacía cargo del 85%. Hoy las estimaciones del sector señalan que se paga va entre el 30% y el 40% del costo total de la tarifa de energía eléctrica y el 65% en el caso del gas. Aunque en este caso, la red de gas alcanza solo a un 60% de la población.

¿La segmentación de tarifas podría ser un alivio? “El Gobierno ya tiene a mano la tarifa social, pero no la utiliza. Una posible explicación puede ser política, ya que la tarifa social se delegó a las provincias que no tienen los fondos para bancarla. Esa tarifa social es por ingresos pero se puede perfeccionar con datos geográficos y de comprobación de medios de vida en lugar de dar vueltas con otras cuestiones que son muy difíciles de implementar”, opinó Rojo.

Toda segmentación, sin embargo, implica errores de inclusión y de exclusión. Personas que reciben subsidios que no necesitan y a la inversa, subsidios que no llegan a quienes corresponderían. “Es muy difícil eliminar los errores. En este momento es un subsidio generalizado que no identifica diferencias en los ingresos y por eso es absolutamente insuficiente. Es lo mismo para un seis ambientes en Puerto Madero que para una casa en las afueras de Entre Ríos. No hay una sola herramienta, tiene que haber un conjunto de instrumentos para articular alrededor de las tarifas”, estimó Julián Rojo.

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