Garbarino: se destrabaron fondos para el pago de parte de los salarios, pero la empresa sigue en crisis

La compleja situación de la empresa Garbarino, que adeuda varios meses de salarios a sus cerca de 3.800 empleados, puede tener un alivio aunque muy leve. Este martes, el Gobierno porteño transfirió a la empresa una parte de los saldos a favor que la compañía tenía en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ente recaudador de la ciudad, por un monto estimado en alrededor de $225 millones.

Con todo, ese dinero está lejos de representar una solución definitiva para las deudas con los trabajadores: representa un pago promedio de menos de $60.000 para cada empleado, a quienes se les deben cuatro meses y el medio aguinaldo de junio. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

Por otro lado, más de la mitad de las sucursales de la compañía, que son alrededor de 100, están cerradas o siendo desalojadas de diferentes centros comerciales del país por falta de pago de alquileres, lo que genera una alta incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados. Según aseguraron fuentes cercanas a la empresa, esta suma de dinero recibida se destinará a la regularización de una parte de los salarios. El Gobierno, por su parte, sigue pagando parte de esos sueldos a través del programa Repro II.

Desde el Gobierno porteño detallaron que durante los últimos meses, Garbarino y Compumundo —que forman parte del mismo grupo—, retuvieron fondos de terceros en su carácter de agentes de retención y no los depositaron ante el fisco de la Ciudad.

Estas retenciones llevaron a que acumularan deudas impositivas ante la AGIP, por lo que ambas empresas fueron declaradas en la máxima situación de riesgo fiscal. Con todo, durante junio de este año, Garbarino comenzó a regularizar su situación fiscal, por lo que la AGIP inició el proceso de devolución de los saldos a favor. El monto total sería cercano a los $900 millones.

A fines de junio ya se les reintegró la mitad del total y este martes se transfirió la mitad del saldo restante. Desde el Gobierno de la Ciudad confirmaron que la otra mitad se encuentra en etapa de verificación fiscal para su posterior devolución.

Los representantes de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se habían reunido con autoridades de la AGIP para buscar alguna forma de que ese dinero transferido a la empresa sea destinado efectivamente al pago de salarios. Sin embargo, como no se trata de una empresa intervenida o en quiebra, el fisco solo está habilitado para transferir el monto pero no para supervisar su destino.

Este martes sectores del gremio de Comercio opositores a la conducción de Armando Cavalieri sumados a la Rama Logística del Sindicato de Camioneros realizaron una concentración de protesta frente a la sede de la empresa, en Juncal y la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires. Los dirigentes Pablo Moyano y Ramón Muerza reclamaron que el Gobierno intervenga en el conflicto y prevén realizar una nueva protesta para el próximo viernes.

Hace apenas un año, la empresa cambió de dueño y hoy está en manos de Carlos Rosales, un empresario del rubro del seguro. Según fuentes cercanas a la empresa, una de las líneas en las que se está trabajando para poder remontar el complejo escenario es la creación de un fideicomiso financiero, donde podría invertir el Gobierno a través del BICE. Esta propuesta fue presentada al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas hace dos semanas, pero no tuvo respuesta.

La empresa busca que el fideicomiso le permita generar un instrumento que no esté dentro del pasivo y sirva para regularizar las situación, comprar mercadería y recuperar algo de volumen de operación y de venta. Según explicaron, la complicada situación se agravó en abril y mayo de este año, con la segunda ola de Covid, cuando las ventas cayeron entre 60% y 75%, con un desplome en el flujo de caja que colapsó el pasado mes de junio. El efecto cascada de la situación generó la falta de pago a los proveedores.

Hace un mes, la empresa no pudo cerrar un acuerdo con un posible socio, de un grupo encabezado por el empresario Facundo Prado, porque consideraron que la propuesta era “inconsistente”, lo que aumentó la tensión dentro de la compañía. La intención era que un nuevo socio pudiera inyectar capital que le dé empuje a una posible reconversión de la empresa, con más foco en la venta online y locales como puntos de retiro de las compras, con el formato de pick-up, una tendencia que siguen todas las empresas del rubro.

SEGUIR LEYENDO: