Horas de tensión: 5 frentes de conflicto del campo con el Gobierno nacional

No fue tranquilo para el campo el primer semestre 2021 y no hay indicios que permitan prever un momento calmo y sin sobresaltos. Más allá de un contexto internacional favorable en materia de precios de commodities y otras producciones agropecuarias, las cuestiones macroeconómicas y las decisiones gubernamentales para con el sector generan una tensión permanente que trastocan el normal desarrollo de la actividad.

La sensación de que el choque está a la vuelta de la esquina hoy se debe en gran parte a las restricciones a la exportación de carne vacuna que impuso el Gobierno nacional, pero ese no es el único problema que enfrenta el sector. Casi todos provenientes de acciones u omisiones del Poder Ejecutivo.

Desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández los desencuentros fueron varios. Apenas asumió, el Gobierno aumentó un sábado los derechos de exportación de granos y carnes, a lo que siguió un incremento adicional para la soja, que derivó en el primer paro agropecuario.

Ya con la pandemia encima, el siguiente enfrentamiento fue por el intento oficial de expropiar la agroexportadora Vicentin, del que el Gobierno luego desistió. A esto se sumó una escalada de vandalismo y robos en los campos, con los silobolsas y el ganado como principales objetivos.

Ya comenzado 2021, el oficialismo decidió intervenir el mercado de maíz, lo que valió un nuevo cese de comercialización, hasta que revisó la medida. Hoy el foco principal es la venta externa de carne vacuna, pero también hay tensiones por la estatización de la hidrovía, la sanción de una nueva Ley de Biocombustibles, los casos de usurpación e inseguridad rural y la presión fiscal y el desdoblamiento cambiario.

1-Carne

El tema de las exportaciones de carne vacuna es el más urgente a solucionar por el campo, ya que le pega de lleno al sector ganadero con una baja en los precios de la hacienda, y ademas porque años atrás cuando se implementó la misma medida, hizo estragos en la producción, con una merma de más de 10 millones de cabezas en el rodeo nacional.

En su afán de contener los precios internos de la carne, el Gobierno nacional decidió implementar una herramienta harto conocida por el sector y también por el kirchnerismo: cerrar o limitar las exportaciones. Y en algo coinciden ambos bandos, aunque el político no lo quiera reconocer: saben que, en el mediano y largo plazo, no funciona.

Pero no solo golpea a los ganaderos, sino también a la industria frigorífica y, sobre todo, a sus trabajadores. También pone en aprietos a aquellos establecimientos autorizados a exportar. En diálogo con Infobae, el gerente de la Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe (CAFRISA), Sebastián Bendayan, aseguró que la industria “está atravesando una situación compleja”.

“En primer lugar, se está pidiendo por parte de la Aduana que, de los contenedores en puertos con las declaraciones juradas anteriores al Decreto 408 que ya habían sido validadas, se retiren los cortes que por la resolución están prohibidos de comercialización hasta el 31 de diciembre. Hay unas 15.000 toneladas (ya autorizadas), de las cuales 5.000 ya estaban en puerto y 10.000 producidas en los establecimientos”, explicó Bendayan, a lo que suma retrasos o rechazos en los pedidos para exportar nueva mercadería.

Toda esta situación impacta de lleno en la industria exportadora, pero mucho más en aquella que buscó expandirse: “Algunos asociados han duplicado todo lo que es la despostada y turnos con inversiones muy fuertes y, con todo esto, se ve mermado. Se amplió la estructura para hacer cortes a fasón en otros establecimientos y se tuvo que dar marcha atrás, por lo que el personal que se había contratado para eso hubo que desvincularlo”, ejemplificó.

2-Ley de Biocombustibles

Este es otro tema que trae malestar en el campo, ya que no solo el Gobierno no busca potenciar una actividad que agrega valor a la producción primaria, sino que desincentiva la misma. La ley, que el pasado jueves tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y fue votada también por legisladores de Juntos por el Cambio, propone un nuevo sistema hasta 2030, con una reducción del corte obligatorio del 10% al 5% en el caso del biodiésel con el gasoil, con la posibilidad de que la Secretaría de Energía la lleve a un piso de 3%. En cuanto al etanol con la nafta, se mantuvo en 12%, aunque la cartera podría llevarla al 9%.

Para el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, afirmó que este proyecto “establece una drástica reducción del uso de biocombustibles y poniendo el pie encima a una actividad que invirtió USD 3.000 millones en 54 plantas distribuidas en 10 provincias. Es un nuevo ataque al campo y a la agroindustria, especialmente para las provincias de la región centro del país”.

