Los subsidios energéticos acumulados en los últimos 12 meses, a agosto de 2021, ya superaron los USD 8.000 millones, un 52% más que en el mismo período del año anterior. Y suman, en los ocho meses que van del año USD 6.000 millones, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi.
Estos USD 6.000 millones acumulados en lo que va del año se explican por las transferencias del Estado a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que coordina los despachos de energía en el mercado eléctrico, por USD 3.900 millones (un 46% más que en el mismo mes del año anterior) para cubrir la brecha entre los costos y los precios eléctricos.
En la época de mayores subsidios a la energía eléctrica, el usuario pagaba un 15% mientras que el Estado se hacía cargo del 85%. Hoy lo que se paga va entre el 30% y el 40% del costo total
Y, por otro lado, las Transferencias a la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa) por USD 1.190 millones (un 80% más) para cubrir la brecha del precio del gas importado. La empresa es la encargada de coordinar la provisión de gas importado, de producción externa desde Bolivia y de Gas Natural Licuado (GNL) regasificado.
Con estas cifras, los subsidios se acercan a las cifras de los años 2017 y 2018, de acuerdo a los datos recopilados por el IAE. Los niveles más altos se dieron entre 2014 y 2016 con cifras de entre USD 14.000 y USD 16.000 millones.
“Esto se explica por las tarifas congeladas y los costos crecientes de la energía, que suben por encima de la inflación; como el precio del gas internacional o del barril del crudo. Los precios mayoristas de la energía en promedio subieron un 65% y son los que luego forman los costos de prestar servicios de energía”, explicó el economista Julián Rojo, director del Departamento Técnico del IAE.
“En la época de mayores subsidios a la energía eléctrica, el usuario pagaba un 15% mientras que el Estado se hacía cargo del 85%. Hoy lo que se paga va entre el 30% y el 40% del costo total, depende cada mes”, agregó.
Los subsidios energéticos acumulados en los últimos 12 meses, a agosto de 2021, ya superaron los USD 8.000 millones, un 52% más que en el mismo período del año anterior
En mayo de este año, el Gobierno autorizó aumentos del 9% para los usuarios de energía eléctrica. Pero solo para la zona del AMBA donde operan las empresas Edenor y Edesur. Para el resto, los aumentos son aprobados por cada provincia, lo que provoca una disparidad en los precios que se pagan por el mismo servicio en distintas zonas del país.
Con todo, los aumentos autorizados se aplicaron para el concepto de Valor Agregado de Distribución (VAD) que tienen las compañías distribuidoras con una suba de 20%. “Con tarifas congeladas desde febrero de 2019, las empresas aseguran que tienen un atraso mayor al 100%. Al no tener una recomposición, dejan de pagar la energía que comprar y esas deudas con Cammesa son un costo semioculto que hay que tener muy en cuenta”, señaló Rojo.
Luego, durante agosto, el Gobierno confirmó un nuevo aumento del 3% en las tarifas de energía eléctrica pero que afectó solo a los grandes usuarios.
Según estimaron desde el IAE, el año 2021 puede finalizar con subsidios por USD 10.000 millones. “No vemos que se haya modificado nada de lo que observamos desde principios de año. Mantenemos esa estimación”, detalló el economista.
Durante este año, las tarifas y las políticas de subsidios energéticos generaron una fuerte interna dentro del Gobierno que se conoció cuando hubo idas y vueltas —con versiones confirmadas y luego desmentidas— sobre la salida del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández y estaba enfrentado con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Finalmente, luego de la polémica, el Gobierno definió el aumento del 9% para las tarifas eléctricas que pagan los usuarios.
Aunque se lograron pocos avances, el Gobierno intenta implementar una segmentación de tarifas que permita que los subsidios a la energía sean otorgados a los usuarios de acuerdo a indicadores socioeconómicos. Aunque se estima que por su complejidad —se requieren cruces de datos fiscales y financieros provistos por varios organismos del Estado—, la segmentación llegaría recién en 2022.
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