Dura evaluación internacional sobre la calidad de gestión del “gasto COVID” del Gobierno argentino

El manejo de los fondos dedicados por el gobierno argentino para atender la emergencia por COVID-19 deja bastante que desear, según un informe internacional publicado en Washington, EEUU, por el “International Budget Partnership”, (IPB, traducible como “Alianza Presupuestaria Internacional”) que examinó de qué modo 120 países del mundo dispusieron y administraron un total de USD 14 billones (millones de millones) de dólares con que respondieron al problema.

Para el caso argentino, la IBP puso el ojo en los programas de Ingreso Federal de Emergencia (IFE) y el de Asistencia al Trabajo y la Producción ATP). El resultado es lapidario. Según el estudio, el gobierno argentino fue parcial en cuanto a la información sobre los planes de asistencia, el nivel de vigilancia sobre el uso de los fondos fue “mínimo”, la transparencia con que se dispusieron fue “mínima” y la rendición de cuentas fue “limitada”.

Algunas conclusiones

Sobre 120 países relevados, el principal hallazgo de nuestra investigación es que los gobiernos no logran gestionar su respuesta de política fiscal a la crisis de manera transparente y responsable. Más de dos tercios de los gobiernos que analizamos, en muchas regiones y niveles de ingresos, solo han presentado niveles limitados o mínimos de rendición de cuentas en la introducción e implementación de sus respuestas tempranas de política fiscal”, dice una de las conclusiones del informe.

Tomando en cuenta la información suministrada, el nivel de vigilancia y la transparencia en el uso de fondos y la calidad de la rendición de cuentas, el informe ubicó a los 120 países relevados en una escala de 5 niveles de calidad de manejo de los fondos COVID: Sustancial, Adecuada, Alguna, Limitada y Mínima.

Ningún país alcanzó la calificación de “sustancial” y solo 4 recibieron la calificación de calidad “adecuada” de gestión: Australia, Filipinas, Noruega y Perú. Otros 29 países, la mayoría de ellos “desarrollados”, fueron ubicados en la categoría intermedia de “alguna” calidad o control. Allí aparecen varios países europeos, EEUU y Japón, pero también países emergentes o de menor desarrollo como Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, Nigeria y Sierra Leona.

En el penúltimo escalón, de calidad “limitada” de gestión y rendición de cuentas aparece la Argentina junto a otros 54 países, entre ellos China y Rusia, una mayoría de ellos naciones subdesarrolladas de África (Angola, Botsuana, Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Uganda), Asia (Afganistán, Armenia, Georgia, Kazakstán) y América Latina (Bolivia, Dominicana, Ecuador, México, Nicaragua) y también algunos países desarrollados, como España y Corea del Sur.

En el último escalón, con calidad “mínima”, aparecen 32 países, desde Albania y Arabia Saudita (un reino estrechísimamente controlado por una dinastía) hasta Venezuela, Yemen y Zimbabwe.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la Argentina recibe la más baja calificación en dos de los cuatro aspectos evaluados: información y vigilancia “mínimas” sobre los planes de asistencia.

Para evaluar el caso argentino, la IBP eligió el IFE y el ATP por ser los dos programas más grandes en términos de su incidencia en el gasto público, al punto que el IFE, precisa, representó tres cuartos del gasto social y el ATP casi dos tercio del gasto de auxilio al sector privado, y en conjunto sumaron 51% de las sumas distribuidas con impacto presupuestario.

Según el reporte, es clave en primer lugar que los gobiernos informen cómo implementan su asistencia ya que no hacerlo “está obstaculizando los esfuerzos para hacer responsables a los gobiernos de la eficacia de su respuesta a la crisis”. Según el informe, cerca de la mitad de los gobiernos encuestados publicaron poca o ninguna información sobre el gasto, el financiamiento y el desempeño reales frente a los previstos, muy pocos aseguraron el acceso a niveles adecuados de información y la transparencia fue “especialmente débil a la hora de informar sobre el impacto de las políticas en las diferentes categorías de beneficiarios”.

Además, casi dos tercios de los 120 países dieron “información muy limitada sobre la introducción y el uso de procedimientos de adquisición simplificados relacionados con la pandemia”, lo que hace difícil evaluar la buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios. Aun peor solo uno de cada cuatro países hicieron y publicaron informes de auditoría oportunos, para verificar realmente cómo se usó el gasto COVID.

Como ejemplos de buenas prácticas, el informe cita los casos de Australia y Bangladesh, que “publicaron informes extensos que detallan la implementación de medidas políticas específicas y su impacto en varios grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres, los ancianos, los niños y las personas que viven en la pobreza. Otro ejemplo fue un sitio Web de “vigilancia de la pandemia” de EEUU, incluida una pestaña de “seguimiento del dinero”, con gran cantidad de información desglosada sobre los programas de respuesta. En tanto , Perú se destacó por un grupo de trabajo conjunto gobierno-sociedad civil, “Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)”, que publicó un informe en el que se analizó el impacto de la respuesta al COVID del gobierno en varios grupos, además de un portal de datos abiertos en el que el Gobierno peruano actualiza permanentemente sobre el avance en la implementación de los programas.

Actualizar, auditar, involucrar al Congreso y “guardar los recibos”

“Dar respuesta de manera abierta y responsable no es solo una manera de que los gobiernos demuestren que se preocupan por la difícil situación de sus ciudadanos, sino también de cosechar algunos de los beneficios de la apertura fiscal, desde reducir los riesgos de corrupción hasta asegurar resultados más equitativos y efectivos”, escribieron los autores del informe. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, agregaron, son clave “para garantizar que los recursos masivos que se están movilizando no se desperdicien”.

El informe hace 5 recomendaciones explícitas al respecto”.

1- Publicar informes de progreso mensuales sobre la implementación de políticas (o actualizar periódicamente la información de implementación en los portales web), incluidos datos y análisis sobre laa ejecución y el desempeño presupuestario, desglosados por impacto en los grupos desfavorecidos, incluidas mujeres y niñas.

2- Revelar todos los detalles relacionados con los contratos de adquisiciones vinculados a los gastos de emergencia, siempre que sea posible en formatos abiertos.

3 - Dotar de recursos a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) para realizar auditorías aceleradas sobre los programas de gastos de emergencia y garantizar que los gobiernos tomen medidas correctivas en respuesta a los hallazgos de las auditorías.

4 - Restaurar el papel de las legislaturas como guardianas del erario público, incluida la aprobación de gastos, la consulta con el público y los grupos de interés, el monitoreo de la implementación de políticas y el seguimiento de los hallazgos de las auditorías.

5- Poner en marcha mecanismos adecuados de participación ciudadana en la formulación, aprobación y ejecución de paquetes adicionales de política fiscal de emergencia. Estos pueden incluir mecanismos utilizados por el ejecutivo, la legislatura y las entidades fiscalizadoras.

Finalmente, el informe recuerda el pedido que el FMI, azuzado por activistas anticorrupción, hizo, en la voz de su directora, Kristalina Georgieva, a sus 198 miembros: “hagan lo que sea necesario, pero guarden los recibos”.

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