El Gobierno pagará esta semana USD 350 millones al Fondo Monetario Internacional como parte del calendario de giros a ese organismo, que será más exigente en los últimos meses del año. Este lunes, además, la Junta de Gobernadores del FMI debatirá la aprobación del reparto de USD 650.000 millones a sus países socios, lo que representará para la Argentina la llegada de USD 4.300 millones a las reservas del Banco Central en las próximas semanas.
El pago que realizará en las próximas horas el Tesoro hacia el FMI forma parte de los desembolsos trimestrales que realiza el país hacia Washington en sumas de USD 350 millones. Este año, además del pago de esta semana, quedará uno pendiente para los primeros días de noviembre por ese mismo monto.
El pago que realizará en las próximas horas el Tesoro hacia el FMI forma parte de los desembolsos trimestrales que realiza el país hacia Washington en sumas de USD 350 millones por cada ocasión que corresponden intereses.
Los últimos meses del año elevarán la exigencia con el Fondo Monetario, pues el Tesoro afrontará las dos primeras cuotas de capital del crédito Stand By de 2018. Según información provista por el organismo, el 22 de septiembre y el 22 de diciembre la Argentina debería repagar casi USD 1.884 millones en cada ocasión, es decir un total 3.767 millones en tres meses.
Al sumar los pagos que deberá hacer la Argentina tanto al FMI como al Club de París, habría una demanda de divisas al Banco Central de casi USD 4.700 millones, de los cuales una pequeña parte (230 millones) ya se pagó la semana pasada a ese consorcios de países acreedores.
Como contracara, este lunes el FMI dará el paso final en su proceso interno de debate y votación sobre la distribución de derechos especiales de giro (DEG) entre sus países socio, por USD 650.000 millones. En las próximas horas la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario se reunirá para tratar ese tema, en una propuesta que fue dirigida directamente por Kristalina Georgieva. En caso de que ese órgano de decisión dé luz verde, De ese total, a la Argentina le corresponderán poco más de USD 4.300 millones por poseer cerca del 0,7 % de la participación total.
El proceso no será inmediato. Luego que los accionistas del Fondo voten el reparto de Derechos Especiales de Giro (DEG), los países miembro contarían con ese dinero en sus arcas a finales de agosto, explicaron fuentes del organismo. El timing es decisivo para la Argentina, ya que el primer vencimiento “fuerte” con el FMI es tres semanas después.
Tras un debate interno hacia el Frente de Todos sobre qué destino deberían tener los USD 4.300 millones que ingresarán al Banco Central -que incluyó un proyecto de declaración propuesto y votado por el propio oficialismo para evitar que esos fondos se usen para pagar deuda- la vicepresidenta Cristina Kirchner terminó por habilitar esa utilización en el acto de presentación de los candidatos de la coalición, el fin de semana pasado.
En las próximas horas la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario se reunirá para tratar ese tema, en una propuesta que fue dirigida directamente por Kristalina Georgieva. En caso de que ese órgano de decisión dé luz verde, De ese total, a la Argentina le correspondería unos USD 4.300 millones por poseer cerca del 0,7% de la participación total.
“El FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder porque en el 2018, después de que en el 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos 45 mil millones de dólares al FMI, además de los USD 70.000 millones que se reestructuró la deuda el año pasado”, dijo la ex mandataria, lo que dio por cerrada la discusión hacia dentro del Frente de Todos.
La intención del ministro de Economía Martín Guzmán no termina en esos USD 4.300 millones de DEG y apunta a que el país pueda recibir más. Una de las propuestas en este sentido es la de generar un mecanismo para que las economías más avanzadas puedan “prestar” parte de sus DEGs a países con mayores problemas por la pandemia. El reclamo que sostiene Guzmán, y que cuenta con apoyo de otras naciones como México, Alemania y, aseguran en el Gobierno, de EEUU, es que esos fondos puedan derramar sobre economías emergentes, además de las más pobres.
Una de las opciones es la conformación de un Fondo de Resiliencia, que surgiría así como una tercera vía entre los programas financieros más habituales del FMI: el Stand-By como el que firmó el Gobierno de Mauricio Macri en 2018 y el programa de Facilidades Extendidas (EFF), el modelo sobre el cual el ministro Martín Guzmán viene llevando adelante las negociaciones con los funcionarios del organismo.
Ese Fondo de Resiliencia serviría, en palabras de la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, para ofrecer “tasas más bajas y vencimientos más largos para crear espacio fiscal para mitigación, adaptación, transición, especialmente para países de ingresos bajos o medianos altamente vulnerables”, según mencionó hace dos semanas en una reunión de ministros de Finanzas del G20, sin detallar qué tipo de economías emergentes podrían ser incluidas.
El reclamo que sostiene Guzmán, y que cuenta con apoyo de otras naciones como México, Alemania y, aseguran en el Gobierno, de Estados Unidos, es que los DEGs de países ricos puedan derramar sobre economías emergentes, además de las más pobres.
La semana pasada el Fondo Monetario dio un guiño a esa propuesta de incluir a economías de ingreso medio en ese reparto secundario de DEGs. Un artículo escrito por la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, afirmó que “una asignación general de DEGs equivalente a USD 650.000 millones, según lo propuesto por el FMI, debería completarse rápidamente a fin de proporcionar reservas de liquidez para los países y ayudarlos a hacer frente a sus gastos esenciales”.
Pero luego agregó que “el impacto puede magnificarse aún más si las naciones ricas canalizan voluntariamente sus DEGs a las economías de mercados emergentes y en desarrollo“. Se trata de una novedad para el tipo de comunicados que hace el Fondo Monetario, ya que en las últimas ocasiones en que se refería al esquema de reparto solo se limitó a hablar de una asistencia adicional hacia países “vulnerables”, sin mayores precisiones.
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