El Gobierno atravesó los primeros meses del año con un desequilibrio en las cuentas públicas más bajo que en 2020. Para materializar esa reducción del déficit, bajó casi 10% en términos reales el monto que paga en jubilaciones, una de las partidas presupuestarias más importantes del presupuesto.
Según un informe de Ieral (Fundación Mediterránea), el gasto previsional promedio de los primeros cinco meses de este año cayó 9,4% en términos reales -es decir, considerando la inflación- respecto de igual periodo de 2020 y un 17,7% por debajo de igual lapso de 2018.
El gasto previsional promedio de los primeros 5 meses de de este año cayó 9,4% en términos reales -es decir, considerando la inflación- respecto de igual periodo de 2020 y fue17,7% inferior al de igual lapso de 2018.
Las jubilaciones, de todas formas, vienen arrastrando una pérdida de su poder de compra desde mucho antes. Ieral estimó que “la jubilación mínima cayó un 23,5% entre 2013 y 2021, mientras el haber promedio tuvo un descenso del 18,5% en los últimos 4 años”.
Ese centro de estudios buscó mostrar la paradoja de cómo las jubilaciones caen en términos reales a pesar de que en los últimos 15 años el gasto público destinado al sistema previsional se multiplicó. En ese sentido, aseguró que “el nivel alcanzado por el gasto previsional en Argentina se encuentra por encima de su participación histórica en términos del producto”.
Hacia 2005 el presupuesto previsional representaba el 5,2% del PBI y para 2020 se había más que duplicado, al 11,9 por ciento. “Esta dinámica está relacionada con las moratorias previsionales, que arrancan en 2007, y el otorgamiento de diferentes pensiones no contributivas, como la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), en vigencia desde 2017″, detalla el estudio del Ieral.
“El sistema jubilatorio viene incrementando su déficit año a año, y el rojo se cubre con cada vez más recursos tributarios. Precisamente, el elevado crecimiento del gasto previsional llevó el déficit previsional genuino (considerando como ingresos sólo los aportes y contribuciones a la seguridad social) desde un 0,5% del PBI en 2010 a 4,8% en 2020″, precisan los autores.
Una de las explicaciones del desajuste es la caída de la relación entre cantidad de trabajadores activos y beneficiarios del sistema previsional: de 2,1 en 2006 a 1,4 en 2020. “La cobertura previsional está vinculada al trabajo formal, pero en la actualidad el nivel de informalidad alcanza a la mitad de los ocupados. Asimismo, hay diferencias importantes por categoría ocupacional entre los aportantes, ya que los asalariados representan el 75% y los independientes el 25% restante”, dice el reporte.
Al mismo tiempo también se incrementó la cantidad de beneficios previsionales que otorga el Estado. Entre 2005 y 2020, por ejemplo, tuvo un crecimiento de 112% y “ante el incremento del déficit genuino del sistema, el ajuste provino finalmente para el nivel del haber jubilatorio. El haber medio cayó un 18,5% en términos reales en los últimos cuatro años. Así, la fuerte suba en la cantidad de beneficios terminó afectando el haber de los jubilados”, consideró Ieral.
Hacia 2005 la partida presupuestaria para jubilaciones representaba el 5,2% del PBI y que en 2020 ya había alcanzado el 11,9 por ciento.
El mismo centro de estudios midió que el peso de los salarios públicos y jubilaciones subió un 190 por ciento, lo que implica un peso adicional de esa partida en relación con el PBI de 10 puntos hasta 2017. A partir de 2018 es cuando comenzó el proceso de ajuste al sistema previsional.
Otro elemento a tener en cuenta en la ecuación, según Ieral, es la cantidad de empleados públicos. “La cantidad de agentes públicos en los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) pasó de 2,2 millones en 2000 a 3,6 millones en 2020, mientras que el número de jubilados lo hizo desde 3,3 millones a 6,8 millones en igual período. Sumando empleos públicos y jubilaciones pagadas, se pasó de 5,5 millones en el año 2000 a 10,5 millones en 2020″, estimaron.
“Podría decirse que se puede tener una cantidad exagerada de empleados públicos con salarios reales relativamente bajos, o una cantidad ajustada de agentes públicos con buenos salarios, pero a largo plazo resulta imposible tener un exceso de empleados estatales con salarios también altos. Algo similar puede decirse para el caso del sistema previsional”, fue una de las conclusiones de Fundación Mediterránea.
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