Ajuste, déficit y elecciones: cuáles son los gastos que más suben y en cuáles el Gobierno recortó fondos

Las cuentas públicas tuvieron un julio un déficit más bajo que el que habían registrado el mes anterior, y mostraron además una fuerte mejora en relación con ese mismo mes del 2020, según estimaciones privadas. Parte de ese desequilibrio fiscal menor estuvo relacionado a algunas partidas presupuestarias que cayeron en términos reales y que son relevantes para el gasto del Estado, principalmente las que corresponden a jubilaciones.

De acuerdo a un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), julio terminó con un déficit primario que superó por poco los $131.000 millones, lo que se explica por ingresos por $640.000 millones potenciados por las retenciones a las exportaciones y el IVA, contra un total de gastos de $771.000 millones.

En la comparación interanual, estos números implican una mejora en términos reales -es decir, incluyendo el factor inflación a la hora de la relación nominal entre ambos números- de 32,1 por ciento. El número oficial del resultado fiscal de julio que publica la Secretaría de Hacienda se dará a conocer el próximo viernes.

En términos generales, en julio los gastos primarios del Estado tuvieron una caída real de 5,2 por ciento. Analizado por sectores, algunos rubros con peso específico relevante en el Presupuesto como jubilaciones y prestaciones sociales registraron retrocesos mayores, de 5,5% y 53,6%, respectivamente y otro como transferencias a provincias, que tuvo un desplome de 33,3 por ciento.

En cuanto a las partidas previsionales, según la OPC su caída se explica porque “la movilidad de los haberes del régimen general, que en el acumulado de las últimas cuatro recomposiciones (septiembre y diciembre de 2020 y marzo y junio de 2021) no logró compensar a la inflación (36,8% versus 51,8 por ciento)”. El estudio agrega que eso también “tuvo impacto en la reducción de las pensiones no contributivas, que tuvieron un retroceso de 6,3% interanual”.

La explicación para el derrumbe de los fondos a prestaciones sociales se entiende por la base de comparación del año pasado, cuando el Gobierno implementó medidas de asistencia ante la irrupción de la pandemia. Por eso, para la OPC el retroceso de 53,6% “es atribuible a la implementación del IFE y el ATP durante julio del año pasado, que implicó un desembolso de $77.385 millones”.

Otros gastos que estuvieron “pisados” durante el ejercicio fiscal de julio fueron las transferencias a universidades (-11%) y los intereses (-9,8 por ciento). Ahora bien, considerando la película completa de los siete meses ejecutados entre enero y julio, se ve que el gasto corriente en términos reales tuvo un ajuste del 12 por ciento, lo que explica parte del mejor desempeño fiscal del 2021 en relación con el anterior.

En ese sentido, los fondos para prestaciones sociales tuvieron una variación negativa de 16,4%, las transferencias a provincias (excluida coparticipación, que creció al ritmo de la recaudación general y en julio tuvo un aumento del 59% respecto de igual mes de 2020), de 41,9%, los intereses, de 24,1% y las transferencias a universidades, de 4,5 por ciento.

Como contracara, otros rubros del gasto público registran fuertes incrementos. El principal es la cuenta de subsidios económicos. En julio aumentó 50% de forma interanual ($143.000 millones) y en el acumulado del tramo enero-julio fue ese avance fue de 20 por ciento, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Dentro de estos, los destinados a Energía presentaron una suba real de 59,4 por ciento. En detalle, las transferencias a Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, crecieron 75,3% en julio y 37,3% en todo lo que va de 2021. Este ítem representa el más abultado entre los gastos de subsidios que realiza el Estado. Por su parte, el fondeo a Ieasa (ex Enargas) avanzó 45,4% en julio y 91,9% en los primeros siete meses del año.

Sobre Cammesa, la OPC explicó que se debió al “retraso de las tarifas, pero también debido al incremento de los costos de la generación eléctrica por subas vinculadas a los precios y cantidades de importación de los combustibles de invierno (GNL y gas oil) y al precio de compra del gas local”, analizó el organismo que depende del Poder Legislativo.

Para el Plan Gas, por su parte, la suba de la ejecución de fondos también fue considerable, debido al relanzamiento de ese programa de estímulo a la producción que anunció el Gobierno nacional en los últimos meses de 2020. En julio tuvo un incremento presupuestario de 8,4% pero en el acumulado del tramo enero-julio fue de casi 118 por ciento. Por su parte, los que tienen como objetivo el transporte se redujeron 3,2 por ciento interanual.

Otro gasto con un fuerte incremento real de un año a otro es el de funcionamiento, que tuvo una suba de 35,6% en julio y de 7,1% en el acumulado anual. En el rubro Bienes y servicios el aumento fue de 191,5% hasta los $35.700 millones, mientras que el gasto en personal tuvo en julio la segunda suba real interanual (5,2%) por la recomposición de ingresos a la dotación de personal estatal.

Las erogaciones para obra pública también forma parte de las que tuvieron una ejecución mayor. En ese sentido, el gasto de capital registró una escalad de 82% en el acumulado de los primeros siete meses del año, en los que se destinaron poco más de $382.000 millones para este área del gasto público. El que corresponde a inversión real directa creció 59,8% mientras que las transferencias de capital lo hicieron 110 por ciento.

El gasto en obra pública creció solo en julio un 36,2% internual y respondió, según la OPC, “a la inversión en urbanismo y vivienda”. Y respecto a la inversión real directa, el incremento de 43,2% estuvo motorizada por “las obras llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad” y por “incrementos en el sector de la ciencia y técnica”.

Ingresos

Por el lado de los ingresos, la mejora estuvo basada en los derechos de exportación, que crecieron a ritmo de 63% interanual, seguidos por el IVA (28,4%), Ganancias (27,6%), e impuesto al cheque (19,6 por ciento). Según la OPC, el impuesto a la riqueza ya recaudó unos $191.250 millones, de los cuales se ejecutaron uno de cada cuatro pesos, es decir poco menos de $46.000 millones.

El destino de los fondos -prefijados por la ley que sancionó el cobro por única vez de ese aporte extraordinario- fue dirigido a equipamiento médico ($30.094 millones), rubro al que le corresponde un 20% del total ingresado al fisco por ese concepto y que en su gran mayoría fue utilizado para la compra y transporte de vacunas contra el Covid. El resto fue utilizado para reforzar el programa Repro II por el cual el Estado asiste al pago de salarios de empresas del sector privado que estén afectadas por la pandemia.

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