Desde mediados de abril, las empresas argentinas están habilitadas para convocar al retorno a la actividad laboral presencial a todos los trabajadores —incluidos los dispensados— que hayan recibido al menos una primera dosis de las vacunas. Sin embargo, a medida que avanza la campaña de vacunación, surge una “zona gris” con respecto a la situación de las personas que deciden voluntariamente no ser vacunadas.
¿Se puede exigir la vacunación? ¿O tomar alguna medida frente a los que no lo hagan? Esta semana, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, puso foco en ese tema: consideró que un trabajador que no desea vacunarse pone en peligro los protocolos puestos en marcha por la pandemia y que ese incumplimiento habilitaría un “cese de dispensa”. Es decir, el trabajador no puede ser despedido pero sí podría dejar de cobrar su salario en el período que no concurra a su lugar de trabajo.
El presidente de la Unión Industrial Argentina consideró que un trabajador que no desea vacunarse pone en peligro los protocolos puestos en marcha por la pandemia y que ese incumplimiento habilitaría un cese de dispensa
Algunas grandes empresas de los Estados Unidos, entre ellas bancos y medios de comunicación, comenzaron a exigir la vacunación. El caso más reciente fue el de la empresa CNN que despidió a tres empleados que, en contra de las exigencias implementadas por la compañía, se presentaron a trabajar en sus oficinas sin estar vacunados. La empresa determinó que la vacunación es obligatoria para sus empleados si acuden a las oficinas o trabajan en contacto con otros empleados.
Algunos grandes bancos, entre ellos JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, comenzaron a exigir la vacunación como requisito para ingresar a las oficinas, pero tienen diferentes enfoques. Algunos les permiten entrar llevando tapabocas o los relegan al trabajo remoto.
En tanto, empresas Disney y Walmart ya anunciaron que exigirán a gran parte de sus empleados que se vacunen. Otros, como Amazon, uno de los empleadores más grandes de los Estados Unidos, optaron por otras estrategias como las bonificaciones y el acceso a las vacunas en los lugares de trabajo.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que la normativa vigente en la Argentina —la Resolución Conjunta 4/2021— estableció que los trabajadores que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse tienen que deberán actuar de “buena fe” y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para “paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras”. Y estimaron que no se tomará ninguna otra acción con respecto a este tema.
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que la normativa vigente estableció que los trabajadores que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse tienen que deberán actuar de buena fe
Las diferencias entre las medidas que toman las empresas en los Estados Unidos y las que pueden implementar el resto de los países están vinculadas a las legislaciones laborales. En Europa, por ejemplo, la legislación sobre sobre salud y seguridad en el trabajo de 1989, cuenta con normas específicas sobre el derecho a la intimidad del empleado.
Hace algunas semanas, el Gobierno de Francia insistió con la posibilidad de aprobar una ley que contemple el despido de un trabajador no vacunado contra el Covid-19, a pesar de que el Senado francés ya había rechazado esa posibilidad. El Parlamento de ese país aprobó la vacunación obligatoria para algunas profesiones, como el personal de salud, y la utilización del “pase sanitario”, en la mayoría de establecimientos públicos como restaurantes, cines, discotecas, trenes y aviones.
Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC), señalaron que apelan a la responsabilidad y solidaridad de los trabajadores. “Está en el ADN de la cámara la defensa de la libertad por sobre todas las cosas. Por lo tanto, otras cuestiones como prohibir u obligar es un tema de intenso debate dentro de la institución y, en ese marco de la libertad, está el tema de los que se quieran vacunar y los que no se quieran vacunar. Pasa por una cuestión de responsabilidad y solidaridad con los compañeros de trabajo que no sienten cómodos con alguien que no se quiso vacunar por una cuestión determinada”, señaló a Infobae Mario Grinman, presidente de la CAC.
“El que tiene que regular en ese marco no es el comerciante o el empresario de manera particular. Es el Estado a través de los organismo de competencia como el Ministerio de Trabajo. En lo personal, defiendo el sistema vacunatorio. Lo ideal es que el 100% de los argentinos estemos todos vacunados pero institucionalmente defendemos la libertad y es una tema de conciencia de cada uno”, agregó.
Por su parte, el abogado especialista en derecho laboral Héctor Recalde explicó que por lo novedoso el tema de los empleados sin vacunación genera una laguna y que debe ser analizado en cada caso particular, teniendo en cuenta principios básicos generales. “Esos principios son que se actúe de buena fe, es decir, que no haya una trampa. Y que en el caso de dudas, se esté a favor del empleado. Pero evidentemente en el tema hay un conflicto de derechos entre un derecho colectivo, que es de todos los trabajadores a no ser contagiados, y el derecho de un solo trabajador”, señaló.
Hay un conflicto de derechos entre un derecho colectivo, que es de todos los trabajadores a no ser contagiados, y el derecho de un solo trabajador
“Creo que puede haber un pequeño grupo de trabajadores que deciden no ser vacunados, pero no son muy representativos. Por eso, cada caso va a ser muy singular. Las medidas que están tomando en las empresas de los Estados Unidos responden a que ese país no cuenta con una Ley de Contrato de Trabajo, pero no podrían aplicarse en la Argentina. Hay que ver qué pasa con cada empleado y en principio lo tomarán las empresas con los sindicatos”, agregó Recalde.
El planteo que realizó Funes de Rioja tiene que ver con una “dispensa de tareas” para los que decidan no vacunarse, pero el titular de la cámara empresaria no habló de despidos. “En una pandemia usted está poniendo en juego a sus compañeros de trabajo y a todos los que tiene alrededor. Esa libertad de no vacunarse genera efectos laborales”, aseguró en declaraciones a Radio Mitre.
Sin embargo, aun no hay información precisa sobre la cantidad de trabajadores que podrían estar en esa situación. “No tenemos aun encuestas. Pero no percibimos que sea un universo muy grande. En los Estados Unidos, se habla de un 20% o 30% de gente que no se quiera vacunar. En la población laboralmente activa de la Argentina no tenemos esa percepción, lo cual no quiere decir que no pueda haber casos”, estimó Funes de Rioja.
“Pero la preocupación existe. Como existe también por el tema del transporte público. Desde el sector hemos tomado todas las precauciones y esto ha tenido sobrecostos muy importantes para la industria. Calculamos un 20% de la masa salarial y con la norma que permitió convocar a los trabajadores vacunados se produjo un descenso al 10,2%”, detalló.
“Hasta ahora hemos tenido un diálogo muy abierto y constructivo con los sindicatos. Hemos tenido ejemplos de empresas donde la gente no iba a testearse a los ámbitos públicos pero iban a ser testeos en fábrica y los responsables gremiales colaboraban. Una comunidad laboral es cerrada y la posibilidad de contagio existe, más allá de que se respeten distancias sociales”, concluyó.
El abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de asociaciones sindicales, destacó que la vacunación contra el Covid-19 no es obligatoria, por lo tanto, las empresas no pueden abstenerse de dar ocupación o de pagar los salarios cuando un trabajador no quiera vacunarse. “El articulo 19 de la Constitución Nacional dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Lo que hay es una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y de Salud que establece que los que deciden no vacunarse deben actuar de ‘buena fe’ para paliar los perjuicios que su decisión puede originar al empleador. Pero no hay nada que los obligue a vacunarse y, si la ley no los obliga, no los puede obligar el empleador. Podrá haber recaudos como presentar un PCR o hisopado periódicamente, lo que podría establecerse mediante una negociación colectiva. Pero lo que está planteando la UIA, de no pagar el salario a los que decidan no vacunarse es ilegal”, señaló a Infobae.
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