Aun cuando en los primeros meses del año el ministro de Economía, Martín Guzmán, logró una inédita reducción del déficit fiscal, existe una cuenta que se salió completamente de sus previsiones y no para de crecer: la de los subsidios energéticos.
El gasto en este rubro, incluso sin haber entrado en la fase más fría del año que se empezó a sentir en estos días, se acelera. En virtud del congelamiento de tarifas, el Gobierno destinó en el último año más de USD 7.000 millones. Ese es el cálculo actualizado que hacen en el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), donde hace un mes, la cifra para el acumulado de doce meses era al menos USD 300 millones menor.
“Son 12 meses acumulados que van creciendo. En este caso, el período va de julio del año pasado a junio. En relación al mismo período del año pasado crecieron 37%. Esa tasa naturalmente va bajando porque se deja atrás el salto de los meses de pandemia. Sin embargo, la tendencia del acumulado es claramente creciente”, sostuvo Julian Rojo, economista del IAE. El experto agregó que esta tendencia al alza se sostendrá hacia fin de año ya que aún no se contempla el mayor gasto del invierno por los picos de demanda. Al mismo tiempo, aumentan las importaciones de Gas Natural Licuado a mayores precios y también más combustibles líquidos. “El gasto en subsidios se acelera tanto por el efecto cantidades como por el efecto precios”, explicó Rojo.
“Tanto el subsidio a zonas frías, con efecto fiscal a través del gas a usinas eléctricas, como los mayores requerimientos de GNL aumentan la cuenta. De todos modos, lo fundamental es el congelamiento tarifario de 2 años con costos creciendo al 50% anual” (Julián Rojo)
Esa dinámica, previsible, fue el punto de la fuerte disputa política que enfrentó a Guzmán con los sectores más duros del kirchnerismo, que instaron a un aumento de tarifas mucho menor al previsto y por única vez en el año. Así lo confirmó el miércoles su secretario de Energía, Darío Martínez, quien admitió que no habrá nuevos incrementos durante este año como pretendía su jefe hasta hace sólo un mes y medio.
“El Gobierno decidió, entre otras medidas para proteger o amortiguar los efectos económicos de la pandemia, tratar de no sumar mayores problemas a las familias con aumentos tarifarios este año. Está claro que la idea del Gobierno es alinear las tarifas con la evolución de los ingresos”, afirmó el funcionario y agregó que “en este semestre estamos trabajando para perfeccionar el sistema de bases de datos para que, tomada la decisión política, tengamos la mejor herramienta posible para asignar subsidios de la manera más eficiente”.
Mientras lo que señala Martínez ocurre, el cálculo del Instituto General Mosconi indica que el gasto total en subsidios para 2021 ascendería a una cifra cercana a los USD 10.000 millones aunque todos los días se suman nuevas presiones que podría acrecentar este monto. Por caso, el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados por el cual se amplía de 850.000 a más de 3.000.000 millones de usuarios el subsidio al costo del gas en zonas frías, cuyo costo fiscal aún no está claro pero se estima en al menos unos $3.000 millones. También surgió, en las últimas horas, un proyecto espejo para reducir las tarifas de electricidad en las zonas cálidas del país.
“No es determinante pero tanto el subsidio a zonas frías, con efecto fiscal a través del gas a usinas eléctricas, como los mayores requerimientos de GNL aumentan la cuenta. De todos modos, lo fundamental es el congelamiento tarifario de 2 años con costos creciendo al 50% anual”, opinó Rojo, cuya entidad en que trabaja presentó el mes pasado un documento titulado “Subsidios y tarifas energéticas: en camino a una nueva crisis”. En el informe, junto con su colega Alejandro Eintoss, se proyecta una participación de los subsidios a la energía de 2,4% en el PBI, relación alejada de aquella ecuación que Guzmán pretendía mantener constante y que se ubicó, el año pasado, en 1,7% del PBI.
Según el texto, no sólo el “affaire” de las tarifas puso de manifiesto que el problema de aumentarlas en un contexto de alta inflación no encuentra solución sino que un plan de segmentación de tarifas tampoco sería un camino legalmente viable por lo que se propone la ampliación de la tarifa social y el reemplazo de subsidios generalizados por “focalizados”.
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