El conflicto entre los talibanes y EEUU que detonó el colapso de la convertibilidad en la Argentina

Daniel Marx, secretario de Finanzas y viceministro de Economía en 2001, era uno de los funcionarios más preocupados por la posibilidad de un default inminente. Con la idea de tratar de evitarlo comenzó en agosto de ese año, justo hace dos décadas, a preparar una gira para reunirse con los ministros del G-7, avalado por el presidente Fernando de la Rúa y por el jefe de Gabinete, Christian Colombo.

La intención del viaje era negociar un crédito de unos USD 20.000 millones como garantías para realizar un canje con los acreedores externos que el banquero de Merrill Lynch Jacob Frenkel -designado por el ministro Domingo Cavallo como su asesor especial- no había podido conseguir pese a su amplia reputación internacional.

Pero mientras Marx preparaba su valija el 11 de septiembre de 2001, dos aviones comerciales secuestrados por un grupo de terroristas de la red Al Qaeda explotaron contra las Torres Gemelas en Nueva York entre las 8:45 y las 9:03 de la mañana, mientras una tercera aeronave destruía a las 9:45 una parte del Pentágono, en Virginia, y otra era derribada en Filadelfia. Cerca de 3.000 personas murieron en el peor atentado terrorista llevado a cabo por Al-Qaeda -liderada por Osama Bin Laden en Afganistán- contra el mundo occidental, que observaba con horror la imagen de decenas de personas que saltaban desde los pisos más altos de los rascacielos más famosos del sur de Manhattan.

El mundo volvía a cambiar: Estados Unidos emprendería una tajante guerra contra Afganistán -la coalición que lideraba Washington bombardeó instalaciones de los talibanes y de Al-Qaeda en Kabul, Kandahar y Jalalabad, hasta lograr su derrota dos meses después- y América latina se corría del foco de la agenda de Washington; Argentina ya no podía contar con su aliado norteamericano.

Apenas vio las imágenes de la televisión desde su hogar en la zona norte del Gran Buenos Aires, Marx supo que la última carta para que el gobierno pudiera evitar un default desordenado no iba a poder salir del mazo.

Sin prisa, el secretario de Finanzas, que no ocultaba sus amplias diferencias con Cavallo, deshizo su valija, que incluía una carpeta con una presentación escrita que proyectaba una caída del PBI del 8,5% en 2002 si el país caía en default; finalmente, la realidad superó la proyección y la economía cayó 11% ese año.

En diálogo con Infobae, Marx recordó aquel episodio. “En agosto, cuando se aprobó el último paquete para la Argentina en el FMI, le dije a Taylor (subsecretario del Tesoro) de viajar para ver qué podíamos hacer y quedamos en encontrarnos el 13 de septiembre en Washington; luego viajaría a Europa, porque todo estaba atado con alfileres. Pero se produjeron los atentados y primero cortaron todos los vuelos; luego volvieron algunos, pero me aclararon que estaban muy focalizados en la respuesta a los atentados y a Washington no se podía llegar porque estaba casi sitiada. Así que viajé a Europa, donde me encontré con los ministros de Finanzas que estaban reunidos en una cumbre y conversé en una cena con el ministro alemán Caio Koch Weser, que me dijo: estamos muy complicados y vamos a seguir lo que haga Estados Unidos con ustedes”.

De ahí, Marx viajó finalmente a Estados Unidos en un vuelo a Baltimore que consiguió desde Bruselas y, al llegar a territorio norteamericano, abordó un avión a hélice que volaba bajo hasta Nueva York, eludiendo el humo que todavía salía de las torres en llamas.

Cambió la liquidez internacional

“Me buscaron en un patrullero para reunirme con los líderes de la Reserva Federal de Nueva York, pero en un búnker secreto en Nueva Jersey; hablé con el vicepresidente, Terry Checki, y algo con el presidente, Bill McDonough, pero quedó todo postergado. La ciudad era un desierto, horrible. Luego logré hablar con Taylor, pero no me dio ninguna definición”, recordó Marx con enorme pena, como si todo hubiera ocurrido hace poco tiempo. Cabizbajo, regresó a Buenos Aires, donde les comentó al presidente De la Rúa y al ministro Cavallo: “Game over, se terminó la liquidez internacional”.

Mientras Cavallo y su asesor especial, Horacio Liendo, diseñaban contrarreloj su compleja operación de canje de deuda, ajenos a las catástrofes domésticas y externas, otros protagonistas de este final anunciado pensaban en planes contingentes por si la estrategia oficial no funcionaba. En una operación similar a la que se desarrolló en 1982 apenas estalló el conflicto de Malvinas, en septiembre de 2001 Marx y el presidente del Banco Central, Roque Maccarone, comenzaron a trasladar las reservas internacionales que estaban depositadas en entidades comerciales al Banco Internacional de Pagos de Basilea y a una cuenta oculta en la Reserva Federal de Nueva York.

