Economía expansiva, pandemia y elecciones: cómo los anuncios recientes por $ 250.000 millones impactan en las previsiones de Guzmán

Aumento del 40% a los empleados del Congreso (y por ende a los diputados y senadores nacionales) y del 42% al trabajo doméstico, guiño a favor de la reapertura y revisión de paritarias “para que los salarios le ganen a la inflación” y de la que el acuerdo del gremio de Camioneros, de 45% de aumento, más del 50% por encima de la pauta de inflación del presupuesto, puede ser un anticipo, precios congelados por 6 meses para 70 productos del programa “Súper Cerca” y una serie de extras y bonos a jubilados y perceptores de planes sociales, seis ampliaciones presupuestarias en lo que va del año.

Tales los anuncios y medidas con las que el Gobierno espera empalmar en la segunda mitad del año, camino de las PASO de septiembre y las elecciones legislativas de noviembre, el fuerte ajuste fiscal que, montado sobre una inflación que en los últimos 12 meses rozó el 50% y cuya tasa anualizada de los primeros cinco meses superó el 60%, realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“La consolidación fiscal fue más rápida de lo que percibía el mercado; el déficit fiscal acumulado a mayo fue de 0,3% del PBI, contra 2,6% del mismo período de 2020. Aún acelerando el gasto al final del año el déficit fiscal puede dar entre 2,5 y 3% del PBI (por debajo del 4,2% proyectado en el presupuesto), contra el 6,4% de déficit del año pasado”, dijo a Infobae Marina dal Poggetto.

Sucede, explicó la directora de Eco Go, que los anuncios del gobierno se hacen sobre una inflación que rueda al 50% anual. Algo parecido, agregó, pasa con los aumentos salariales: tal vez en los 3 ó 4 meses previos a las elecciones los salarios le ganen a la inflación, pero en la comparación anual igualmente pierdan, porque se trata de aumentos en tramos que se estiran hasta bien entrado el 2022.

Gastos rígidos y gastos flexibles

Eco Go hizo un punteo de las medidas fiscales anunciadas en las últimas semanas por el gobierno desde el momento en que volvió a restringir movilidad y actividades para contener la pandemia y a medida que se acerca el tiempo electoral y llegó a una cifra de $ 248.718 millones, de los cuales el 74% son gastos extraordinario “rígido” y solo el 26% de naturaleza “flexible”.

Esas medidas no llegan a anular el fuerte ajuste de los primeros 5 meses del año, pero a diferencia de 2020, cuando el “gasto Covid” fue de $ 900.000 millones casi enteramente de tipo “transitorio”, los anuncios recientes dejan arrastre permanente y complicarán el panorama fiscal post-electoral, dijo Dal Poggetto.

Escenarios

Un reciente estudio de Marcelo Capello, Agustín Cugno y Laura Caullo, de la Fundación Mediterráneo, sobre la “segunda ola” de Covid y los anuncios con costo fiscal destacó en cambio el riesgo que significan en términos de una escalada de pasivos del Banco Central.

El trabajo asumió dos escenario, uno “de Base”, sin nuevos períodos de confinamiento, y otro “pesimista”, con un total de 30 días de encierro, seguidos o alternados, en que se ralentiza la actividad económica y se implementan nuevos programas de gasto a causa de la pandemia.

“En el año 2020 los gastos asociados a la pandemia representaron 3,4% del PBI. Más de la mitad respondieron a IFE y ATP, programas que aún no fueron anunciados para hacer frente al nuevo confinamiento de 2021”, dice el informe, que precisa que según los anuncios recientes, en 2021 el “gasto Covid” vigente representaría menos de la mitad de aquel porcentaje: 1,54% del PBI.

