El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre el reintegro del 15% en las compras de alimentos y medicamentos realizadas con tarjeta de débito por jubilados que cobran la mínima, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, un universo de 7 millones de personas. Pero el desconocimiento de la medida o el hábito de esos sectores a manejarse únicamente en efectivo hace que su utilización sea escasa o al menos mucho menor de lo que podría ser.
En más de un año de vigencia del reintegro del impuesto, iniciado en marzo de 2020, “no se alcanzó a verificar una utilización masiva del beneficio” observó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “El último dato difundido al respecto (marzo/agosto de 2020) indicaba que se había utilizado solamente alrededor de 7% del presupuesto destinado al mismo”, agregó. Por ello, la prórroga, aún con el aumento de su tope mensual, corre el riesgo de transformarse en un anuncio vacío.
“El último dato difundido al respecto (marzo/agosto de 2020) indicaba que se había utilizado solamente alrededor de un 7% del presupuesto destinado al mismo” (Iaraf)
Para otorgar el beneficio se dispuso una partida presupuestaria, que en el semestre mencionado por Iaraf fue de $30.000 millones pero que en los hechos se utilizaron $2.000, según datos oficiales. Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo encargado del plan según la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no pudieron precisar ante la consulta de Infobae cuánto dinero se destinará al mismo. Tampoco desde ministerio de Desarrollo Social ni desde la Anses.
“Dado el universo de beneficiarios estimado en 7 millones de personas, el programa tiene un costo potencial mensual máximo de alrededor de $8.400 millones en el segundo semestre del año. Sin embargo, en la práctica este monto puede ser menor en la medida que no todos los beneficiarios lo utilicen, y/o no lo hagan en su totalidad, como fue observado en el pasado reciente”, apuntó el Iaraf.
A diferencia de planes similares aplicados en otros gobiernos, el reintegro proviene de un gasto previsto en el Presupuesto y no de la devolución del IVA. Dado que el IVA es coparticipable, haberlo seguido ese camino hubiera requerido un acuerdo con los gobernadores.
En la prórroga, la Afip incluyó un aumento del tope mensual de devolución, que subió de $700 a $1.200. Para quienes cobren la AUH por dos o más hijos, pasó de $1.400 a $2.400. El reintegro incluye compras de alimentos en kioscos, almacenes y supermercados y en esta nueva etapa sumó a las farmacias. El único requisito es pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria en la que se recibe el beneficio de la Anses y a las 48 horas hábiles se recibe en la misma cuenta el 15% de la compra.
“Es un anuncio que tiene más efecto desde el punto de vista publicitario entre quienes no somos jubilados que un efecto concreto para el bolsillo de los propios jubilados, que desconocen este mecanismo” (Semino)
“La medida no tiene un gran impacto en los jubilados”, señaló Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad. “Es un anuncio que tiene más efecto desde el punto de vista publicitario entre quienes no somos jubilados que un efecto concreto para el bolsillo de los propios jubilados, que desconocen este mecanismo. La Anses debería promocionarlo más entre sus beneficiarios”, destacó.
Según contó Semino, “un jubilado que cobra la mínima suele comprar en negocios de cercanía y en pequeñas cantidades. Y en general no está familiarizado con el uso de la tarjeta de débito para hacer compras, apenas lo utiliza para sacar dinero de los cajeros”.
El escaso funcionamiento es confirmado también por fuentes del sector financiero, que aseguran que la parte operativa de implementar la devolución nunca tuvo problemas. Y resulta una oportunidad desaprovechada en dos sentidos. Desde el punto de vista de los millones de potenciales beneficiarios que no lo usan, pierden una chance de mejorar sus magros ingresos: utilizar toda la devolución mensual implicaría un aumento del 5,2% en las jubilaciones mínimas y del 26,6% en el caso de la AUH y la Asignación Universal por Embarazo. Al mismo tiempo, desde la óptica macro, se pierden fondos que podrían ayudar a reactivar el consumo, ya que ese dinero reintegrado seguramente será usado para nuevas compras.
El informe de Iaraf asegura que la medida podría ser eficaz de ser aplicada con masividad. Esta clase de reintegros “constituye una alternativa más recomendable que la devolución de parte o todo el IVA (u otro impuesto)” por dos motivos. El primero, es que resulta “un incentivo para la bancarización o inclusión financiera de los sectores poblacionales que reciben el beneficio, en tanto fomentan el uso de mecanismos de pago alternativos al efectivo y, en consecuencia, fomenta la formalización de las transacciones”.
El beneficio lo goza solamente la población objetivo, y no todo aquél que consume un determinado bien promovido o paga con un medio de pago determinado
La segunda ventaja, según Iaraf, es que se trata de un mecanismo de progresividad tributaria. “En tanto la devolución es limitada y diferencial para que sea percibida por los estratos de menores recursos se logra el objetivo de otorgarle progresividad a la política, dado que al beneficio lo goza solamente la población objetivo, y no todo aquél que consume un determinado bien promovido o paga con un medio de pago determinado”. De esta forma, la medida se distingue de otras como eliminar el IVA de los alimentos, algo que beneficiaría a sectores no necesitados.
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