Los números del agro: cuánto le queda al productor por una hectárea de maíz y soja en Buenos Aires y cuánto se lleva el Estado

El campo estuvo presente en la agenda pública de este país desde principio de año, sin haber buscado estarlo. Ahí está aún, en un escenario de conflictividad latente, cuyo último capítulo, la intervención del mercado de la carne bovina, sigue irresuelta y nada indica que vaya a arreglarse a corto plazo.

El sector agropecuario siente una tensión constante hace ya tiempo, y el enojo de los productores por las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo hacia ellos, cuestión que se reflejó en el multitudinario acto en San Nicolás el pasado 9 de julio. En ese evento, organizado por “autoconvocados” del campo, miles de agricultores, ganaderos y otros actores de la sociedad civil expresaron su descontento y pidieron un cambio de rumbo. La Mesa de Enlace sintió allí el respaldo de los productores y ratificó su rol de representante del sector primario, algo que el Gobierno hasta hace poco obviaba. Pero más allá de la euforia y de los ánimos caldeados de algunos sectores del agro, los titulares de las entidades entienden que el diálogo con el Ejecutivo debe seguir y que la protesta y la presión del sector debe ser organizada y pensada.

De hecho, el lunes pasado la cadena de la carne bovina se llevó una promesa del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de su par de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, de que se flexibilizarían en parte las exportaciones, habilitando la salida de los cortes kosher a Israel y de la vaca vieja a China. Pero el decreto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial y si bien no sería la solución del conflicto, traería algo de descompresión a una actividad castigada y desordenada por las políticas oficiales.

A ese cuadro se sumó la entrada en escena uno de un factor fundamental del Gobierno y del país. A principios de la semana, la dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), le dedicó un tweet al sector agropecuario, al compartir una nota publicada en Página 12.

En su cuenta de Twitter, el artículo compartido por CFK habla de las “fabulosas ganancias” de los agricultores bonaerenses, con los márgenes brutos más elevados en 20 años, debido al alza en el precio de los commodities y a las “bajas retenciones”. Por eso la vicepresidenta subrayó la conclusión de la nota: “A esos actores económicos les resulta insoportable para sus almas bellas que los mejores años del negocio en el campo coincidan con gobiernos que ellos detestan”.

Para aportar claridad al asunto, vale preguntar: ¿Cuál es el margen neto de un productor de soja o maíz en Buenos Aires? ¿Cuánto se queda él y cuánto se lleva el Estado? ¿Tributa poco? ¿Paga bajas retenciones? ¿Cuánto gana si trabaja en campo alquilado? Las preguntas pueden ser más, pero alcanzan para trazar un panorama.

Consideraciones

En diálogo con Infobae, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, consideró que “pudo haber sido una mejor performance que otros años en el margen bruto, porque la situación climatológica fue buena y los precios internacionales no son malos. Pero cuando uno zarandea entre el bruto y el margen neto con la presión tributaria, las cosas tienen otra característica”. O sea, el margen bruto no significa rentabilidad y la gran diferencia entre el bruto y el neto radica en que el segundo tiene en cuenta los costos de infraestructura si es campo propio y el costo impositivo, excepto las retenciones, entre otros puntos.

Respecto al nivel de presión impositiva para el sector, Salaverri indicó que la participación del Estado en la renta agrícola se ubica en el 66%, según cálculos aportados por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “La presión tributaria es una de las más grandes del mundo. En todos los niveles, nacional, provincial y municipal es muy alta. En el sector agropecuario, con las retenciones, es mucho más fuerte aún. Incluso, en algunos lugares, ha habido un aumento de las tasas municipales por encima del impuesto inmobiliario”, dijo el dirigente. Cabe mencionar que los derechos de exportación que hoy se aplican en soja son del 33% y en maíz y trigo, del 12%.

Por otro lado, el dirigente rural puso énfasis en el aumento de los costos, sobre todo de los insumos, que “en algunos casos, ha sido superior al 100%. Argentina tiene un problema muy grande cuando se producen estas brechas cambiarias como la que tenemos ahora. Ante esto, el vendedor de insumos ajusta, pero como no puede ajustar la paridad cambiaria, se produce inflación en dólares. Entonces un producto que valía USD 12 ahora vale USD 15 o USD 18. Han tenido un crecimiento exponencial y hay mucha preocupación. No estoy acusando al gobierno de esta situación, más allá del problema que tiene el Banco Central con los dólares”.

