Por la pandemia, el ministro Martín Guzmán propuso un tributo global de hasta el 25% para las empresas multinacionales

El Gobierno planteará ante la OCDE y el G20 que el nuevo impuesto global que debaten los países desarrollados para cobrarles a las empresas multinacionales “es muy bajo” y que la tasa de 15% que forma parte de la discusión debería ser ampliada hasta 21% o hasta 25% para que la recaudación extra sea considerable para las economías de ingreso medio como la Argentina.

El ministro de Economía Martín Guzmán participó este lunes en un seminario organizado por el G24, un foro de naciones emergentes del que forman parte países como China, Brasil, Colombia, México, India, Sudáfrica y Nigeria, entre otros, y la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict). El evento tuvo como marco el debate por el nuevo impuesto global en el que avanzó recientemente el G7.

Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, alcanzaron a principios de junio un acuerdo preliminar para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones. Un cambio de esta naturaleza podría implicar ingresos fiscales extra por USD 150.000 millones para países de todo el mundo.

El eje de la discusión es cómo cobrar impuestos a empresas multinacionales que ofrecen sus servicios en distintos países del mundo sin tener domicilio fiscal en esas naciones, como Google o Facebook. La Argentina participa por dos vías en esta discusión global: a través de las comisiones creadas por la OCDE y como miembro del G20. El primer grupo tendrá una sesión en los últimos días des esta semana, mientras que el foro de los países desarrollados se reunirá la semana que viene en Venecia, Italia, para continuar las conversaciones.

“Es un buen momento para este debate”, dijo Guzmán en la conferencia virtual. El ministro de Economía consideró que la tasa que surgió como primer acuerdo en el G7 “es muy baja”. Para el funcionario, la discusión de los países desarrollados “se queda corta con lo que el mundo necesita para resolver sus problemas de deterioro de las condiciones de desarrollo humano y ambientales”, dijo.

En ese sentido, Guzmán dijo que “con un impuesto a las corporaciones internacionales es un deber, es uno de los aspectos más tóxicos de la globalización. Tenemos un largo camino para establecer las reglas necesarias para los desafíos que enfrentamos. La posición de Argentina en el G20 va a ser que vemos problemas”, en algunos de los aspectos acordados en las últimas semanas por el G7.

Al respecto, mencionó que “primero, el 15% de alícuota es muy bajo”. “Hay un riesgo de que la tasa mínima sea en realidad la tasa máxima, o la tasa máxima que sea factible. En segundo lugar, una distribución de beneficios del impuesto. Estamos afrontando un crecimiento de la desigualdad por la forma en que los beneficios se están distribuyendo. Planteamos una aproximación en base a principios y acorde a ciertas variables”, dijo Guzmán.

Y dijo que la alícuota “tiene que ser más alta, de no menos de 21% y sería mejor un 25 por ciento. Esperamos mantener este debate porque es el momento indicado. Estamos en el medio de una pandemia y hay cambios importantes que podrían suceder pronto”, mencionó el funcionario.

“El diablo está en los detalles”, continuó el ministro de Economía. “Hay un riesgo sustancial de que los países en desarrollo no obtengan nada en términos de ingresos fiscales extra. Esto requiere de compromiso político para pelear contra los lobbies como en cada ocasión en que se intenta una reforma grande. El trabajo necesita hacerse más rápido con principios más fuertes para conseguir algo mejor que el 15%” de impuesto, agregó.

Según estimaciones que hizo durante la conferencia Jayati Ghosh, economista india y presidenta del Centro de Estudios y Planificación Económicos de la Universidad Jawaharlal Nehru (Nueva Delhi), una tasa del 15% representaría ingresos fiscales extra de 900 millones de dólares para una economía como Brasil, mientras que al subir esa alícuota al 21% podría extenderse a 3.400 millones de dólares.

“Vemos problemas en el funcionamiento global de las reglas de la economía internacional. Estos problemas llevaron al crecimiento de la inequidad, problemas para encontrar resoluciones de crisis de deuda, un sistema de patentes y derechos de propiedad intelectual que no está funcionando bien para aprovechar el uso de adelantos tecnológicos, y problemas de sostenibilidad ambiental”, agregó Guzmán.

“Necesitamos pasar a tener reglas que resuelvan esas asimetrías. Hay dos maneras: una es con mayores ingresos por impuestos y por otro lado mejores condiciones de crédito”, concluyó. “Seguramente veamos avances en ambos frentes (en la reunión del G20). Hay conocimiento suficiente para tener un debate apropiado”, cerró el ministro de Economía.

El debate sobre el cobro de impuesto para gigantes tecnológicos tiene lugar entre las principales economías desde hace años. El punto central que buscan resolver es cómo implementar un sistema de tributación que los incluya para evitar lo que esa entidad llama “traslado de beneficios”, es decir, que esas compañías no sean gravadas por sus ganancias en la mayoría de los países en que operan.

El auge de las compañías tecnológicas que ofrecen servicios en todo el mundo disparó entre los países integrantes de la OCDE en los últimos años la pregunta sobre cómo asegurarse de que esas corporaciones sean gravadas por las ganancias que reciben en todos los países en los que operan, independientemente del lugar en el que están radicados.

El criterio básico que aplican los países desde hace décadas para cobrar impuestos es tomar en consideración el lugar de radicación de la empresa, pero las big tech desafían esa lógica: pueden generar ganancias sin necesidad de tener presencia física en determinado país. La preocupación de los gobiernos fue que esa situación les permita a las empresas hacer planificaciones fiscales para pagar impuestos en países de baja tributación o paraísos fiscales mientras obtiene renta en naciones con altos impuestos.

En términos generales la Argentina postula que las grandes empresas digitales deberían pagar un impuesto por la renta obtenida en el país. “Con estas nuevas reglas de juego ya no podrá ninguna empresa evitar tributar por este tipo de transacciones, dado que forma parte de este consenso global el establecimiento de una tasa mínima efectiva que todos los países estarán obligados a aplicar”, comentaron fuentes de Gobierno que pidieron no ser identificadas.

“Argentina se vería beneficiada, no sólo por formar parte de una estructura global que va a continuar expandiéndose, sino además por el cambio en las reglas de juego internacionales sobre el tema. Somos un país que tiene significativos niveles de consumo de servicios digitales, pero como los grandes jugadores del mercado no tienen presencia física en nuestro país, esos ingresos generados contribuyen muy poco a la recaudación impositiva nacional”, añadieron desde la Casa Rosada ante la consulta de Infobae.

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