El discreto movimiento, que estuvo a cargo de una de las directoras del Banco Central, Amalia Martínez, buscaba evitar que la eventual cesación de pagos provocara el embargo de las reservas, que en aquel entonces ascendían a USD 19.500 millones -frente a USD 35.100 millones de enero- por pedido de los acreedores. Tras la asistencia adicional del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciada en agosto, las reservas crecieron hasta USD 24.000 millones a mediados de septiembre, pero luego comenzaron a retroceder y se ubicaron en torno de los USD 19.000 millones hasta fin de año. En paralelo, algunos integrantes del equipo económico y Colombo comenzaron a explorar la posibilidad de avanzar hacia un sistema monetario dolarizado para evitar el infierno de la devaluación, que cada vez se acercaba más.

“Sería mucho menos costoso para los ciudadanos una dolarización que una devaluación”, arriesgó en público el jefe de Gabinete. Con un perfil más bajo, el vicepresidente del BCRA, Mario Blejer, recibió una clara señal política a principios de noviembre en el mismo sentido por parte del titular de la Reserva Federal, Alan Greenspan, durante una reunión del Banco Internacional de Pagos en Basilea.

En una de las cenas de la cumbre de banqueros centrales, Greenspan le aclaró que ya no estaba en contra de la dolarización en la Argentina y le preguntó los argumentos que utilizaban aquellos que se oponían a la medida dentro del país. Uno a uno, el veterano banquero los rebatió, para sorpresa de Blejer.

De todos modos, el funcionario norteamericano no ordenó que la iniciativa se analizara en términos técnicos dentro del organismo que encabezaba. Entusiasmado, cuando regresó a la Argentina, Blejer conversó la idea con el jefe de asesores del ministro, Guillermo Mondino y juntos se la plantearon a Cavallo, quien se negó en forma rotunda. En todo caso, respondió, el cambio de moneda debía generarse en forma espontánea.

En este sentido, en una reunión del G20 -que reunía entonces sólo a los ministros de Finanzas del G-7 y de mercados emergentes, y no a los presidentes de esos países- el FMI y el Banco Mundial, desarrollada en Ottawa a mediados del mismo mes, Greenspan y el subsecretario del Tesoro de EEUU, John Taylor, se acercaron al ministro para volver a plantearle el mismo camino, pero su respuesta fue que dolarizar por ley era tan perjudicial como pesificar en términos de ruptura de contratos. Preocupados, los dos funcionarios norteamericanos insistieron y le ofrecieron que la Reserva Federal girara billetes contra las reservas del BCRA, pero no lograron convencer al ministro de que la dolarización pudiera evitar los riesgos de un default.

La suerte parecía estar echada: Cavallo avanzó en su estrategia de canjear a los inversores locales los títulos públicos nacionales y provinciales que rendían entre el 13% y el 23%, respectivamente, por préstamos garantizados con una tasa del 7% anual. Una vez más, surgió un enfrentamiento interno en el Palacio de Hacienda ya que Marx propuso hacer un “canje acotado” con un tope de USD 15.000 millones para reducir el costo de la operación, pero el ministro quiso ir a fondo con el objetivo de bajar las tasas y permitir que la economía volviera a crecer.

Ante el temor del default y la presión del gobierno sobre los bancos y los fondos de pensión, la “Fase uno” logró un trueque de 69 bonos por USD 56.000 millones, dividido entre USD 42.000 millones correspondientes a la Nación y USD 14.000 millones a las provincias. Así, se generaba un ahorro cercano a USD 5.000 millones en el pago de intereses del 2002 y planificaba para el verano la complicada “fase dos” con los acreedores externos, que incluiría a los bonos Brady Par y Discount, y los Global Cupón cero con garantía del Banco Mundial, entre otros.

De todos modos, todavía restaba obtener una importante masa de recursos para cerrar las necesidades financieras del último tramo de 2001. Impaciente, el ministro expresó que el FMI debía adelantar un desembolso de USD 1.240 millones previsto para fin de año, ya que supuestamente las metas del tercer trimestre se habían cumplido. Con esa suma y USD 1.000 millones más aportados por los bancos multilaterales, el gobierno podría hacer frente a sus necesidades de caja hasta el año nuevo.

El Fondo se mantuvo imperturbable hasta que el ministro se comunicó con la subdirectora del Fondo, Anne Krueger, para pedirle que lo recibiera o que mandara una delegación negociadora a Buenos Aires. “O vienen ustedes o voy yo”, intentó amedrentarla a la distancia. La flamante funcionaria le advirtió que si viajaba a Washington nadie lo recibiría, aunque luego de unos días aceptó enviar al auditor chileno del Fondo Thomas Reichmann, del equipo del auditor regional Claudio Loser, en una misión “exploratoria”.

En diálogo con Infobae, Loser recordó que “el bombardeo de las Torres Gemelas, hace 20 años, tuvo un efecto indirecto sobre la Argentina, en ese entonces envuelta en la dramática situación financiera que hizo crisis a fin de 2001″.

