Buscan acelerar el tratamiento en Diputados del proyecto para agravar las penas del vandalismo rural

El secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi y el diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez buscan acelerar el proyecto de Ley de Vandalismo Rural que presentó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, el año pasado y que aseguran que se trataría en las próximas semanas en el recinto. Los funcionarios sostienen que este es uno de los principales problemas que enfrentan los productores agropecuarios, sin embargo, en el sector afirman que lo importante es que se cumplan las penas que ya figuran en el Código Penal.

“La seguridad rural es uno de los principales problemas de los productores agropecuarios y está siempre en la cabecera de las mesas de diálogo del Estado con las entidades y los representantes de los productores. Por eso, la ley de Vandalismo Rural de Sergio Massa es necesaria para proteger al productor”, sostuvo el secretario de Agricultura. El proyecto del Diputado propone tipificar como “vandalismo rural” a cualquier daño contra los silos, tolvas o silobolsas, con una pena de entre 2 y 5 años de prisión.

Según informó Gutiérrez, la iniciativa parlamentaria que se encuentra en la comisión de Legislación Penal, tuvo el consenso de entidades y referentes del campo, y será tratada en el recinto en las próximas sesiones. La misma busca endurecer las penas por los delitos contra la propiedad rural y las roturas de silobolsas, entre otros atentados contra la propiedad privada en el campo.

“El agro ha progresado mucho, ha adquirido muchísima tecnología, pero la seguridad y la legislación no ha acompañado a ese ritmo. Es por eso que esta nueva legislación viene a incorporar modernidad a la producción agropecuaria y a proteger al sector de un delito contra el trabajo en el campo”, agregó Solmi.

Por su parte, Gutiérrez señaló que este proyecto fue propuesto ante los reiterados pedidos y quejas del sector agropecuario por la vandalización a la producción. “Este es un pedido permanente de los sectores que nuclean la actividad ganadera, la agricultura, de los propios productores, que ven que sus cosechas son vandalizadas, que intrusan sus propiedades, que saltan los alambrados, que se destruye la propiedad y el trabajo de los argentinos por el solo hecho de dañar”.

En el último año creció el ataque a los silobolsas y la inseguridad rural. Las provincias de Santa, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos son las que más casos reportan. “Debemos tener un mensaje claro, un mensaje para la justicia, un mensaje para la policía y un mensaje para los fiscales, que de ahora en más va a haber una reforma legal que contempla el delito de vandalismo rural”, observó Gutiérrez.

Si bien, en el Artículo 186 del Código Penal ya figura el delito rural que atenta contra la producción, la queja del sector productor es que no se implementa. “Este delito tiene una pena de hasta 5 años de prisión y todo aquel que tome la decisión de vandalizar el trabajo de los argentinos, de romper la cosecha y el almacenamiento de los frutos y el trabajo del campo será castigado y la pena podrá ser de prisión efectiva”, aclaró el Diputado sobre el nuevo proyecto que buscan aprobar en el recinto.

La opinión del campo

En esa línea, Héctor Hernández Vieyra, consultor y experto en seguridad rural se refirió al proyecto impulsado por los diputados oficialistas. “No todo es agravar las penas, lo más importante es que estas se cumplan, porque si no producimos un acostumbramiento y como el delincuente está acostumbrado a que las leyes no se cumplan no importa si las duplicas o las triplicas. Lo importante es el cumplimiento de las normas”, expresó.

Para Hernández Vieyra esta figura del vandalismo rural que quieren introducir en el recinto a través de este proyecto de ley que impulsa Massa, en sí necesitan que se tipifique. “El vandalismo es una acción destructiva, contra la propiedad tanto pública como privada. En el Código Penal, en el artículo 186 inciso 1, indica la figura del daño agravado, que el que causare incendio, destrucción o un estrago rural por cualquier medio sobre una situación netamente de peligro, es un delito autónomo. Pero no se tiene en cuenta el peligro común si no la riqueza rural”, enfatizó.

Se llega a la conclusión, dijo Hernández Vieyra, que se ha insertado en los delitos contra la seguridad común un delito de daño y no todos están de acuerdo en esta postura. “Lo más importante no es buscar nuevas figuras, cuando la del daño agravado es la del daño rural, sino cumplir con las normas ya estipuladas. Encima tenemos previsto en el daño agravado una pena de 3 a 10 años. Es muy importante que cumplamos las penas; no creemos nuevas figuras e incrementemos el monto de ellas, sino que hay que cumplir las que ya están”, precisó.

Por último, el consultor recordó al secretario de Agricultura que los delitos rurales son solo algunos de los tantos obstáculos que tiene la actividad agropecuaria. “Se suman la alta carga impositiva, los caminos rurales por donde tenemos que sacar nuestra producción, la conectividad, que no pongan todo el énfasis ahí porque es solo uno de los tantos limitantes”, concluyó.

El proyecto

Según el proyecto que impulsan en la Cámara de Diputados, el delito se producirá cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño respecto de:

- Granos, semillas y cereales en parva, gavillas, bolsas, silos, tolvas, tanques o unidades de almacenamiento, o de los mismos todavía no cosechados;

- Bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales, yerbatales o cualquiera otra plantación de árboles o arbustos en explotación, ya sea con sus frutos en pie o cosechados;

- Ganado en los campos o de sus productos amontonados en el campo o depositados.

- Leña o carbón de leña, apilados o amontonados en los campos de su explotación y destinados al comercio.

- Alfalfares o cualquier otro cultivo de forrajes, ya sea en pie o emparvados, engavillados, ensilados o enfardados.

La iniciativa, también, contempla una condena de 12 años de prisión para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida. La presentación tiene como objetivo “proteger desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional”.

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