El Gobierno terminó en estos días la elaboración del proyecto de ley de promoción de producción de hidrocarburos que había prometido Alberto Fernández al inicio de su gestión y que llevó ocho meses de trabajo entre distintos ministerios, secretarías e incluso YPF. La iniciativa, que llegará en los próximos días al Congreso, propone incentivos fiscales y de disponibilidad de divisas por fuera del cepo cambiario a empresas petroleras que incrementen su nivel de actividad.
El proyecto llevará como nombre Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y una vez que tenga la aprobación final de Alberto Fernández llegará al parlamento para su discusión. A grandes rasgos, el Gobierno persigue dos objetivos con la iniciativa: conseguir un aumento de la productividad de los hidrocarburos que asegure el abastecimiento interno y mejorar el saldo exportador del sector con mayores divisas para el Banco Central.
Para eso, establece un régimen de inversiones que durará 20 años y en el que les asegurará a las compañías estabilidad impositiva para generar “un horizonte de reglas claras en materia tributaria federal y para los propios incentivos que la misma norma establece”, mencionaron desde el Ministerio de Economía. “La propuesta apunta a resolver los desafíos del sector, generando incentivos que impulsen la inversión, sin dejar de atender el frente fiscal, cuidando el abastecimiento interno e impulsando la soberanía energética”, apuntaron.
El Gobierno persigue dos objetivos con la iniciativa: conseguir un aumento de la productividad de los hidrocarburos que asegure el abastecimiento interno y mejorar el saldo exportador del sector con mayores divisas para el Banco Central
Los distintos capítulos del texto de ley establecerán regímenes de promoción para el petróleo, para el gas, para grandes obras de infraestructura y para proyectos especiales, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos off shore. Los beneficios impositivos, aclararon fuentes ligadas a la elaboración del proyecto, estarán relacionados a un recorte del costo de capital que haga viable la inversión y que no prevé una rebaja de los tributos que deberán pagar las empresas por las ganancias de sus desarrollos.
Para el caso del petróleo, uno de los puntos decisivos del proyecto, los incentivos a la producción operan de dos maneras. Por un lado, el Gobierno establecerá una “línea de base” de actividad de cada firma a partir de la cual, en caso de que haya un excedente, comenzará a computarse lo que llaman producción “incremental”. Esa producción adicional tendrá garantizado un porcentaje de exportación -que comenzará en 20% pero puede ser mayor según distintas particularidades de la ley como la recuperación de pozos inactivos o de baja productividad- y una libre disponibilidad de divisas que equivale al 50% de esas ventas.
De esa manera, el Poder Ejecutivo flexibilizará los controles cambiarios para que las empresas del sector -que en muchos casos suelen ser extranjeras- puedan utilizar a discreción parte de ese saldo en dólares, por ejemplo para girarlo a sus casas matrices. Al igual que para la exportación garantizada que empieza en 20% pero que puede incrementarse, el 50% podrá ser levemente mayor si las empresas cumplen con otros puntos de la ley, como ciertos programas de protección ambiental o de inclusión laboral con perspectiva de género.
Para el caso de gas, la ley apuntará a “institucionalizar” el Plan Gas que puso en marcha el Ministerio de Economía a fines de 2020. Según explicaron funcionarios que participaron de la elaboración del proyecto, en la medida en que la iniciativa cumpla su objetivo la incidencia del precio del barril criollo de gas establecido como “estímulo” será menor porque todo lo que se exporte será a valor internacional.
Por otra parte, la iniciativa buscará “alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad hidrocarburífera, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino”, explicó el Ministerio de Economía en un comunicado.
El Poder Ejecutivo flexibilizará los controles cambiarios para que las empresas del sector -que en muchos casos suelen ser extranjeras- puedan utilizar a discreción parte de ese saldo en dólares, por ejemplo para girarlo a sus casas matrices
Entre los proyectos especiales que tendrán un régimen particular se incluirán actividades como el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.
Aquellos proyectos que cuenten con un plan asociado a la protección ambiental tendrán beneficios adicionales. Para eso deberán incluir propuestas de eficiencia en el uso de la energía y diversificación de su producción energética, incentivos para facilitar la transición energética de fósiles líquidos a gas natural, y la viabilización de industrialización que reduzca la contaminación ambiental.
En términos de generación de empleo, por su parte, el proyecto de ley “premiará” acciones que tomen las empresas y que estén destinadas a “involucrar la perspectiva de género y la creciente incorporación de inversión en investigación y desarrollo tecnológico”.
En el Gobierno evitan hacer proyecciones sobre cuántos dólares podría generar o cuántas inversiones podría motorizar la aprobación del proyecto, pero aseguran que uno de los objetivos será utilizar menos divisas para la importación de energía y en ese sentido estiman que la implementación del régimen de promoción de hidrocarburos podría redundar en un ahorro de unos USD 2.500 millones.
Los beneficios impositivos estarán relacionados a un recorte del costo de capital que haga viable la inversión y que no prevé una rebaja de los tributos que deberán pagar las empresas por las ganancias de sus desarrollos
Según aseguraron fuentes oficiales a Infobae, el proyecto cuenta con el aval de las tres “tribus” del Frente de Todos, desde el albertismo hasta el ala kirchnerista y el Frente Renovador massista. Uno de los ideólogos principales de la iniciativa fue Demian Panigo, director de YPF en representación del Ministerio de Economía y hombre de Guzmán en la petrolera, que comenzó a trabajar en el trazo grueso de la ley en diciembre del año pasado cuando asumió en la compañía.
En la elaboración el Poder Ejecutivo involucró a varias áreas del Estado, desde la Secretaría de Energía con Darío Martínez a la cabeza hasta el Ministerio de Desarrollo Productivo, e incluso hubo participación del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que encabeza Federico Bernal, un dirigente con terminal política en el sector de la coalición de gobierno más identificado con Cristina Kirchner. Y dentro del Ministerio de Economía el proyecto tuvo participación del viceministro Fernando Morra, el secretario de Política Tributaria Roberto Arias y el asesor en materia de energía Santiago López Osornio, que trabaja con Guzmán desde el inicio de su gestión.
Desde el Palacio de Hacienda aseveran que el régimen de promoción podría tener un impacto en los montos de inversiones, primero, de las empresas locales y en una segunda etapa, de los grandes jugadores multinacionales.
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