La posibilidad de que los individuos y las empresas argentinas puedan acceder al crédito bancario se hace cada vez más difícil porque deben competir con un rival poderoso: el Estado. El 72% de los depósitos en pesos existentes en el sistema financiero son prestados por los bancos al Gobierno, ya sea bajo la forma de deuda pública o de títulos del Banco Central. El constante déficit cubierto con emisión, intensificado por las medidas para enfrentar la pandemia, pone al sector privado cada vez más lejos de la posibilidad de recibir un préstamo y agita fantasmas que la economía argentina ya conoció en el pasado.
Según datos del BCRA citados en un informe del economista Samuel Kaplan, de Econométrica, el 51,9% de los depósitos en pesos son destinados a los “pasivos remunerados” del BCRA (Leliq y pases) mientras que otro 20,4% está colocado en títulos del Tesoro. Solo 1 de cada 4 pesos depositados en los bancos está disponible para que, por caso, una familia se compre un auto o una pyme financie una inversión. La gran mayoría, por el contrario, financia el gasto público.
“El crédito a privados no sólo cae por el contexto recesivo, sino también porque el ahorro privado está siendo absorbido por el Estado para financiar su déficit: el sector público demanda el crédito disponible en la economía y deja sin posibilidad de crédito a privados. Es decir, en la Argentina no sólo el crédito es poco, sino que lo poco que hay es para el Estado”, señaló el informe de Econométrica.
A partir de junio, el Banco Central tomó una medida que en la mirada de los analistas incentivará este fenómeno: permitió que una parte de los “encajes” (la parte de cada depósito que, por precaución, los bancos deben depositar en el BCRA) puedan ser colocados en deuda pública y no solo en Leliq. La decisión eleva la exposición de los bancos al sector público, un riesgo que la Argentina conoce bien.
“Con esa medida, se vulneró una valla y se quebró un marco macroprudencial que la Argentina tenía desde la crisis de 2001. Los bancos están financiando a alguien que tiene una dudosa capacidad de pago, pero están acorralados, tienen que hacerlo”, señaló Ramiro Castiñeira, de Econométrica. Los riesgos que toman los bancos al quebrar esas normas precautorias “dejan abierta la posibilidad de que en la próxima crisis del Estado, el epicentro sea el sistema financiero”, apunta la consultora.
No obstante, el sistema financiero argentino mantiene sus números en orden en términos de capitalización y de bajos niveles de morosidad a pesar del impacto de la pandemia. Según el último Informe Monetario del BCRA, durante junio la liquidez de los bancos “continuó ubicándose en niveles históricamente elevados”. Pero a la vez, el Central consignó en el mismo documento que los préstamos en pesos al sector privado tuvieron una caída en términos reales del 1,1% durante junio y del 12% en el último año.
De este modo, al verse obligado a absorber los pesos emitidos durante el pico de la pandemia para evitar que haya aún más inflación, el BCRA “aumentó exponencialmente” su tenencia de pasivos remunerados. “Los acreedores de las Leliqs no son otros que los agentes del sistema financiero: bancos, fondos comunes de inversión, etc. En definitiva, los depositantes, los ahorristas”, señaló el informe de Econométrica que añade un dato para ilustrar este escenario: el stock de deuda del BCRA con los bancos supera al total de préstamos al sector privado, cuando apenas un año atrás representaba menos del 60% del mismo.
“En la Argentina los bancos intermedian entre el Estado (que crea dinero) y el Estado (que lo toma prestado). Tenemos que fomentar la creación de empleo privado, pero tenemos un esquema Ponzi con escudo y bandera. Necesitamos reformas en serio”, resumió Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI, para explicar que el sistema financiero argentino cada vez gana mayor especialización en atender a un único cliente. De ahí que el país tenga un ratio crédito/PBI ubicado entre los peores del mundo.
Los economistas asignan la expresión crowding out (desplazamiento) para describir el fenómeno en el que el financiamiento al sector público corre de la escena a las familias y empresas a la hora de recibir préstamos. Esta situación que se agravó durante el primer semestre del año preocupa a muchos analistas ya que se entiende que hasta ahora el ministro de Economía, Martín Guzmán, llevó adelante una disciplina fiscal que no podrá mantener en la segunda mitad del año. Es decir: hubo un ajuste del gasto público que no se podrá sostener en la época electoral.
A tal punto la política fiscal fue más dura de lo esperado, que en este terreno “el gobierno se comportó en la primera mitad del año como si de hecho hubiese firmado un acuerdo con el FMI”, señaló un informe de Consultatio, que destaca que el déficit acumulado pasó de -8,5% del PBI a -5,1% en solamente seis meses, lo que alivió la tarea del BCRA para monetizar esa diferencia, es decir, emitir para cubrir gastos. Esa emisión es la que luego deriva en la emisión de Leliq y pases.
Consultatio ve dos factores por los que Guzmán pudo gastar menos: la voluntad política de no repetir en 2021 el gasto asociado a la pandemia de 2020 y la decisión “de ajustar jubilaciones y salarios por debajo de la inflación”. Ambos se combinaron con otros dos motivos por el lado de los ingresos: la mejora en la recaudación por la mayor actividad y la introducción de nuevos tributos, como el impuesto a la riqueza. Pese a esa combinación de situaciones para mejorar la situación fiscal, casi 3 cuartas partes del dinero depositado en los bancos debió ser usado para financiar al Estado.
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