La provincia de Chaco anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con acreedores privados para refinanciar bonos por 250 millones de dólares. Según cálculos oficiales, el acuerdo, que obtuvo una exitosa adhesión del 93,34% de los acreedores, permitiría estirar los vencimientos de su deuda hasta 2028 y bajar fuertemente la tasa de interés, con un ahorro estimado en USD 212 millones hasta 2024.
De este modo, solo quedan en default las provincias de Buenos Aires y La Rioja. El gobernador Jorge Capitanich -junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y al ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons-, anunció el acuerdo, que definió como “un proceso de reestructuración que nos generará un ahorro muy importante y un horizonte previsible para invertir más en la reactivación económica de nuestra provincia”.
Se trata de un proceso de reestructuración que nos generará un ahorro muy importante y un horizonte previsible (Jorge Capitanich)
“Cuando asumimos la reestructuración de esta deuda primero buscamos extender los plazos de vencimiento y lo logramos –del 2024 al 2028-, como también hemos logrado reducir deuda de 9,375% a 6,25% y generar un ahorro en flujos de servicios de capital e intereses de deuda; por eso debemos aplaudir esta negociación que representa un gran logro”, dijo Capitanich.
El mandatario provincial destacó en primer lugar el gran consenso alcanzado con los acreedores, lo que permite generar un horizonte previsible para Chaco y enfatizó como uno de los logros más significativos del acuerdo alcanzado, el ahorro de USD 212 millones entre 2021 y 2024, lo que equivale a 21.200 millones de pesos.
La propuesta, remitida el pasado 5 de junio a la Bolsa de Buenos Aires, implicó modificar los términos de una serie de títulos con vencimiento en 2024 y una tasa de interés anual del 9,375 por ciento.
Con la adhesión del 93,34% de los acreedores, la administración provincial superó la barrera legal de 75% necesaria para poder avanzar en el proceso de reestructuración
Entre otros cambios, se propuso extender el vencimiento de los bonos a febrero de 2028 y bajar las tasas de interés, que serían inicialmente del 3,5% anual para incrementarse progresivamente, hasta el 8,25% anual desde 2024.
Chaco necesitaba un nivel mínimo de adhesión del 75% para concretar la reestructuración propuesta. La provincia lanzó su oferta -asesorada por la firma Rothschild a través de Eric Lalo, jefe de Asesoramiento Soberano en París y Alejandro Pitashny, socio de los Rothschild en Argentina- luego de que en abril pasado llegara a un principio de acuerdo con un grupo de acreedores que poseen en sus carteras el 50% de los bonos a reestructurar.
El Ejecutivo provincial había adelantado que, de concretarse la reestructuración, la provincia tendría un “alivio financiero significativo, en la forma de reducción de cupones y reperfilamiento de plazos”.
Chaco es una de las doce provincias que planteó el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera, tal como lo hizo el propio Gobierno nacional, en un contexto de recesión económica agudizada por la pandemia de la COVID-19.
Diez provincias argentinas ya lograron concretar reestructuraciones de títulos públicos por un total de USD 5.000 millones: faltan Buenos Aires y La Rioja
El mayor de estos procesos aún pendiente es el de la provincia de Buenos Aires, que en abril de 2020 lanzó una oferta para canjear bonos de ley extranjera por USD 7.148 millones y aún no ha llegado a un acuerdo con sus acreedores.
Luego de que este mes la provincia de Buenos Aires volviera a extender el plazo de adhesión a su propuesta, uno de los grupos de acreedores de mayor peso, el Grupo Ad Hoc de Bonistas de Buenos Aires, dijo que el Ejecutivo bonaerense había rechazado una contraoferta elevada por el comité el pasado 4 de junio.
El comité afirmó en un comunicado que la propuesta que hizo a Buenos Aires fue la “más generosa presentada por los acreedores de cualquier provincia argentina en el ciclo de reestructuración actual”.
Lamentó además que su oferta fuera rechazada en “el contexto de una rápida recuperación de la actividad económica y de los ingresos fiscales en Argentina, impulsada tanto por la normalización como por la extraordinaria mejora en los precios de las materias primas y los términos del intercambio”.
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