El sector agropecuario no está en una situación cómoda. Mucho menos, tranquila. El campo no tiene todo su potencial enfocado en producir y aprovechar los buenos precios internacionales y la demanda sostenida de un mundo que está saliendo de a poco de la pandemia. Por el contrario, está concentrado en buscarle solución a los problemas generados por la decisión del Gobierno de restringir las exportaciones de carne vacuna.
La decisión de la administración de Alberto Fernández de primero cerrar y luego abrir parcialmente los envíos al exterior de carne tiene al agro en constante tensión, casi en guardia. Por lo bajo, en el campo saben que de continuar el Ejecutivo en su posición, no hay margen para evitar un nuevo conflicto y medidas de fuerza para hacerle saber a los gobernantes y a la población en general que no está de acuerdo ni dispuestos a que se repita la historia de 2006, cuando el cierre de exportaciones provocó en los años siguientes un fuerte daño a toda la cadena de ganados y carnes.
Según la consultora Agroideas, desde el inicio de aquellas restricciones hasta el fin del segundo gobierno de Cristina Fernández, la carne subió un 916% al pasar de $ 10,8 a $ 109,78 por kilo en promedio. En ese mismo período, las exportaciones pasaron de 540.000 toneladas a 200.000 toneladas. Evidentemente, las medidas para evitar la suba en los precios del producto no funcionaron, pero el Gobierno insiste en aplicarlas de nuevo ante el aumento de más del 70% interanual en el precio de la carne registrado en mayo. Y como aliciente promete un Plan Ganadero para aumentar la producción de carne.
Bajo este panorama, Infobae consultó a los presidentes de las entidades que componen la Mesa de Enlace sobre cuáles serán los pasos a seguir en los próximos días y las estrategias que desplegarán, como así también conocer lo que piensan las bases de productores y la viabilidad del Plan Ganadero propuesto por el Gobierno.
Medidas
Por supuesto que las medidas de fuerza, como puede ser un cese de comercialización nunca escapa al radar de los ruralistas, sobre todo para poder dar a conocer su descontento con las iniciativas gubernamentales de continuar éstas, como todo lo hace prever. Sin embargo, las entidades entienden la necesidad de agotar todas las instancias para evitar el conflicto abierto, como sucedió a finales de mayo, cuando la Mesa de Enlace convocó a un cese de comercialización de hacienda por dos semanas.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, explicó que una de las vías que están implementando las entidades es pedirle a los gobernadores con los que están teniendo reuniones que “le hagan llegar nuestro reclamo al Presidente, pero también estamos trabajando en un Plan Ganadero para que el productor pueda tener previsibilidad en su negocio y que esto genere más oferta tanto en el mercado interno como el externo”.
“Apostamos al diálogo constructivo, no se puede estar en esta situación donde perdemos todos. Las medidas de fuerza ya las hicimos y volverán si la situación no se normaliza”, advirtió Pino a Infobae, aunque aclaró ante la consulta de la posibilidad de que suceda y la metodología a utilizar, que “la Comisión de Enlace todavía no ha tomado una definición, pero creo que no tenemos que caer en viejas recetas que no dan resultado. Sino pasaremos de un plan ganadero a un plan de protestas”.
Para el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, las alternativas que están manejando, a parte de las reuniones con los gobernadores, “es la elaboración de un grupo de medidas para generar la reapertura de las exportaciones y, por parte de las tres entidades que quedaron en la mesa del Plan Ganadero, es el diálogo y ver si pueden avanzar en la discusión”.
En cuanto a las bases, Chemes indicó que “los productores están pidiendo medidas de fuerza, con un cese de comercialización. Cada día lo estamos sintiendo con más claridad a ese pedido o algún otro tipo de protesta. Quieren manifestarse y que la opinión pública pueda tener información fidedigna de lo que está pasando. Sí existiría una medida de fuerza de no reabrirse la exportación”.
En este sentido, la máxima autoridad de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, puso de manifiesto que la medida gubernamental tiene “más tinte de capricho que de política, porque sinceramente está afectando a las fuentes laborales de los trabajadores de las carnes, con suspensiones, despidos inminentes y cierre de plantas frigoríficas’'.
“Por otro lado, el primer castigado es el productor y, el segundo, el consumidor, porque la carne no le va a llegar más barata y al productor se le paga por debajo de los costos de productor. Ese malestar está y muchos nos están pidiendo que vayamos a medidas más contundentes. Estamos haciendo todos los esfuerzos para proponer y salir de esta coyuntura sin ningún tipo de medidas de fuerza, pero si no hay respuesta lo más rápido posible es que lleguemos a un endurecimiento de medidas”.
Por último, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, apuesta a una solución en la mesa de negociaciones, aunque remarca la posibilidad de protesta a “qué actitud tome el Gobierno y lo que pueda suceder” y destacó que “las bases están muy disconformes, se sienten ninguneadas. No hay plan productivo ni económico”.
Plan Ganadero y la confianza
Como se dijo anteriormente, al mismo tiempo que el Gobierno anunciaba un nuevo esquema de exportación, daba a conocer la intención de diseñar en conjunto con el sector privado un Plan Ganadero que impulse la producción a partir de incentivos. La idea del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es alcanzar un volumen de 5 millones de toneladas por año, lo que supondría un salto de 2 millones de toneladas si se toma en cuenta la producción actual.
Lo intrincado de esta situación es que, si bien la Argentina precisa dar un salto productivo en lo que confiere a la carne vacuna, los productores entienden que la intervención del mercado exportador se constituye en un desincentivo muy grande, que a la vez genera un ámbito de desconfianza para con el Gobierno. Para Chemes, cuya entidad se retiró de la Mesa de trabajo de dicha iniciativa, “es muy difícil hablar de un plan ganadero con las exportaciones cerradas. Se puede hablar de medidas pero si no se abren las exportaciones, ¿cómo voy a tratar de incentivar o convencer al productor de que invierta más si después no sabe si va a poder vender? Es una contradicción total”.
“Hoy el productor no tiene toda la confianza necesaria, porque, no es solamente ahora, sino que se lo ha engañado con medidas que se pensaba que iban a ser un incentivo en el mediano y largo plazo y a la mitad de camino se cambiaron las reglas de juego”, sentenció el titular de CRA al respecto.
Por su parte, Pino marcó que se abrió “una mesa entre todos los integrantes del sector privado y el Gobierno. Las políticas públicas tienen que estar siempre consensuadas y nosotros vamos a aportar lo nuestro, el diálogo por sobre todo”, al mismo tiempo que consideró que “la confianza va a estar siempre que el trabajo que hagamos sea lo más realista posible. Tenemos que tener en cuenta a todos, los integrantes de la cadena ganadera y también a los consumidores”.
En este sentido, Iannizzotto subrayó que “la estrategia principal es presentar lo antes posible un plan ganadero y con eso el pedido de que se cumpla lo que dijo el Presidente, que es que se levanten las restricciones. Junto con eso el apoyo de las entidades, del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y de los gobernadores, porque esto se resuelve con un sector privado encolumnado frente a intervenciones que no corresponden”.
Por último, Achetoni destacó que “en este contexto, nosotros creemos que es una condición sine quanon que esté abierta la exportación para aplicar un plan ganadero. El diseño lo podemos tener, pero obviamente, es con una apertura total de exportaciones”.
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