“La apuesta parece estar vinculada a políticas alimentarias, pues se ha incluido un significativo refuerzo a la tarjeta Alimentar, con un gasto anual estimado de $191 mil millones (0,47% del PBI). En particular, se amplió la cobertura del programa, llegando a hogares con niños vulnerables de hasta 14 años (antes hasta 6 años) y se incrementaron los montos del beneficio ($6.000 a hogares con un niño, $9.000 con 2 hijos y $12.000 con 3 o más niños). Además, se anunció un desembolso anual estimado en $167 mil millones para el programa Potenciar Trabajo, que alcanza a 920.000 trabajadores. Este programa reúne a los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, buscando convertir planes sociales en políticas de empleabilidad y propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias”, escribieron los autores.

Sumas y restas

Hechas las sumas y restas correspondientes, por el efecto de la inflación sobre la recaudación y los ingresos extraordinarios que aportaron la soja y el impuesto a la riqueza, el trabajo estimó en 4,3% del PBI el déficit fiscal del escenario “Base” y en 5,2% el del “Pesimista”, contra el 6,5% del año pasado.

Pero si la escalada de contagios y la ocupación de unidades de terapia intensiva continua en ascenso, es probable que debamos enfrentar nuevas instancias de confinamiento para intentar mitigar el avance del virus, lo cual impactará también en la actividad económica, la situación social y en las cuentas fiscales. A continuación, se hace referencia a un escenario pesimista de confinamiento extra, en el cual se otorga una ronda de IFE de $15.000 a 8.8 millones de beneficiarios, una ronda de ATP por $35.000 a 2 millones de trabajadores y un bono de $15.000 a todos los beneficiarios de AUH. Hasta el momento esta última medida sólo fue otorgada a los beneficiarios del AMBA. El costo fiscal de esa ampliación en el paquete de medidas llegaría a 2,1% del PBI, más que el 1,54% del cálculo “base”, pero todavía 1,3 puntos porcentuales debajo del 3,4% erogado en 2020.

“Si se compara el primer cuatrimestre de 2021 versus ídem de 2020, se deduce que el déficit primario del SPN cayó en$ 485.000 millones en términos reales”, precisó Capello a Infobae. Lo notable de ese ajuste, es que “la variable fiscal que más explica la reducción del déficit es la disminución de las erogaciones en prestaciones sociales (jubilaciones y planes sociales), en valores reales, que explica 25% de la mencionada mejora en el resultado fiscal, seguida por la mayor recaudación por retencione (otro 21%), las menores menores transferencias corrientes a provincias (otro 12%), ya que el año pasado la Nación había compensado con mayores envíos discrecionales la caída en la coparticipación y de los recursos propios de las provincias, en el contexto de la pandemia.

Otro aspecto notable Capello es la reducción en la coparticipación porteña: la Nación se quedó con cerca de $ 30.000 millones extras por esa vía, de las que envió $ 15.000 a la provincia de Buenos Aires para su “Fondo de Fortalecimiento Fiscal” y “devolvió” $ 9.000 millones a CABA por la descentralización de los servicios de la policía federal, con lo cual la mejor fiscal neta para la administración central fue de $ 6.000 millones.

A su vez, hubo factores que jugaron en contra de las previsiones iniciales de Guzmán, como una mayor inversión pública directa ($55.000 millones extra), mayores transferencias directas para inversiones provinciales ($ 25.000 millones) y $ 22.000 millones de gasto extra en subsidios económicos por el cuasi congelamiento de tarifas. “En los tres casos son erogaciones extras, en valores reales, con alguna motivación electoral”, dijo Capello.

Cronograma político-económico-electoral

Lo más impactante de todos esos movimientos es el efecto monetario, a niveles “muy preocupantes”, por encima de 2017, que fue el peor momento anterior, dice el trabajo del Ieral, que incluyó en su análisis un “cronograma” de fechas clave para la política económica en un año electoral, desde el “acuerdo ideal” que no fue con el FMI a principios de año, pasando por la expiración del plazo de pago al Club de París (31 de julio) y los vencimientos con el Fondo, ventanas favorables como el período de mayor liquidación de exportaciones del agro y el ingreso de los fondos que recibirá la Argentina por la emisión de “Derechos Especiales de Giro” (DEGs), la “moneda” del Fondo. Balconeando todo el año como gran condicionante político y económico, la campaña de vacunación. Y finalmente, las elecciones, el gran objeto de deseo de oficialismo y oposición.

