Las empresas de medicina prepaga concretaron hoy su presentación judicial orientada a que el Gobierno autorice aumentos a las cuotas que cobran a sus beneficiarios que están frenadas por la intervención oficial. En el texto, que está firmado por una quincena de empresas del sector, se solicita una cautelar que autorice un aumento del 9,77% al valor actual de las cuotas y que ponga límites constitucionales al Gobierno.
El sector está en alerta ante dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner referidos a una “unificación” del sistema de salud que fue leído en términos de estatización por el sector privado.
La demanda cayó en el juzgado número 7, subrogado por el juez Pablo Cayssials, según indicaron a Infobae fuentes con acceso a la causa. Allí se solicita que se dicte “una medida cautelar autónoma, consistente en que se autorice un aumento del 9,77% sobre el valor actual de las cuotas” de las empresas de medicina prepaga.
“Suplicamos que el poder judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al poder ejecutivo”
Según se explicó, el aumento exigido resulta de sumar un 3,59% que es la diferencia entre lo autorizado por las sucesivas resoluciones (que totaliza 25,52%) y el 30% reconocido en el informe técnico de octubre de 2020 elaborado por los cuadros técnicos de la Superintendencia de Seguros de Salud; y un 6,18% que es el mayor costo resultante de la negociación paritaria (cláusula de revisión).
De manera muy gráfica, y quizás apelando a la ironía, la cautelar comienza citando una frase de abril pasado de la ministra de Salud, Carla Vizzotti: “Resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a dotar en forma inmediata, sin dilación alguna, de recursos genuinos al sistema, que permitan obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria y en especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual”.
Firman Swiss Medical, Omint, Osde, Galeno, Apres, Medicina Esencial, Medicus, Medife, Círculo Médico Lomas de Zamora, Hospital Italiano, Instituto Médico Asistencial, Cemic, ACA Salud y Mutual Federada 25 de Junio, todas integrantes de la Unión Argentina de Salud (UAS).
El texto legal repasa antecedentes y fundamentos del reclamo, componentes de gastos y, en lo que definen como “reflexión final”, aseguran que el sistema privado está “en llamas”.
“No existen pruritos formales o cuestiones especulativas que puedan demorar, dilatar o posponer soluciones. El sistema de salud está en llamas y requiere de soluciones inmediatas que no solo cumplan con la ley positiva, sino que produzcan respuestas humanas, compatibles, aptas para que todos los que estamos convocados a la crisis, cuanto menos dispongamos del consuelo de haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y más también. Debemos contribuir con nuestras conductas a que se mueran menos personas, a evitar que familias completas queden diezmadas y niños expuestos a adversidades que no son propias de la vida, sino que se ven determinadas por luchas políticas intestinas, revanchismos, cuanto no corrupción o cálculo electoral”, argumentaron las empresas ante el juzgado.
“Suplicamos que el poder judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al poder ejecutivo, que evite formalismos, que abrace una causa justa, necesaria y humana”, concluyeron.
“El sistema de salud está en llamas y requiere de soluciones inmediatas que no solo cumplan con la ley positiva, sino que produzcan respuestas humanas”
También se mencionan decisiones políticas, discrecionales y arbitrarias “que pasan por alto los fundamentos técnicos y desconocen o peor aún se independizan irresponsablemente del sistema de salud y con ello del bien común”.
“Estamos frente a una realidad que superó la emergencia, es catastrófica, se muere gente en los pasillos de los centros asistenciales, se estructuran protocolos para la ‘última cama’, se elige quién es asistido primero y a cuál se lo deja a su suerte... Estamos hablando de un bien jurídico, pero en esta extrema situación tenemos tanto los prestadores de salud, como los prestadores de justicia una obligación ineludible, salvar vidas”, graficaron en el texto presentaron en tribunales
“Dicho aumento se solicita sea autorizado (i) de manera interina; (ii) mientras dure el proceso administrativo y/o judicial; (iii) con carácter provisional; y (iv) a cuenta del futuro aumento que corresponderá otorgar conforme lo que resulte de la resolución del reclamo impropio interpuesto y el aumento adicional solicitado”, afirma la presentación.
También asegura: “Nuestro pedido pudo haber sido más ambicioso, pero lo hemos limitado para que su viabilidad o procedencia resulten indiscutibles. Basta con leer el informe técnico y los considerandos de la resolución 987/21, cotejarlos con el art. 17 de la ley 26.682 y observar cuál ha sido la conducta de la Administración, para advertir que aquí hay una verosimilitud calificada del derecho invocado -cuasi certeza-, como una indiscutible urgencia o peligro en la demora”.
El escrito repasa las diferentes presentaciones hechas ante el Ministerio de Salud ante “la gravísima situación económica y financiera por la que atraviesan” las empresas de medicina prepaga. En ese contexto, las empresas hicieron hincapié en el “tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio”, que “los aumentos autorizados eran incluso inferiores a los aconsejados en un informe técnico producido por la propia autoridad de aplicación que demostraba ese desfasaje” y que “ese atraso de las cuotas ponía en peligro para el sistema de salud (las propias consideraciones de las resoluciones reconocían esta situación, aludiendo incluso en que corría riesgo la cadena de pagos”.
Subrayaron también que “esta situación era particularmente grave en el contexto de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del covid-19” y que se venían afectados no solo las empresas sino también afiliados, trabajadores y prestadores.
“Estamos frente a una realidad que superó la emergencia, es catastrófica, se muere gente en los pasillos de los centros asistenciales, se estructuran protocolos para la ‘última cama’, se elige quién es asistido primero y a cuál se lo deja a su suerte”
En ese contexto, las empresas afirmaron que los aumentos autorizados hasta ahora:
- a) han sido todos insuficientes (incluso sumándolos a todos);
- b) no llegan al piso mínimo fijado en el informe técnico;
- c) es decir: ni siquiera llegan a cubrir la “foto congelada” de costos reconocidos por la propia autoridad de aplicación en octubre de 2020;
- d) mucho menos tienen en cuenta algunos errores u omisiones del informe técnico (esos errores u omisiones, de no haberse cometido, habrían determinado un porcentaje superior al 30% a octubre de 2020);
- e) no tienen en cuenta el contexto inflacionario posterior a octubre de 2020;
- f) no tienen en cuenta la agudización de la emergencia sanitaria producida por la segunda ola;
- g) no tienen en cuenta las paritarias laborales”.
“La paritaria salarial acentúa el atraso de las cuotas y agrava la situación financiera de las empresas. Estamos ante un nuevo costo que debe ser afrontado con cuotas que ni siquiera resultaban suficientes para cubrir los costos anteriores, en una situación de desfinanciamiento, en medio de una segunda ola de una pandemia sin precedentes”, se agregó.
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