El Gobierno Nacional promulgó este miércoles la ley que establece las nuevas escalas de Ganancias para las empresas. La norma fija una alícuota de 25% a partir de los 5 millones de pesos.
El Decreto 387/2021 que promulga la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 27.630, fue publicado hoy en el Boletín Oficial y cuenta con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Economía Martín Guzmán.
Según el Gobierno, la iniciativa apunta a aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.
Establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas. El segundo escalón es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, donde las empresas pagarán $1.250.000 más el 30% sobre el excedente de $5 millones. El último segmento es para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones, donde se pagará $ 14.750.000 más el 35% sobre el excedente de $50 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.
“Esta progresividad del impuesto en el proyecto de ley está destinada a ayudar a las pequeñas y medianas empresas que hacen un esfuerzo en condiciones desfavorables y que no nos tan sujetas a crédito”, manifestó al momento del tratamiento en el recinto el senador oficialista y miembro informante del proyecto, Carlos Caserio. En aquella oportunidad se hizo presente en la Cámara de Senadores el ministro Martín Guzmán, quien siguió el debate que culminó con la aprobación de la ley que obtuvo 36 votos a favor y 26 en contra.
La norma fue duramente criticada por el sector empresarial que, según su visión, considera que ninguna empresa, ni siquiera la micropyme, pagará menos impuesto a las Ganancias que lo que estaría pagando hoy, si rigiera la Reforma Tributaria sancionada en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, que establecía un cronograma de reducción de rebaja gradual de la alícuota del tributo.
El proyecto de ley fue enviado al Congreso a principios de abril. En esa oportunidad, el Ministerio de Economía anunció que se habían realizado “enmiendas para robustecer el carácter progresivo” del impuesto y que la iniciativa implicaba una una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría mipymes, al mismo tiempo que fortalecía la sostenibilidad fiscal. “A partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual”, dijo el Gobierno en ese momento. Pero la realidad es que ninguna empresa pagará menos Ganancias; las que tienen ganancias de hasta $5 millones pagarán, en todo caso, lo mismo que estaba previsto (25%).
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron en su momento que la nueva ley genera una presión tributaria adicional de $320.821 millones, de los cuales $96.246 millones provienen de la industria. Las empresas del sector industrial que verán incrementada la alícuota al 35% representan unas 7.000 (son las que emplean a más de 75 personas) y representan el 76% del empleo formal y 80% de la recaudación del impuesto.
Otro de los puntos que resaltaba la central fabril en el informe presentado oportunamente a diputados y senadores es que la Argentina tiene una presión tributaria elevada, que supera el 40% sobre el sector formal, y una alícuota a la reinversión de utilidades alta, de 30% versus 25% de Latinoamérica y 23% de los países miembros de la OCDE. Además, “el financiamiento al sector privado es el más bajo de la región (10,8% sobre el PIB vs 55,7% de promedio en América latina), por lo que las ganancias no distribuidas son una de las fuentes principales de inversión empresarial en Argentina. Por lo tanto, volver a incrementar la alícuota de ganancias es un obstáculo para el desarrollo de la inversión, de la actividad y del empleo formal”, remarcó la UIA.
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) también elevó el reclamo a los legisladores en su momento para lograr atenuar los impactos de la reforma: “Consideramos imprescindible atacar las causas profundas de la caída de la recaudación y la informalidad, mediante una política que permita ampliar la base imponible con una presión fiscal que se reduzca y permitir el mantenimiento de los ingresos fiscales totales y mejorando el nivel de empleo formal, aspectos que, por su magnitud, no admiten demora.
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