Para Salaverri, una suba de retenciones (consideradas como “bajas” por el autor de la nota) en este momento produciría un “impacto económico muy fuerte y afectaría muchísimo al trigo, porque es el más próximo a la cosecha y lo agarra con el campo ya sembrado. En maíz va a ser fuerte, pero le da el margen de sembrarlo o no. La trampa siempre se da en el periodo de cosecha y no de siembra. Uno implanta con una condición y lo recolecta con otra. Es la fatalidad del campo argentino de no tener reglas de juego estables, no tener previsibilidad”. Hay que recordar que el Gobierno podría subir con una simple resolución en tres puntos las retenciones de los cereales mencionados hasta el 15%. Para aumentarlos por encima de ese nivel, como así también en el caso de la soja, necesitaría recurrir al Congreso.

Por último, en lo que respecta al efecto que podría tener en los ánimos del sector, Salaverri fue tajante: “No se lo recomendaría a nadie, porque los productores están sumamente molestos, ni hablar los ganaderos. Se generaría un escenario de muchísima tensión, con una gran escalada. Hablemos claro, las retenciones no limitan los valores internos, que es el gran argumento. La única intención que tiene es el incremento de los ingresos tributarios, no bajar el precio en góndola”.

Los números

El ex secretario de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria, consultor y productor, Nestor Roulet, realizó los cálculos necesarios para poder establecer tanto los márgenes brutos de explotaciones de maíz y soja en campos de 500 hectáreas a 300 kilómetros del puerto en la provincia de Buenos Aires, como así también cuál es el resultado final del productor, o mejor dicho, cuánto dinero le queda en la mano por hectárea producida y los resultados son elocuentes: la inmensa mayoría no va para el agricultor, sino que queda en manos del Estado.

El primer esquema (arriba) es sobre la base de un campo alquilado en el que se produce maíz. Con un rendimiento estimado de 8,5 toneladas por hectárea y a un precio FOB de USD 247 la tonelada, el valor de la producción de una hectárea del cereal ascendería a USD 2.099,5, a la cual se le debe descontar USD 251,94 de derechos de exportación y USD 22,75 de los gastos de puerto. Allí, el ingreso al productor por hectárea se ubica en USD 1.824,81.

Ahora bien, a ese total se le deben descontar los costos propios de producción, como los insumos, las labores, el seguro, el asesoramiento agro-contable, los gastos de cosecha, el flete corto y largo, los gastos de comercialización y el alquiler del campo. Todo ese combo suma USD 1.518,5 por hectárea, que restado al ingreso del agricultor, da un margen bruto de USD 306,31 por hectárea. Si a esto se le quita el costo impositivo, integrado por el Impuesto al Cheque, a las Ganancias e Ingresos Brutos, que totalizan USD 165,58 por hectárea, el resultado final por hectárea para el productor es de USD 140,73, mientras que los ingresos del Estado sumaron USD 417,52. En soja la diferencia es aún mayor: USD 121,44 para el agricultor y USD 714,68 para las arcas estatales.

El cálculo en campo propio arroja resultados similares, aunque, por supuesto, se deben quitar ítems como el pago del alquiler, por lo que se parte de un margen bruto más alto de USD 702,31, y sumarle el costo de infraestructura, que en el caso del maíz es de USD 80 por hectárea y sumarle tributos como bienes personales, inmobiliario provincial y tasas municipales, lo que da total de USD 451,18 por hectárea. Así, el resultado final para el productor es de USD 171,13, mientras que lo gastado en impuestos alcanza los USD 703,12.

Al respecto, Roulet concluyó que “en Argentina hablar de ganancias extraordinarias teniendo en cuenta el margen bruto de un cultivo es realmente ‘tener una ignorancia de los números de la producción’, ya que recién descontado el costo impositivo e infraestructura en el caso de campo propio, podemos tener el resultado final” y que “ganancia extraordinaria es la que obtiene el Estado. Mientras el productor invierte y arriesga alrededor de USD 1.000 dólares por hectárea, el Estado se queda con la mayor parte de los ingresos de dólares que originan tanto una hectárea de maíz como de soja”.

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