“El personal relevante del FMI estaba totalmente dedicado a la Argentina, y dada la precariedad de la situación se había dado un respiro al país en agosto, apoyado por el director gerente Kohler y su segunda, la Sra. Krueger, para ver si se podía corregir el deterioro observado en ese momento. Después del bombardeo no cambió para nada el trabajo técnico e incluso de gerencia del FMI respecto de la Argentina. Lamentablemente para el país, pero predeciblemente, a nivel internacional, el país cayo del primer plano de atención en que probablemente estaba, desplazado por la tragedia terrorista de aquel entonces”, indicó desde Washington.

“Una interpretación posible es que ello llevó a que no hubiese a nivel de los principales países del mundo mayor interés por resolver el problema de Argentina, aun cuando no hay evidencia explicita de que esto sucediera. Ello, más la continua debilidad de gestión macroeconómica, llevo inevitablemente a la crisis de diciembre de 2001. Pero probablemente esta crisis iba a pasar tarde o temprano, con o sin la incidencia de la destrucción de las Torres Gemelas”, agregó.

En aquel momento, el Día de la Lealtad peronista, Reichmann comenzó a escuchar la estrategia de dolarización del sistema financiero sugerida en el Palacio de Hacienda. Cavallo le rogó que persuadiera al board del organismo de la necesidad de adelantar el giro previsto para la primera semana de diciembre, ya que en noviembre el país enfrentaba vencimientos por USD 2.000 millones que no tenía cómo afrontar. Además, el ministro le explicó que las provincias recibirían sus transferencias en las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop) que, junto con el resto de los bonos emitidos por las provincias, inundarían la economía ante la falta de pesos en circulación.

Mientras los gobernadores estallaban de furia por la decisión, Reichmann elevó un informe a Krueger y regresó a Washington. Diez días más tarde, arribó John Thornton, subjefe del caso argentino hasta la renuncia del auditor chileno. El funcionario de origen británico, apodado como “el funebrero” en el FMI por su forma gris de vestir y su escasa simpatía, viajó con un mensaje claro: para acceder al último desembolso de 2001, el gobierno nacional debía lograr que las provincias cumplieran con la regla del “déficit cero” y aceptaran eliminar el piso de las transferencias de $1.364 millones mensuales establecido en el acuerdo firmado el año previo.

La situación político-económica local empeoraba en forma diaria, al ritmo de la baja de los depósitos y la recaudación y la suba de las tasas de interés y del riesgo país. Como contraste, tras viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, De la Rúa recibió algunos mimos en una reunión a solas que mantuvo con el presidente George W. Bush. Tras el encuentro, el secretario del Tesoro, Paul O’Neill, sostuvo que, frente a la crisis, “la situación en este momento es bastante alentadora porque el presidente De la Rúa ha tomado la iniciativa”, aunque se encogió de hombros cuando le preguntaron si la administración republicana estaba dispuesta a aportar fondos adicionales para que la Argentina concretara la “fase dos” de su reestructuración en forma ordenada y sin quitas significativas.

Redoblando la apuesta y enojado, el secretario del Tesoro dijo que los tenedores de bonos debían asumir una pérdida significativa luego de haber ganado tanto dinero en los ‘90. “En lo que a mí concierne, la gente que va a ganar entre un 25, 30 o 40 por ciento de intereses debería asumir los riesgos por su propia cuenta si le sale mal; los costos no deberían ir a la cuenta de los Estados Unidos ni del FMI, sino de quienes tomaron la decisión de correr el riesgo”, sentenció O’Neill.

La Argentina intentó convencerlo de que tenía los mismos derechos que Turquía, el aliado clave de EE. UU. en Oriente, que había recibido en esas semanas otro paquete de ayuda del FMI. Entonces, el titular del organismo, Horst Köhler, también manifestó una queja: “Llevo 17 meses en el FMI y ya estuve implicado en dos grandes discusiones de apoyo para la Argentina; fue tan sólo en agosto que se decidió un nuevo paquete por USD 8.000 millones. No es justo ni correcto decir que beneficiamos más a Turquía”.

Cavallo escuchó estas palabras de cerca, durante la reunión anual del Fondo desarrollada en Ottawa, pero regresó a Buenos Aires con las manos vacías. La última semana de noviembre, Reichmann volvió una vez más para evaluar el estado del programa de asistencia y dejó en claro que, al menos hasta fin de año, los codiciados USD 1.240 millones no llegarían.

Mientras el peronismo y parte del radicalismo decidían la suerte política del gobierno de De la Rúa, los acreedores dejaban en claro que ya no podían hacer nada por un país que, apenas un año antes, había recibido el “blindaje” del FMI, cuyo principal accionista, a su vez, comenzaba a preparar la “guerra contra el talibán” que se mantendría durante dos décadas, casi hasta la fecha del vigésimo aniversario del atentado a las Torres Gemelas.

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