“Da la sensación de que no entienden al sector ni a sus cadenas de valor, y terminan sacando un proyecto que va contrario de lo que sucede en el mundo, pidiendo a las energías renovables que financien a las contaminantes. El Gobierno va a contramano del mundo”, concluyó el empresario.

3-Estatización de la hidrovía

Actualmente por la Hidrovía del Paraná-Paraguay se transporta el 80% del comercio exterior total del país y la gran mayoría de las exportaciones agroindustriales, ya que sobre sus costas se posa el complejo portuario de Rosario, uno de los más grandes del mundo.

Esta suerte de “autopista acuática” tuvo al frente de los trabajos de dragado y balizamiento, entre otros, a una empresa privada internacional asociada a una Argentina, pero dicha concesión venció y el Estado nacional decidió retomar su gestión hasta diseñar una nueva licitación y cobrar los “peajes” que antes percibían la compañías a cargo de la Hidrovía, lo cual fue rechazado por el sector exportador.

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, explicó que hasta el momento, la Hidrovía se financiaba “a través de una tarifa que pagan todos los usuarios y queremos que siga de esta manera, que se pague, que no la cobre el Estado, sino el concesionario que gane la licitación”.

Según el dirigente empresario, “si la cobra el Estado, ya tenemos experiencia en lo que sucede. La manda al Tesoro Nacional, éste distribuye dichos recursos no necesariamente en la hidrovía y el dragado y el concesionario se queda sin dinero, y nos aumentan las tarifas y eso se transforma en menos exportaciones, que valgan menos nuestros productos”.

“Tenemos que crecer y desarrollar el interior del país federal de manera inclusiva a través de una logística competitiva y para eso la hidrovía es la mejor herramienta. No dudemos en defender una hidrovía con concesión privada y con control estatal, como viene siendo hasta ahora”, concluyó Gustavo Idígoras.

4-Inseguridad rural

El robo a mano armada a los productores, la rotura de silobolsas, el abigeato y la usurpación de campos no es algo nuevo, ni tampoco exclusivo de este Gobierno, pero en los últimos tiempos han venido cobrando más fuerza, cuestión que pone en guardia al sector. A esto se suma la incomprensible actitud de un legislador nacional alentando a ocupar campos.

En los últimos días se conocieron usurpaciones de campos en la localidad santafesina de Reconquista, como nuevos robos en campos y destrozo de silobolsas en Buchardo, sur de la provincia de Córdoba. En ese sentido, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, indicó que “a la situación complicada actual, tenemos que padecer la inseguridad, tanto jurídica con la propiedad privada, con la incitación a tomas de campos. En el tema de abigeato, destrucción de silobolsas y demás, son situaciones que siguen ocurriendo y no se esclarecen”.

“No hay una condena por parte del gobierno de esta problemática”, agregó el dirigente rural y comentó que “en el momento en que a mí me incendiaron el campo (mediados del año pasado) le reclamaba al ministro (de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis) Basterra y a su par de Seguridad que salieran con proclamas claras condenando este tipo de acciones y comentaran la importancia del sector agropecuario, como una manera de buscar empatizar a través del mensaje, pero nada de eso ocurrió. Al contrario”.

5-Presión tributaria y desdoblamiento cambiario

De todos los problemas que tiene el agro, este puede ser el de más difícil resolución, sobre todo si se toma en cuenta la endeble macroeconomía argentina y las cuentas fiscales. Pero el principal inconveniente no tiene que ver con las retenciones solamente, sino, lo que produce más daño en el negocio, es el desdoblamiento cambiario, que en conjunto con el anterior, se vuelve una verdadera pérdida de ingresos.

El analista de mercados, Carlos Etchepare, hace un seguimiento sobre este “desacople” y explica cómo afecta la conjunción de estos dos aspectos distorsivos en la economía del productor. Por ejemplo, se debe partir de la retención del 33% que se le cobra al productor de soja por su mercadería que se paga en pesos. Hoy una tonelada vale 30.000 pesos, que es el equivalente en dólares al precio oficial menos derecho de exportación.

El problema radica en que si quiere volver a convertir esos pesos en dólares equivalentes, “tiene que acudir al contado con liqui o al dólar MEP, que está en $160, por lo tanto esa soja vale USD 180 la tonelada. Si se le quita el derecho de exportación y se le quita el diferencial cambiario, en el caso de la soja, el productor cobra el 35% del precio internacional”, explicó Etchepare.

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