Asumiendo los escenarios fiscales y financieros enunciados, y que en el período mayo a diciembre de 2021 el BCRA compra alrededor de U$S 7.700 millones de dólares en el mercado cambiario, pero se fija como objetivo que la base monetaria neta crezca solo 40% en 2021, entonces el Central deberá retirar, a través de LELIQs y pases pasivos, entre $1.175.000 y $1.970.000 millones, en los escenarios de “Base” y “Pesimista”.

Esa deuda devenga intereses y aun suponiendo una tasa constante, el stock de pasivos remunerados del BCRA se incrementará hasta alcanzar niveles de entre 12,5% y15,3% del PIB, cuando el máximo anterior se visualizó en 2017, con 11,4% del PIB, estimó el trabajo del Ieral. “Claramente se trataría de una situación que requeriría de fuertes ajustes en el tiempo. Si, en cambio, el BCRA se pone como objetivo una expansión de la base monetaria neta superior al 40% en 2021, por ejemplo, del 60%, el stock de pasivos monetarios remunerados se ubicaría a fin de año entre 11% y 13,7% del PIB, niveles menores a los antes indicados, pero aun similares o superiores al máximo de 2017, con el riesgo que suban adicionalmente las cotizaciones alternativas del dólar y la inflación siga ubicada en niveles muy preocupantes el resto del año”.

Semejante dinámica llevaría, en un extremo, a que la deuda del BCRA supere el 142% del PBI, un nivel realmente peligros para el tipo de cambio y las expectativas inflacionarias. En cualquier caso, queda claro que la política monetaria se podría complicar en la segunda mitad de 2021 si el gasto se expande adicionalmente y se dificulta la renovación de los vencimientos en pesos, aunque lo más probable es que las correcciones ocurran hacia el final del presente año, o el entrante”, dice el trabajo.

El propio Banco Central reconoce esos riesgos. El último “Informe de Estabilidad Financiera” de la entidad, de reciente publicación, si bien celebra la menor volatilidad cambiaria de los últimos meses (que se agitó los últimos días), la acumulación de reservas y “la progresiva reconstrucción de los mercados de deuda doméstica” y un aumento del financiamiento al sector privado, dice que “la situación sigue siendo desafiante, de cara a la presencia de diversos riesgos potenciales a corto plazo”, aunque por otra parte busca achicar el pánico destacando la alta liquidez y provisionamiento del sistema bancario.

Desde la consultora Gabriel Rubintein & Asociados, Pablo Repetto señaló a Infobae que “siempre tuvimos presente que el gasto anual iba a ser del orden de lo presupuestado, lo que implica un déficit de 4,2/4,5%, más allá de las mejoras que hayan tenido los ingresos fiscales (aumento de la soja, impuesto a la riqueza). “Las medidas que han ido tomando las teníamos previstas de una u otra manera en el nivel de gasto anual y no nos cambia el análisis del panorama global”, agregó.

Por último, en el último informe económico mensual del IAE Business School de la Universidad Austral, el economista Martín Calveira apuntó que si bien la gestión fiscal fue favorable hasta mayo, presenta “un escenario incierto, marcado por el año electoral.

En ese contexto, destacó, el BCRA sostiene una política monetaria más prudente, pero “sin los resultados esperados en materia inflacionaria: si bien la expansión monetaria se mantuvo estable, el ritmo de la inflación no disminuye”.

En los próximos meses, concluyó Calveira,”la necesidad de una mayor apertura económica y el consecuente impulso fiscal representarán un mayor desafío inflacionario. Ante el apremio por reactivar la economía, se espera un nuevo impulso monetario que matizará el esfuerzo antiinflacionario”

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